Ecuador: pueblo Kichwa de Sarayacu Boletín Resistencia N° 36, Red OilWatch
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Ecuador: pueblo Kichwa de Sarayacu
Resistencia N° 36 - Marzo 2003
Boletín de la Red OilWatch
17-3-03
"Mi nombre es Franco Viteri Gualinga presidente de la comunidad de Sarayacu. El pueblo Kichwa de Sarayacu queda en la Provincia de Pastaza en la Amazonía Ecuatoriana. La comunidad pertenece a la OPIP (Organización de Pueblos Indígenas de Pastaza), así como a la confederación regional de la amazonía, a la confederación nacional y a la coordinadora de la cuenca amazónica.
Los estudios que se han realizado en Sarayacu catalogan a nuestras lagunas sagradas y su vegetación como únicas en el mundo. Somos orgullosamente poseedores de la mayor reserva de bosques primarios del país.
Sarayacu tiene una larga historia de oposición a la explotación petrolera, por causa de sus graves impactos ambientales y sociales que provoca. En 1989 impedimos que la compañía ARCO termine sus exploraciones de petróleo dentro del territorio de la comunidad.
El conflicto con CGC/ChevronTexaco tuvo su inicio en 1996 cuando el gobierno del Ecuador y la Compañia General de Combustibles (CGC) de Argentina subscribieron un contrato de exploración de petróleo en el Bloque 23, que abarca 200 000 hectáreas de las cuales 135.000 hectáreas son territorio de Sarayacu.
Luego supimos que tiene relaciones con la Chevron Texaco, pues en 1999, la petrolera estadounidense Chevron, se hizo socio del bloque con una participación del 50%. En el 2001 Chevron fusionó con Texaco, formando así el consorcio Chevron-Texaco.
Sarayacu se opuso desde el inicio a la exploración petrolera.
Desde 1999 la compañía CGC ejecutó acciones diversas destinadas a negociar, en forma aislada y separada, con las comunidades y con los socios particulares de la OPIP, generando una serie de situaciones, que indujeron al deterioro de nuestra fortalecida organización hasta ese entonces.
La empresa no pudo convencernos pero si convenció a algunas comunidades vecinas, por ejemplo ofreciéndoles trabajo, asalariándoles. Una práctica ha sido tener relacionistas comunitarios indígenas. Estos se encargan de convencer a la gente para que acepte la empresa. Las comunidades que han hecho tratos con la empresa no están bien, su selva ha sido destruida, y la empresa no ha cumplido con los acuerdos con esas comunidades.
En las comunidades que han hecho tratos con la empresa se ve deforestación de especies botánicas que sirven de nichos ecológicos para animales de caza, y también se ha dado la migración de la fauna a otras áreas. Además impacto en la microfauna terrestre y acuático. Esto es realizado por los explosivos para los estudios sísmicos.
Esto es en lo ambiental. En lo social, se ha dado conflictos intercomunitarios, psicosis, inestabilidad emocional de los habitantes, un empobrecimiento general de la población.
De igual manera la empresa inició un proceso de diálogo con la OPIP, una vez que se percató que sería imposible llega a acuerdos con individuos o comunidades parciales únicamente.
Es así como la CGC a través de los denominados relacionadores comunitarios y de la empresa DAYMI SERVICES que contrató para que cumpla como ese particular, ha pretendido, en múltiples ocasiones violentar nuestros derechos colectivos, por lo que me permito relatar, de manera cronológica los actos graves cometidos.
En nuestra comunidad, todo el mundo está movilizado. Las chacras ya se están agotando, porque estamos en los linderos de la comunidad cuidando que no entre la empresa y no hay quien trabaje las chacras. Los hombres no tienen tiempo para la cacería y pesca, los niños pierden clases, porque los jóvenes también están defendiendo el derecho a la vida y a un ambiente sano.
El 20 de octubre del 2000, la OPIP en su XVII asamblea resolvió no aceptar la exploración petrolera en territorios indígenas y pidió que el gobierno acepte las propuestas alternativas de desarrollo de los pueblos de Pastaza, entre otras demandas.
En el año 2001, a pedido de la Asociación Sarayacu, la OPIP queda encargada de elaborar una propuesta para presentar a la CGC que incluya un plan de actividades de desarrollo para las comunidades de Pacayacu y Canelos, el mismo que debía ser discutido y aprobado por la asamblea de la OPIP y por los funcionarios de la petrolera.
Mientras elaborábamos este plan de desarrollo, la empresa inicia una serie de actividades tendientes a lograr la aceptación de los individuos y socios de la OPIP del ingreso de la misma, para desarrollar sus actividades, sin tomar en cuenta la propuesta que acordaron discutir con las comunidades de Pacayacu.
La empresa, por ejemplo se dedicó a contratar a indígenas bajo el nombre de "relacionadores comunitarios" a quienes ofertó en pago y efectivamente pagó valores superiores a 10 mil dólares para que intervengan en sus propias organizaciones y en y miembros de las comunidades, para persuadirlos de que acepten la prospección de la petrolera.
