Acción Ecológica - Serie "Respuestas a fondo": UNO. Recuperar el rumbo hacia una nueva forma de convivencia con la naturaleza
"En el Ecuador existen permanentemente conflictos socioambientales como respuesta a la imposición de proyectos o programas en zonas frágiles o en donde se vive en relación estrecha con los bosques, los ríos, la biodiversidad. Desconocer las condiciones de vida y las expectativas de las poblaciones donde se imponen estos planes, así como la impunidad con que trabajan las empresas en estos territorios, genera situaciones de tensión y violencia cada vez mayores."
Acción Ecológica opina
Iniciamos una serie de editoriales que a lo largo de este mes irán posicionando temas ambientales que demandan respuestas a fondo.
3 de agosto de 2017
UNO. Recuperar el rumbo hacia una nueva forma de convivencia con la naturaleza
No está demás repetir hasta el cansancio que Ecuador es uno de los países megadiversos en el mundo; que su diversidad de ecosistemas va de la mano con los pueblos y las nacionalidades indígenas, los pueblos afro y montubio que han cuidado y defendido sus territorios; y que somos un país donde la sensibilidad por la naturaleza crece cada vez más entre la población.
Sin embargo, en el Ecuador existen permanentemente conflictos socioambientales como respuesta a la imposición de proyectos o programas en zonas frágiles o en donde se vive en relación estrecha con los bosques, los ríos, la biodiversidad. Desconocer las condiciones de vida y las expectativas de las poblaciones donde se imponen estos planes, así como la impunidad con que trabajan las empresas en estos territorios, genera situaciones de tensión y violencia cada vez mayores.
Los desafíos complejos que enfrenta nuestro país requieren de voces críticas desde las organizaciones de la sociedad civil que aporten con propuestas de soluciones reales, por ejemplo frente a la crisis del cambio climático, la vulneración de los derechos y territorios afectados por el extractivismo, la contaminación acumulada y persistente de las aguas, los suelos y el aire, o los severos impactos ambientales derivados de megaobras de infraestructura -muchas de ellas convertidas en elefantes blancos-.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos, ambientales y de la naturaleza han desarrollado destrezas en documentar los casos e investigar las afectaciones, estableciendo los vínculos entre la contaminación, la salud de los ecosistemas y de las personas.
Con esta base se ha podido relacionar además los efectos culturales y sociales que resultan de los enclaves espaciales constituidos para la explotación de los pueblos y la naturaleza; por ejemplo, los impactos diferenciados en mujeres, en niños y niñas, y en personas mayores. De esta manera, se promueven los derechos humanos desde la visión de interdependencia de los derechos y en apoyo a quienes los defienden.
El trabajo de las organizaciones defensoras de derechos ha sido trascendental para la visibilización de los problemas ambientales hacia la sociedad, pero sus voces fueron declaradas como las mayores enemigas y se impulsó desde el poder corporativo y estatal una práctica sistemática de descalificaciones y censuras que terminó por hastiar a la sociedad. El estilo autoritario y de silenciamiento hizo mucho daño a la sociedad.
En el nuevo escenario político e institucional, una prioridad en materia ambiental es reconocer que “el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los ciudadanos y ciudadanas interesados”. El respeto al disentimiento está en la base de todo sistema que se considere democrático.
La Constitución de Montecristi reconoció los Derechos a la Naturaleza, propuso el Sumak Kawsay como modelo para el país y marcó una ruta de respeto a la naturaleza, los pueblos y sus defensores; pero fue abandonada. Sin embargo, en la actualidad, con un acumulado de impactos ambientales, es un reto para el Ministerio del Ambiente custodiar la prelación de los derechos ambientales por sobre los intereses económicos -casi siempre de corto plazo-, priorizar la defensa de las áreas protegidas, garantizar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas frágiles, desarrollar y utilizar los instrumentos regulatorios, controlar los desechos, ejercer el cumplimiento de varias prohibiciones constitucionales como son: el impedimento a la introducción de residuos nucleares y desechos o materiales tóxicos o los cultivos transgénicos.
Con un Código del Ambiente regresivo en muchos derechos y un Ministerio del Ambiente subordinado al Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, corresponde duplicar los esfuerzos para volver hacia la Constitución y recuperar el rumbo que nos marca hacia una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; una sociedad que respeta en todas sus dimensiones la dignidad de todas las personas y de las colectividades.
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