Acaparamiento de tierras

Recientemente, se ha intensificado una antigua disputa entre la compañía agroindustrial  SOCAPALM (Sociedad Camerunesa de Palmas), filial del  grupo europeo  Socfin, y la comunidad indígena Apouh à Ngog (Apouh) en la región costera de Camerún. Esta tensión ha vuelto a encender debates sobre los problemas que presenta la convivencia entre las comunidades locales y las agroindustrias.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.

El presidente Gustavo Petro destacó que, en solo dos años y medio, su Administración ha entregado 570 mil hectáreas de tierra a campesinos, con lo cual supera con creces los Gobiernos anteriores.

Las comunidades indígenas, nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, enfrentan una nueva oleada de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales. Testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle visibilizan una estructura de impunidad para el despojo, que amenaza la vida, los ecosistemas y la propia existencia de una cultura milenaria.

Los desplazamientos forzados por la violencia en México, principalmente en Chiapas y Sinaloa, se duplicaron en 2024 con alrededor de 26 mil nuevas víctimas, concluyó el informe anual de la ONG Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).

Una comisión de derechos humanos de Costa Rica y el Comité Campesino del Altiplano visitaron el departamento de Izabal y encontraron que las comunidades desalojadas durante el gobierno del presidente Bernardo Arévalo viven en condiciones de abandono. Las familias Q’eqchi’ han sufrido violaciones sistemáticas a sus derechos humanos, indicaron las organizaciones que pidieron la intervención urgente de organismos nacionales e internacionales.

Tensión se vivió en la aldea Zunil, en Ixcán, cuando una comitiva de agentes de la Policía Nacional Civil y trabajadores del Ministerio Público llegaron al lugar a realizar una inspección ocular de una parte del territorio que era reclamada por el comerciante Raúl Rivas. La población de Zunil retuvo por varias horas a la comitiva que también estuvo integrada por dos personas que afirmaron ser turistas, pero que después reconocieron trabajar para Rivas. Los comunitarios dejaron ir a la comitiva cuando esta persona desistió de seguir reclamando tierras en ese lugar.