El Senado aprueba convenio que cede derecho de semillas chilenas al sector privado
La normativa impedirá a campesinos guardar simientes y extenderá el tiempo de vigencia de derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas y transgénicas en el país.
Mientras gran parte de la ciudadanía se manifestaba en distintas ciudades del país en contra de la aprobación del proyecto HidroAysén, el Senado aprobaba el viernes el convenio Upov 91. Este acuerdo se refiere al pago de un permiso, llamado “derecho de obtentor” por la compra de semillas campesinas registradas por las empresas trasnacionales semilleras luego de ser manipuladas genéticamente.
La noticia, que “llamativamente” contó con prácticamente cero cobertura mediática, pasó en gran medida inadvertida por la comunidad civil que se volcó en masa a las calles para expresar su descontento hacia la construcción de cinco represas en la Patagonia.
La votación en la Cámara Alta concluyó con 13 votos a favor de la iniciativa, 5 en contra y 6 abstenciones. Ximena Rincón fundamentó su voto expresando que serán los campesinos chilenos quienes pagarán el costo de la adhesión a este convenio. Argumentó que antes de votar, debió haberse debatido la Ley sobre Derechos de Obtentores Vegetales que deroga la ley Nº 19.342 por la cual se creó en Chile el registro de especies vegetales. Mediante esa ley, el país firmó la versión anterior de este convenio.
En términos prácticos, el documento aprobado permite a la poderosa empresa Monsanto, conocida por la elaboración de semillas transgénicas, tener los derechos sobre vegetales, frutas, verduras y hortalizas en suelo nacional.
La Red Legislativa Indígena y de Políticas Públicas considera que “ésta es la usurpación que quedaba. Ya nos quitaron la tierra, el agua, ahora nos quieren quitar los cultivos y las hierbas medicinales… el Estado roba, y luego aplica leyes antiterroristas o militarización cuando las comunidades protestan”.
Los indígenas también recordaron que “el Upov 91 ha sido resistido por indígenas de todo el mundo, pues ellos también han advertido que es una nueva forma de robo legal de plantas que hemos intervenido, cruzado y modificado a través de técnicas ancestrales y protegido en caso de peligro, sequía o monocultivo. La papa chilota continúa viva gracias a nosotros, no gracias a las transnacionales”.
El senador Jaime Quintana, se mostró en contra de ratificar este proyecto y explicó que “afectará a los productores agrícolas nacionales”. También criticó la ausencia del Ministro de Agricultura en la discusión en la Sala. A su juicio, “para que este convenio tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores de vegetales que todavía no lo votamos; si aprobamos este proyecto de acuerdo va a ser letra muerta”.
Fuente: Pura Noticia