Acaparamiento de tierras

La investigación "Los señores de la tierra" revela el accionar de diez corporaciones que controlan 40 millones de hectáreas y acumulan denuncias por vulneración de derechos. Figuran tres empresas que operan en Argentina: Benetton, Cresud y Arauco. El rol de los fondos de inversión, la complicidad de los gobiernos y la necesidad de reformas agrarias para devolver la tierra a campesinos y pueblos indígenas.

Organizações de Rondônia criticam decreto que regulamenta a Lei 14.757/2023, alegando que ele anistia grileiros e ameaça quase 16 mil famílias rurais. A medida é vista como estímulo à violência fundiária e à legalização de ocupações ilegais.

Recientemente, se ha intensificado una antigua disputa entre la compañía agroindustrial  SOCAPALM (Sociedad Camerunesa de Palmas), filial del  grupo europeo  Socfin, y la comunidad indígena Apouh à Ngog (Apouh) en la región costera de Camerún. Esta tensión ha vuelto a encender debates sobre los problemas que presenta la convivencia entre las comunidades locales y las agroindustrias.

La región del Bajo Aguán, norte de Honduras, vive una crisis de violencia exacerbada. Ante ello, miembros de cooperativas agropecuarias y empresas asociativas campesinas, organizadas en la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), protestaron este martes (3) frente al Ministerio Público (MP), en Tegucigalpa, para denunciar la impunidad de grupos armados que operan en la zona.

El día después de la violenta incursión policial que dejó un campesino herido de gravedad y cientos de familias desalojadas en el Asentamiento San Miguel, del Distrito de Maracaná, Canindeyú, el reclamo se hace más fuerte, la comunidad señala que seguirá exigiendo su derecho a la tierra y el fin de los atropellos. Rufino Pérez, uno de los referentes del asentamiento, denuncia que muchas de las víctimas del desalojo quedaron sin nada y señala que fueron destruidos frutos de años de trabajo campesino.

El presidente Gustavo Petro destacó que, en solo dos años y medio, su Administración ha entregado 570 mil hectáreas de tierra a campesinos, con lo cual supera con creces los Gobiernos anteriores.

Las comunidades indígenas, nucleadas en la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita, enfrentan una nueva oleada de desalojos, persecuciones judiciales y violencias territoriales. Testimonios desde San Pedro de Colalao y Tafí del Valle visibilizan una estructura de impunidad para el despojo, que amenaza la vida, los ecosistemas y la propia existencia de una cultura milenaria.

Los desplazamientos forzados por la violencia en México, principalmente en Chiapas y Sinaloa, se duplicaron en 2024 con alrededor de 26 mil nuevas víctimas, concluyó el informe anual de la ONG Observatorio de Desplazamiento Interno (IDMC por sus siglas en inglés).