Corte constitucional colombiana a favor de 123 familias que fueron ilegalmente desalojados del predio Las Pavas

El 14 de Julio de 2009, las 123 familias habían sido desalojadas forzosamente por miembros de la Policía Nacional y del Escuadrón Móvil Antidisturbios a solicitud de las empresas APORTES SAN ISIDRO S.A. y C.I. TEQUENDAMA, dedicadas al cultivo de palma aceitera. Las empresas alegan ser propietarias del predio. Dicho desalojo se produjo a pesar que la ley nacional expresamente lo prohíbe en caso de predios materia de un proceso de extinción de dominio, que es el tipo de proceso que había iniciado ASOCAB, para lograr la titularidad de las tierras.

En 1997, las familias, se asentaron en el predio, desde entonces, venían realizando actos de posesión, desarrollando explotación económica del predio, y realizando mejoras para optimizar el rendimiento agrícola de las tierras, que fueron abandonadas por el propietario Jesús Emilio Escobar quien a su vez las vendió a dos empresas palmeras, a pesar de que la comunidad había iniciado el proceso administrativo para regularizar su posesión del predio, mientras las comunidades se encontraban desplazadas.

Según los testimonios de la Comunidad y de las organizaciones que los apoyan en el país, en estos 14 años, la comunidad de Las Pavas ha venido luchando incansablemente por mejorar sus condiciones de vida, mediante el acceso a una tierra que les permita satisfacer su derecho a la alimentación. A lo largo de esta lucha, la comunidad ha enfrentado violaciones a sus derechos humanos tales como desplazamiento forzado, ataques de grupos paramilitares, destrucción de cultivos y alimentos, hostigamiento y presiones de parte de las empresas. Así mismo ha sido víctima de numerosas barreras en el curso de los diversos procesos jurídicos que ha impulsado para la defensa pacífica de sus derechos. Toda esta situación, se agrava con la contaminación producida por la expansión de cultivos de palma africana en la zona.

La decisión de la Corte reconoció como ilegal el desalojo y afirma que es un caso de violación de los derechos a una vida digna, al trabajo y debido proceso de los integrantes de la comunidad. Con base en esto, el tribunal decidió dejar sin efecto las resoluciones que decretaron el desalojo de la comunidad, emitidas por el INCODER (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural), lo cual implica una reapertura del proceso de extinción de dominio que si se lleva de acuerdo a la ley, permitiría a los miembros de la comunidad adquirir los respectivos títulos de propiedad.

En su sentencia la Corte desarrolla importantes parámetros para la protección de los campesinos: a) Reconoce que en aplicación del derecho internacional la carga de la prueba está a cargo del Estado y no de las comunidades afectadas, b) En cualquier caso de duda se debe aplicar el principio de favorabilidad en beneficio de las víctimas, c) en los procesos agrarios se deben aplicar los principios constitucionales en favor de la víctimas, d) las situaciones de desplazamiento forzado no interrumpen los términos para la prescripción de la posesión, Por su parte los líderes de la comunidad al expresarse sobre este gran logro ha explicado:” Tenemos un modelo de vida que no solo es tener un predio para consumir alimentos, sino para mantener el territorio que nos da las especies que no se producen, sino que se conservan…necesitamos un acompañamiento internacional para defender nuestros derechos, porque queremos un modelo donde prime el respeto, no sólo de las personas, sino de la naturaleza.”

FIAN considera que la decisión de la Corte Constitucional es un gran avance en la lucha por la justicia a favor de los grupos menos favorecidos de nuestra sociedad. Desde FIAN continuaremos apoyando a la comunidad, trabajando en equipo con todas las otras organizaciones que los apoyan a nivel nacional e internacional. Vigilaremos activamente que el Ministerio de Agricultura y el INCODER cumplan con lo ordenado por la Corte Constitucional, sin ceder a la presión de fuertes intereses.

Fuente: FIAN