Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

El Congreso colombiano no debatió el proyecto de ley para ratificar el Acuerdo de Escazú y lo archivó. Aunque se volvió a presentar, los expertos consultados creen que se hundirá de nuevo, a pesar de que, por segundo año consecutivo, Colombia lidera el listado de los países donde más se asesinan defensores ambientales. El gobierno prevé una disminución en la deforestación para este año, pero esto no sería suficiente para indicar que la tendencia al alza se ha revertido.

La ONU lucha contra la pobreza y el hambre. Sin embargo, programas como el PNUD, el PMA y Unicef, no prestan la necesaria atención al comportamiento de las empresas con las que trabajan. El Grupo Bolloré, uno de sus mayores proveedores de servicios, está acusado de corrupción y, a través de una filial, de acaparar tierras.

"Reconocemos que el migrar no es un delito, es un derecho pero a la vez tenemos claro que la migración forzada no es una decisión individual ni inmadura. Es impuesta, repetimos, como medida de sobrevivencia, por ello las políticas migratorias son expresiones terroristas de los gobiernos y son también políticas racistas, neoliberales, xenófobas, sistemáticas, crueles, de exterminio, despojo, saqueo, destrucción y tortura que criminalizan la movilidad humana".

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) escribió una carta abierta al presidente Alberto Fernández. Le recuerdan que megaminería, fracking y agronegocio, entre otras actividades, violan los derechos humanos. Le solicita que tome medidas para desalentar acciones que perpetúen una matriz económica y productiva “insostenible y extractivista”.

¿Cuáles fueron las historias más leídas de Perú, Colombia, México, Argentina, Chile, Bolivia y Ecuador? ¿Qué investigaciones impactaron a nuestra audiencia? ¿Cuáles fueron los temas clave en materia ambiental este 2021? Seleccionamos los reportajes que marcaron nuestra cobertura en Latinoamérica y que explican el panorama ambiental durante el año.

Limpieza étnica silenciosa: es lo que está sucediendo al Pueblo Manjui en el Chaco paraguayo. Sus tierras ancestrales se encuentran invadidas por empresas ganaderas y carboneras. En 1998, el Estado paraguayo adquirió 38.406 hectáreas para esta comunidad, pero nunca les fueron transferidas.

Dados parciais da CPT: Violência contra ocupação e a posse, assassinatos de sem-terras e mortes em consequência disparam em 2021.

Los desalojos violentos se recrudecieron en los últimos meses, tras la aprobación de la ley Zavala-Riera: mujeres y niñas las más afectadas.