Entre el 6 y 9 de mayo del 2002, en el IX Congreso de la OPIP, se resuelve que ninguna organización, individuo, comunidad podrá negociar unilateralmente o parcialmente con la empresa.
En agosto del 2002, la CGC inició una serie de actividades tenientes a dividir y fracturar a nuestra organización, a pesar de existir el mandato expreso del congreso de la OPIP antes indicado.
El 22 de agosto la GCG firmó de manera ilegal un acuerdo con la comunidad de Pacayacu, contraviniendo la decisión vigente del Congreso de la OPIP, lo que produjo el fraccionamiento de nuestro pueblo y organización.
De igual manera la CGC forjó un supuesto acuerdo con la comunidad de Sarayacu, sin conocimiento de los legítimos dirigentes y de la Asamblea de dicha organización.
Finalmente el viernes 22 de noviembre del 2002, trabajadores de la CGC ingresan al territorio de la comunidad de Sarayacu sin autorización de sus dirigentes. El 23 de diciembre Sarayacu fue militarizada. La compañía solicitó la protección del ejército para facilitar su violación del territorio de Sarayacu. Más de 80 militares estuvieron resguardando a los trabajadores de la CGC y sitiando a la comunidad de Sarayacu durante los meses de diciembre y enero del 2003, y se verificaron enfrentamientos de la gente de Sarayacu con militares y con los guardias de seguridad contratados por la empresa.
Por eso, desde hace cuatro meses, la comunidad de Sarayacu se encuentra el estado de alerta, movilizada en la selva para evitar que los funcionarios de la CGC invadan nuestro territorio, en su urgencia por realizar la prospección sísmica. Las mujeres de la comunidad han sido las protagonistas de esta lucha, pues realizan recorridos por la selva, con sus hijos cargados a la espalda, y dispuestas a sacrificar su vida para impedir el avance de las cuadrillas de trabajadores de la petrolera.
Se han violentado de distintas maneras a las familias de la zona. Se han capturado algunos comuneros, sometiéndoles a malos tratos, torturas, golpes. Cuatro compañeros fueron detenidos por efectivos militares el pasado sábado 1 de febrero, y maniatados para que confiesen el "nombre de sus comandantes". En otra ocasión (a inicios de enero), miembros de "inteligencia militar" tratar de montar un informe, en el que supuestamente encuentran evidencia de la formación de células subversivas en la zona.
Todo esto, con el fin de respaldar un contrato viciado de nulidad, donde la empresa ha incumplido su parte luego de 7 años. El año anterior, que caducó dicho contrato, el ex ministro Pablo Terán le concedió una prórroga, sin que se hayan cumplido todos los requisitos de ley que para el efecto existen. No sabemos en qué se basó.
El cerco culminó el pasado 25 de enero, gracias a intensas gestiones que hicimos con autoridades del nuevo gobierno, y se redujeron las tensiones.
El pasado jueves 30 de enero mantuvimos una reunión con las máximas autoridades del actual gobierno (presidente Gutiérrez, ministros de Defensa, Energía y de Gobierno, más el subsecretario de Protección Ambiental).
En esta Audiencia solicitamos:
1. la inmediata paralización y suspensión de las actividades de prospección sísmica en los nuestros territorios
2. rediseñar y modificar una nueva política petrolera en el país, que involucre la participación ciudadana y de las nacionalidades indígenas
3. declarar mediante decreto, al territorio de Sarayacu como zona de interés turístico y patrimonio para el desarrollo de un ecoturismo comunitarios sustentable
4. negociar la deuda externa a través de la conservación del ecosistema amazónico en territorio de Sarayacu.
En esta reunión se evidenció que las autoridades gubernamentales tienen interiorizado la perspectiva de la empresa a tal extremo que se pretende reducir el caso del Bloque 23 a un problema inter-comunitario y no un conflicto entre los pueblos indígenas de Pastaza, el Estado y las petroleras. El ministro de energía, quiso jugar al papel de mediador, al igual que el presidente Gutiérrez en su intervención. Todo lo cual nos ha dejado una sensación de enorme frustración, al ver que el presente gobierno no tiene políticas definidas frente a temas clave, como la economía y los derechos indígenas, el medio ambiente y el petróleo, etc. Tiene pavor de incomodar a los grandes empresarios, que con sutiles o abiertas amenazas, imponen sus puntos de vista y sus intereses mezquinos, a costa de enormes perjuicios al Estado, y a los pueblos indígenas.
En una declaración del 6 de febrero, la empresa petrolera anunció que suspende los trabajos de exploración en el territorio de Sarayacu, pero se teme que intenten volver a ingresar, esta vez determinados a pasar por encima de la oposición de la comunidad.
Nuestra lucha va más allá de la preservación de nuestro territorio ancestral y se identifica con la defensa de los bosques tropicales como patrimonio de la humanidad y del planeta está basado en la defensa de recursos valiosos para la humanidad y el planeta. La defensa del territorio de Sarayacu permitirá salvar para las futuras generaciones un bosque valioso. En busca de una sociedad justa, con equidad de género".
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