Solidaridad de ambientalistas de toda España con la primera persona juzgada por oponerse al cultivo de transgénicos
Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Ecologistas en Acción, Red de semillas, Amigos de la Tierra, SEAE y el resto de organizaciones de la Plataforma Rural, mostraron hoy su apoyo a Albert Ferré, juzgado esta mañana en Cataluña por haber participado en una acción en un campo experimental de maíz transgénico de titularidad pública, en julio de 2003
Se trata del primer juicio contra una persona contraria al cultivo de transgénicos, por hechos que se remontan al 3 de julio de 2004, cuando unas 70 personas participaron en la destrucción de un campo experimental de maíz transgénico propiedad de IRTA, que depende de la Generalitat.
Según Ferré, se le acusa de participar en la acción porque ese mismo día realizó unas declaraciones a TV3 en las que criticó que el campo de Gimenells estaba financiado con fondos públicos y denunciaba que la Generalitat no informaba de cuántos campos transgénicos hay ni de los peligros para el consumidor.
Retiraron la acusación, pero el Fiscal insiste
El IRTA (Instituto de Investigación Tecnológica y Alimentaria) y la Universidad de Barcelona se han presentado como acusación particular y solicitaban 500.000 euros de indemnización, que incluyen 12 meses de pena de cárcel, pero retiraron su acusación durante la vista.
Pese a ello, el Ministerio Fiscal mantuvo su petición inicial de 500.000 euros de multa. La defensa de Ferré, que solicita su absolución basándose en la falta de pruebas, calificó la decisión como una "incongruencia", teniendo en cuenta que los afectados habían renunciado a la indemnización solicitada en un principio.
Este no es el único caso de persecución del movimiento anti-transgénico; Josep Pàmies, otro agricultor catalán, se enfrenta a una petición de cuatro años de prisión y 50.000 euros de indemnización por una acción que tuvo lugar el 13 de septiembre de 2003. Es importante resaltar que los campos donde se realizaron las acciones no cumplían la normativa de identificación y registro, a pesar de estar subvencionados con dinero público.
Riesgos para el medio ambiente
Tal y como recogen numerosos estudios científicos, el cultivo de transgénicos conlleva riesgos para el medio ambiente, la salud humana y para la agricultura y la alimentación en general. Cada vez son mas frecuentes las contaminaciones de productos y cultivos no transgénicos por organismos modificados genéticamente (OMG), habiéndose demostrado que su liberación supone un peligro inmanejable.
En España, único país de la UE cuyo gobierno tolera el cultivo de transgénicos a gran escala, existe una inmensa falta de información, de control y de seguimiento sobre la situación de los campos, el destino de las cosechas, las variedades que se cultivan y el impacto de estos cultivos sobre la salud y el medio ambiente.
En estas circunstancias, tanto agricultores como consumidores se encuentran en una situación de absoluta indefensión frente a la agresiva política practicada por una industria biotecnológica que parece haber decidido que la vía más expeditiva para imponer los transgénicos es la contaminación de toda la cadena alimentaria.
Apoyo
Las organizaciones ambientalistas hicieron llegar su apoyo a estas dos personas y, al mismo tiempo, mantienen el rechazo a los transgénicos “recordando la imposibilidad de la coexistencia entre cultivos modificados genéticamente y cultivos no transgénicos y las pésimas condiciones en las que se cultivan las variedades modificadas genéticamente en nuestro país”.
En España se sigue permitiendo el cultivo de 31 variedades del maíz modificado genéticamente MON810 sin las más mínimas medidas de precaución para evitar consecuencias graves como la contaminación de cultivos y productos convencionales y ecológicos y los posibles efectos sobre la salud.
Mientras, el Ministerio de Agricultura ha aprobado recientemente 11 nuevas variedades de maíz transgénico, favoreciendo más aún su presencia en el campo español en un momento en que en la mayor parte de la Unión Europea sigue existiendo un fuerte rechazo político a estos nocivos cultivos.