Chevron plantea la homologación del laudo arbitral para que las cortes norteamericanas lo validen y cobrar en Estados Unidos el laudo millonario, producto de un abusivo arbitraje internacional

El monto del laudo asciende actualmente a 224 millones de dólares, debido a recargos. El laudo fue emitido el 17 de noviembre del 2025. De acuerdo al medio de comunicación Primicias, la estrategia legal de Chevron se ampara se ampara en la Convención de Nueva York y en el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, argumentando que Ecuador renunció a su inmunidad soberana.

Al conocer los argumentos legales del bufete internacional Kobre & Kim LLP, contratado por Chevron, causa indignación que el gobierno de Daniel Noboa defienda los arbitrajes internacionales, los incluya en los nuevos acuerdos comerciales con otros países, cuando estas mismas transnacionales aprovechan esa renuncia a su inmunidad soberana para plantear y ganar juicios y obtener millonarias ganancias, causando un perjuicio enorme al país y a su gente, puesto que quienes terminamos pagando estas centenares de millones de dólares somos los ciudadanos, los votantes, la población económicamente activa del Ecuador, los miles de pacientes con cáncer o con necesidades del servicio de diálisis que fallecen por la ausencia de medicamentos, tratamientos, mientras el gobierno se dedica a perseguir a los opositores.

Entonces vale la pregunta: Qué espera la Corte Constitucional para declarar nulos esos acuerdos comerciales que incluyen arbitrajes internacionales, cuando nuestra Constitución, ratificada en noviembre del 2025, prohíbe expresamente, en el Art. 442, los arbitrajes internacionales.  

Desde la UDAPT y los demandantes que llevaron adelante la demanda a Chevron por el desastre ambiental provocado entre 1968 y 1990 en la Amazonía norte del Ecuador y que cuentan con una sentencia de última instancia de parte de la Corte Constitucional emitida en el 2018 y ante la cual, la petrolera Chevron permanece impune, exponemos que:

1. Desde diciembre del 2025, la UDAPT junto a los demandantes del caso Aguinda vs Chevron solicitamos a los jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos, que ordenen el embargo de ese crédito para impedir el pago de los 224 millones de dólares. Hasta hoy día los jueces no ordenan el embargo.
2. Exhortamos al Gobierno del señor Noboa a respetar la Constitución del Ecuador, la Ley y la sentencia judiciales. Desacatar esas normas significa romper el derecho interno del país. Necesitamos que el Gobierno de Ecuador nos garantice la seguridad jurídica.
3. Exhortamos a los señores Jueces de la Corte Provincial de Sucumbíos a no dejarse presionar y ordenen el embargo. Como estado ecuatoriano, no podemos permitir que se siga desangrando al Ecuador económicamente.
4. Por otra parte, una vez más se demuestra por qué el Ecuador no debe aceptar someterse a ningún arbitraje internacional. Los arbitrajes solo sirven para sacar el dinero del país, para quitarle dinero a la educación, a la salud, a la seguridad.
5. Recordamos que además de existir el pedido de embargo ante la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos, también tenemos planteada una acción ante el sistema interamericano de Derechos Humanos. Por lo que, si el Gobierno de Ecuador decide complacer a Chevron, podría generar que luego esos funcionarios tengan que pagar de su bolsillo ese mismo dinero.  Esto sería peculado.
6. Desde la UDAPT y desde los demandantes, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional, a la Procuraduría General del Estado, a la Contraloría, a defender los intereses nacionales y no claudicar ante la Presión de esta empresa Transnacional.

Hoy es un buen día para recordar que, a inicios de marzo del 2026, Stiglitz, Piketty y más de 200 académicos de todo el mundo remitieron una carta al presidente de Colombia, Gustavo Petro, solicitándole retirar a Colombia del arbitraje de inversión, debido a que:

“Estos sistemas de arbitraje permiten a las multinacionales extranjeras demandar a los Estados ante tribunales internacionales cuando consideran que una política pública afecta su rentabilidad. Según los firmantes, ese mecanismo opera de forma asimétrica: protege a los inversionistas extranjeros con garantías que no están disponibles ni para las empresas nacionales ni para los ciudadanos del país receptor. Y eso beneficia más a las multinacionales que a los Estados”.

Un ejemplo específico para Ecuador, América Latina y el mundo entero, constituye el caso Aguinda vs Chevron en la Amazonía ecuatoriana: Impunidad e indemnización millonaria, a pesar del desastre ambiental cometido entre 1968 y 1992 por Texaco hoy Chevron, que afectó a la vida de miles de personas, su salud, medios de vida y los graves daños causados a la naturaleza y a las comunidades amazónicas, aún visibles 30 años después.

Contactos: Pablo Fajardo: 099 397 7811

Fuente:  Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT)