Ecuador: crecen protestas por graves daños causados por la petrolera transnacional ChevronTexaco, por Kintto Lucas

El dirigente campesino Luis Yanza señaló que la denuncia contra la firma estadounidense es una buena oportunidad para que los jueces ecuatorianos demuestren que en un país pequeño también se puede administrar justicia, "aun cuando al frente se encuentra un monstruo económico como Texaco".

La demanda derivada el 7 de este mes por la justicia de Estados Unidos, donde fuera iniciada hace más de nueve años por representantes de 30.000 indígenas y campesinos afectados, fue aceptada el jueves por la Corte Superior de Justicia de la septentrional ciudad de Nueva Loja, fronteriza de Colombia.

La Corte acogió la querella "por ser clara, completa y reunir los requisitos" que requiere la ley, y pidió a la cancillería ecuatoriana que tramite la comparecencia del presidente ejecutivo de ChevronTexaco, David O'Reilly, quien reside en el sudoccidental estado estadounidense de California.

"La petrolera tiene la obligación de acogerse a la jurisdicción de los juzgados ecuatorianos, porque así lo dictaminó la Corte de Apelaciones de Estados Unidos", comentó a IPS Paola Delgado, integrante del equipo legal de los querellantes.

"La demanda en contra de ChevronTexaco es de importancia nacional y por eso presionaremos a la petrolera para que asuma la posibilidad de reparar el daño que causó por utilizar tecnología obsoleta", apuntó ante IPS Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, una de las organizaciones sociales querellantes.

La empresa también afronta fuertes críticas por la actividad de su filial local, CGC-ChevronTexaco, de parte de la etnia quichua de Sarayaku, de la oriental provincia de Pastaza, en Amazonia central.

El Consejo de Gobierno del Pueblo quichua de Sarayaku y las comunidades de esa zona habían firmado en noviembre un documento ante las autoridades de Ecuador, en el que declaraban no aceptar que esa empresa explotara pozos de petróleo en su territorio.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y otras Etnias del Congreso de Ecuador, el diputado Ricardo Ulcuango, se sumó a la campaña y pidió al gobierno que hiciera respetar el derecho indígena, tras asegurar que la firma petrolera viola la Constitución al no acatar la decisión de las comunidades.

"El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Constitución de Ecuador establecen que se debe respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas y consultar a las comunidades cuando pueden ser afectadas por la extracción petrolera y minera", argumentó Ulcuango.

Muchas veces las compañías dan dinero para obras a cambio de la aprobación indígena, pero las comunidades de Sarayaku no están de acuerdo con la explotación petrolera y no dieron su aprobación, añadió.

Sin embargo, los obreros de CGC-ChevronTexaco ingresaron en enero a territorio indígena e instalaron varios campamentos y en las últimas semanas aparecieron grupos armados que invocan a la firma para presionar a dirigentes quichuas, según consta en la denuncia.

"Pedimos que se respete nuestra voluntad, de acuerdo a la Constitución del país", manifestó a IPS el dirigente quichua Franco Viteri.

Por otra parte, Yanza, portavoz de una de las organizaciones sociales que litigan a la compañía, precisó que los indígenas piden la reparación de los daños ambientales ocasionados por Texaco en las nororientales provincias de Sucumbíos y Orellana, debido a la "explotación irracional de petróleo".

Desde 1994 se han acumulado pruebas que demuestran el impacto nocivo de la inadecuada tecnología petrolera utilizada en el país, agregó a IPS Yanza, del Frente de Defensa de la Amazonia, que representa a 30.000 miembros de los pueblos sionas, secoyas, cofanes y huaoranis.

El dirigente acusó a la entonces compañía Texaco (más tarde fusionada con Chevron) de destruir el ambiente de las selváticas tierras ancestrales al arrojar miles de millones de litros de desechos y crudo entre 1967 y 1990.

También indicó que la compañía abrió vertederos de desechos hidrocarburíferos a pocos metros de sus viviendas, provocando enfermedad y muerte de cientos de personas y de animales en las últimas tres décadas.

Por su parte, Toribio Aguinda, delegado de la nacionalidad cofán, comentó a IPS que aún se observan decenas de estanques donde la empresa enterró el crudo que ahora fluye en fincas y comunidades de la región.

El juicio a ChevronTexaco pasó de tribunales estadounidenses a Ecuador a raíz de que la Corte de Apelaciones del Circuito Sur de Nueva York se declaró fuera de competencia para el caso, explicó a IPS el abogado de los litigantes Alberto Wray.

"Esa es la herramienta por la cual podemos demandar a la empresa en el país (Ecuador). Antes no era posible porque Texaco no tiene domicilio local", agregó.

Wray también aseguró que, antes que dinero, "lo que importa es la remediación (limpieza) ambiental de todas las fuentes de contaminación que matan a la población".

La empresa no negó la contaminación, pero en su alegato argumentó que no intervino directamente sino que el asunto fue responsabilidad de Texaco Petroleum Company, su subsidiaria en Ecuador, por lo cual los reclamos debían dirigirse a esa firma.

Además, la ahora denominada ChevronTexaco, con sede central en California, insistió en que cumplió con todas las obligaciones que establece la ley ecuatoriana al pagar las tareas de limpieza que concluyeron en 1998.

"No hemos visto la (nueva) demanda, por lo que no podemos comentarla. De todos modos, creemos que las declaraciones de los abogados demandantes son atroces e irresponsables y carecen de base", dijo el portavoz de la empresa, Chris Gidez.

"Desde que iniciaron sus acciones legales hace un decenio, los querellantes no presentaron ninguna evidencia creíble e independientemente sustanciada para respaldar sus alegatos", agregó Gidez.

Las organizaciones indígenas y campesinas de la Amazonia presentaron el 3 de noviembre de 1993 la primera demanda ante un tribunal de Nueva York.

El 4 de mayo de 1995, Texaco y el gobierno ecuatoriano llegaron a un acuerdo por casi 15 millones de dólares, con destino a ejecutar "trabajos de reparación medioambiental y liberación de obligaciones, responsabilidades y demandas".

A fines de septiembre de 1998 se suscribió el acta final del convenio.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica y los propios afectados denunciaron que el trabajo de descontaminación había sido insuficiente y los problemas continuaban.

A casi una década de la primera querella, el 16 de agosto de 2002, el tribunal de apelaciones neoyorquino la remitió ante la justicia ecuatoriana alegando falta de competencia, pero el alegato de la empresa retrasó el traspaso del juicio a Ecuador.

Más Información:

Movimientos Indígenas y Sociales del Ecuador
http://www.llacta.org

http://www.amazonwatch.org/
http://www.chevrontoxico.com/

Fuente: IPS - Inter Press Service