Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

Ecologistas en Acción, Greenpeace y el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA) cuestionan el intento, tanto del PP como de los dueños de las centrales, de vestir de interés público un mero asunto económico proponiendo una extensión de la vida útil de las centrales nucleares, cargando los costes y los riesgos sobre la ciudadanía.

El Foro Global Nyéléni es la mayor convergencia de movimientos populares que luchan por una transformación sistémica.

"Mientras las delegaciones gubernamentales se aprestan para negociar el texto del Tratado Vinculante en Ginebra en octubre, los movimientos sociales y organizaciones ambientalistas y populares, los Pueblos Indígenas y afectados están movilizados en camino y con antelación a Belém para la COP30 y la Cumbre de los Pueblos. El mensaje es claro: para alcanzar la justicia climática tenemos que acabar con la impunidad empresarial corporativa".

Una sentencia constitucional que respalda a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI), en el Perú, se suma al primer fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra un Estado, el de Ecuador, por vulnerar sus derechos.

Un tribunal de amparo ordenó a la municipalidad de Chinautla atender la grave crisis ambiental que afecta a la comunidad maya poqomam. El fallo sienta un precedente para la protección del derecho a un ambiente sano de las comunidades que habitan en la cuenca del río Motagua, cuya contaminación alcanza al Mar Caribe y amenaza al Arrecife Mesoamericano.

Neste artigo, discutiremos as consequências do racismo ambiental para as comunidades marginalizadas e as medidas necessárias para combater essa forma de injustiça socioambiental.

En la UNOC3 (Niza, 2025), Chile promovió su liderazgo en conservación oceánica, pero integrantes de la Red de Mujeres Originarias por la Defensa del Mar, denunciaron la contradicción: mientras el país busca proteger el 50% de su mar, ataca la Ley 20.249 (ECMPO), que garantiza derechos costeros a pueblos indígenas. Criticaron el extractivismo y exigieron inclusión en políticas oceánicas, destacando su modelo de gobernanza ancestral.

El 20 de junio de 2007 la lucha del pueblo mendocino consiguió la aprobación de la Ley 7722, que defiende los ríos de la provincia de la megaminería metalífera. Pese al lobby minero, a la connivencia del arco político y a sus intentos de modificarla, la ley sigue tan vigente como la convicción popular de que "el agua de Mendoza no se negocia".