México: con denuncia ante la CNDH, organizaciones buscan impedir siembra de maíz transgénico
Diversas organizaciones civiles a nivel nacional interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del presidente Enrique Peña Nieto y varios funcionarios federales por la violaciones a los derechos culturales, la salud, la alimentación y a un ambiente sano, que se cometerían de aprobarse las solicitudes de siembra comercial de maíz modificado genéticamente.
La queja fue iniciada por el Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, Convergencia de Organismos Civiles, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, El Poder del Consumidor y Greenpeace, la cual podrá ser replicada por ciudadanos a título personal y otras asociaciones civiles.
Por este motivo, las organizaciones comenzaron una campaña para invitar a la ciudadanía a adherirse a la queja y a exigir al gobierno federal explicaciones sobre el rumbo de las peticiones de siembra comercial.
Las solicitudes son seis, presentadas por Monsanto, Pioneer y Dow Agroscience en septiembre de 2012. El maíz transgénico que se pretende sembrar tiene características de resistencia a insectos (Bt) y es tolerante al herbicida glifosato (RR); dichas plantaciones estarían en los estados de Tamaulipas y Sinaloa, en extensiones de hasta 351 mil 284 y 700 mil hectáreas, respectivamente.
En caso de que estas siembras sean autorizadas, se lee en el resumen de la queja, se estará poniendo en riesgo la biodiversidad de maíces que México posee, la salud y nuestra soberanía alimentaria, entre otros problemas ambientales, económicos y sociales.
Guadalajara, la segunda ciudad más importante del país, sería de las más afectadas por los problemas de salud que provoca el consumo de maíz transgénico –como se ha documentado en los estudios del francés Gilles-Eric Seralini–, según explicó Víctor Flores, del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ).
Los promoventes solicitan a la CNDH medidas cautelares de carácter urgente para que no se otorguen los permisos, con el objeto de evitar la imposible restitución en el goce de sus derechos.
Entre las violaciones que se alegan está el derecho a la alimentación, “que implica ser una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad”.
En la queja se lee que según la observación 12, del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales debe existir “disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada”.
En cuanto a la violación a un medio ambiente sano, se refuerza la queja con las investigaciones y opiniones de expertos sobre las implicaciones en promoción de plagas resistentes, “que las sustancias plaguicidas que son incorporadas al maíz GM favorezca la generación de malezas e insectos resistentes, la expansión de la contaminación genética, que puede conllevar problemas de orden legal a los agricultores debido a las patentes de los organismos GM y expansión del monocultivo”.
Mientras que los derechos a la salud se verían afectados por el consumo de sustancias nocivas y la falta de mecanismos de rastreabilidad de los productos que contenga el maíz transgénico que conlleven a su retiro del mercado en caso de evidencia de daño a la salud humana.
De acuerdo con el documento, la cocina tradicional mexicana fue declarada en la categoría de Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad por la UNESCO, por lo que el Estado mexicano se comprometió a proteger la cocina tradicional mexicana con sus elementos como son el sistema de milpa y su máximo representante que es el maíz, base de la alimentación de todas las culturas de nuestro país, siendo un símbolo de creencias y de identidad cultural, llegando su influencia a mitos cosmogónicos inclusive. La entrada de maíz transgénico, pondría en vulnerabilidad a las más de 59 razas que existen, lo cual tendría afectación a los derechos culturales.
La queja también va en contra de los titulares y otras autoridades de la Secretaría de Agricultura Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de la Secretaría de Salud, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem).
Fuente: La Jornada Jalisco