La presente declaración es impulsada por una coalición de comunidades afectadas y organizaciones sociales nacionales e internacionales, que pedimos al gobierno de Colombia revisar integralmente y retirarse de tratados que permiten demandas de empresas multinacionales mineras como Glencore y las canadienses Eco Oro, Galway Gold y Red Eagle ante tribunales diseñados para favorecer sus intereses incompatibles con los derechos humanos y la protección del ambiente. Estas demandas o su simple amenaza pueden ir en contra de las leyes, políticas públicas y decisiones judiciales que necesitamos para enfrentar la crisis climática, salir del extractivismo y construir el camino hacia la transición energética con justicia social y ambiental.

Francia presiona insistentemente en la UE para construir nuevas centrales eléctricas a base de biomasa en la Guayana Francesa, entre otras cosas para suministrar energía al Centro Espacial Europeo de Kourou y desarrollar biocombustibles para la industria espacial. Estos planes suponen una amenaza para la selva amazónica y la población.

En Ecuador, la parroquia La Merced de Buenos Aires, resiste pacíficamente frente a la minería en sus montañas. En los pasados días, policías y militares han invadido la comunidad y facilitado la entrada de la minera. Pedimos respeto para la comunidad y a la corte constitucional que atienda una acción de protección extraordinaria. Firma la petición urgente.

El aceite de palma de la empresa Agropalma, en Brasil, tiene diez certificados diferentes de ecológico, justo y sostenible. Empresas multinacionales como Ferrero, Kellogg's y Nestlé lo compran. Pero, al parecer, en muchas tierras de las plantaciones proceden del comercio ilegal. La población denuncia violaciones de los derechos humanos.