Argentina: semillero también presentarían denuncia judicial contra el secretario de agricultura, Miguel Campos
Lo realizaría la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) y de esta manera pondrá sobre el tapete decisiones administrativas que en el fondo tienen repercusiones económicas muy notorias en el funcionamiento de las empresas donde estan quienen se benefician y las que se perjudican - En este caso la situación es muy delicada y las afirmaciones son pesadas
Después de haber sido procesado hace poco más de quince días por supuestas irregularidades en la distribución de la cuota Hilton, un cupo de 28.000 toneladas de carne de alta calidad con destino a la Unión Europea, el secretario de Agricultura de la Nación, Miguel Campos, podría enfrentar una nueva demanda judicial.
A diferencia de lo que ocurrió en la causa en que lo procesó el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, esta vez no son los frigoríficos exportadores, presuntos perjudicados por el manejo de Campos con la Hilton, quienes estudian una presentación en su contra, sino la cámara que agrupa a las empresas semilleras, donde algunos integrantes sospechan que el funcionario suspendió una normativa con requisitos obligatorios para la aprobación de cultivos transgénicos con el fin de favorecer a ciertas firmas.
Desde que en febrero pasado la resolución 71 de Agricultura exceptuara por 90 días del marco regulatorio vigente a quienes producen y comercialicen híbridos de maíz con el gen GA 21, un evento transgénico propiedad de la multinacional Syngenta, resistente al herbicida glifosato, en la industria semillera los nervios de los empresarios están encrespados.
Sucede que durante este lapso cualquier firma puede inscribir un maíz con esta característica, sin pasar las pruebas de rigor establecidas desde hace más de diez años y, aún más, según las sospechas de representantes de los semilleros, habiendo manipulado el gen de manera clandestina, ya que para desarrollar un evento transgénico antes se requieren no menos de tres o cuatro años de trabajo. Fruto de la suspensión de la normativa, Atar, propiedad de Atanor, y Plusagro inscribieron dos híbridos cada una ante el Instituto Nacional de Semillas (Inase), organismo ante el cual se registran los cultivares, según confirmó su presidente, Marcelo Labarta.
"Podríamos hacer una demanda judicial contra Campos; no descartamos esto, si es que no cumplió con los deberes de funcionario público al pasar por encima de las reglamentaciones", dijouna alta fuente de la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA).
Pedido de informes
Hace unos días, ASA pidió informes para conocer la forma en que se aprobaron los híbridos. La entidad quiere saber si la Comisión Nacional de Semillas (Conase) dio su visto bueno o, tal como trascendió (un acuerdo de confidencialidad impide conocer lo que se discute en este organismo) solicitó más información en relación a las firmas que inscribieron sus maíces. La Conase habría pedido a las empresas datos sobre cómo obtuvieron el gen y de qué manera realizaron las pruebas. En los papeles, la Conase es un órgano consultivo, no vinculante. Campos puede tomar la decisión que quiera más allá de lo que digan sus integrantes. No obstante, cada vez que se aprobó un evento, primero se hicieron los exámenes obligatorios.
Apenas supo de las críticas de los empresarios, Campos señaló que la excepción obedecía a los siete años que habían transcurrido entre la flexibilización del evento (con los productores sembrando el cultivo pese a no estar autorizado) y su liberación oficial, en agosto del año pasado.
"Evidentemente, la resolución fue una trampa hecha a medida para empresas que trabajaron fuera de la reglamentación en años anteriores", dijo Julio Ferrarotti, presidente de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales (Arpov), quien además consideró "inminente" una presentación judicial por parte de los semilleros. El próximo martes, ASA realizará una conferencia donde, con expedientes oficiales en la mano, se explicará cómo Campos habría omitido recomendaciones de otros organismos.
Allí probablemente se escuchen precisiones sobre la demanda judicial, que, hasta ahora, varias fuentes dan como un hecho. También se presentaría un proyecto para que haya una ley para las inscripciones de eventos, de modo de evitar que, a través de una resolución, cualquier funcionario cambie las normas vigentes.
A todo esto, por el lado de Syngenta, la empresa dueña del GA 21, trascendió que, más allá de las presentaciones administrativas que está encarando en ámbitos oficiales, también haría una presentación judicial, aunque reclamando por su propiedad intelectual.