El Salvador

En El Salvador, el discurso oficial sobre el desarrollo ha cobrado fuerza en los últimos años, especialmente en torno a proyectos turísticos y de inversión privada. Sin embargo, este impulso económico ha traído consigo problemas que afectan directamente a las comunidades indígenas y rurales del oriente del país: la expropiación y el despojo de tierras ancestrales, muchas veces bajo mecanismos legales cuestionables y sin consulta previa. Esta situación ha sido denunciada por organizaciones como el Movimiento Indígena MILPA El Salvador, que ha documentado cómo estos procesos se repiten en ciclos históricos de despojo, desde la Reforma Agraria Liberal de 1881, pasando por la industrialización de los años sesenta, hasta los actuales corredores logísticos y megaproyectos turísticos.

La abogada y vocera de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC), Ivania Cruz, expuso en Navarra, España, el tema “La Dictadura más cool en El Salvador”, donde dio a conocer el autoritarismo y la realidad de lo que sucede en el país desde la llegada de Nayib Bukele al gobierno.

Este miércoles se desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla contra los defensores Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez. El juzgado les negó la libertad y reiteró la detención provisional.

Estados Unidos ha transferido 4,76 millones de dólares a la República de El Salvador para que el país centroamericano acepte la deportación de personas migrantes, informó el 10 de septiembre el canal Telesur; el acuerdo secreto entre los presidentes de extrema derecha Trump y Bukele fue revelado por la Fundación Democracy Forward; la información hacía referencia a la expulsión de 300 migrantes de Estados Unidos, destinados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), prisión emplazada en el municipio salvadoreño de Tecoluca.

La organización ambiental señaló que actualmente se observa un agravamiento de la escalada represiva en el país, expresado en un régimen de excepción permanente, militarización de todos los aspectos de la vida nacional, así como la persecución y criminalización de ONGs y personas que acompañan y fortalecen a comunidades empobrecidas.

La Asamblea Legislativa aprobó, con 57 votos, la creación de una nueva Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, esto, según el oficialismo para enfrentar de “forma integral” los delitos. Llama la atención a los colectivos y organizaciones, la similitud a la Ley Orgánica para el Control de Flujos Irregulares de Capitales en Ecuador, que está siendo utilizada contra los dirigentes y las organizaciones sociales. 

La organización salvadoreña de derechos humanos Cristosal reveló a través de un informe publicado este martes la corrupción institucionalizada que opera dentro de los centros penitenciarios de El Salvador bajo el régimen de excepción del Gobierno de Nayib Bukele.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó su preocupación por la reforma constitucional aprobada por el oficialismo donde habilita la reelección presidencial indefinida y extiende el periodo presidencial, la cual “representa un serio retroceso para la democracia y el Estado de derecho” en El Salvador, por lo que insta a reconsiderar.