Chiapas: violencia contra defensores crece 25%; 124 agresiones en un año pese a estrategia de seguridad

En el informe Defender derechos entre la paz superficial y la violencia real, el OBSE visibiliza un incremento del 25% en las agresiones contra personas defensoras respecto a 2024. Las mujeres fueron las más afectadas, pues las agresiones en su contra aumentaron del 58% al 70% de 2024 a 2025.

En 2025, el 81% correspondió a agresiones dirigidas, es decir, 101 de los 124 incidentes. Mientras que el 65% ocurrió en el ámbito físico, con 80 casos, y el 37% en el digital, con 46. Los datos del OBSE muestran que las agresiones no son aisladas, sino que siguen una lógica definida. 

La intimidación es la principal forma de violencia (37%), lo que indica un intento directo de generar miedo. A esto se suman la difamación y la vigilancia (28 y 27 casos), que en conjunto concentran más de la mitad de los ataques (55%), lo que evidencia un patrón sistemático de control, desgaste y deslegitimación.

“Estos datos confirman que, lejos de consolidarse condiciones de seguridad, la defensa de derechos humanos en Chiapas continúa siendo una actividad de alto riesgo”, señala el informe.

El documento hace mención de que, desde los primeros días de la actual administración, se anunció una estrategia de seguridad de “Cero impunidad”, que de inmediato generó denuncias por abusos de autoridad, robos, intimidaciones e incluso detenciones arbitrarias por parte de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), grupo de élite creado con el objetivo público de pacificar la entidad.

Esta estrategia de seguridad derivó en detenciones y en cifras oficiales de incidencia delictiva que no reflejan la realidad de la entidad. Las detenciones en operativos de la FRIP no han dado lugar a investigaciones ni al desarme de grupos criminales, hechos que fueron documentados por Avispa Mídia en el reportaje  Abusos en operativos del grupo de élite Pakal publicado en febrero de 2025.

El OBSE identifica esta estrategia como un “reacomodo” que ha favorecido el desarrollo o la ampliación de megaproyectos como el Tren Maya,  el Corredor Transístmico y la  autopista San Cristóbal de las Casas-Palenque, así como el control sobre las personas en movilidad.

¿Qué pasa en 2026?

De manera reciente, en menos de una semana, fueron allanadas las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova (Frayma), con sede en Tapachula. El primer ingreso ilegal ocurrió el 20 de marzo; el segundo, el 22, y el tercero, el 26 del mismo mes.

La organización se vio obligada a anunciar el cierre temporal de sus oficinas, y denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado, debido a la sustracción selectiva de equipos y documentación sensible. Para el OBSE, esta violencia podría estar orientada a obtener información relacionada con la labor de defensa de los derechos de las personas migrantes.

“Los tres allanamientos ilegales a las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Matías constituyen una grave agresión, no solo a la organización, sino también a todos sus integrantes y a las personas en contexto de movilidad que acompañan”, señala la organización SweFOR.

Desde 2018, el Frayma fue integrado al Mecanismo de Protección Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; sin embargo, en 2019 SweFOR documentó múltiples agresiones contra el centro, y sucesivamente la situación de seguridad se fue deteriorando. Debido a ello, en 2025 Frayma amplió sus medidas de protección y, tras el tercer allanamiento, anunció el cierre temporal de sus instalaciones.

Del mismo modo, en 2025, en Tapachula, el defensor de los derechos de las personas migrantes, Luis García Villagrán, fue  perseguido, detenido, hostigado, amenazado y vigilado de forma física y digital. El defensor es también beneficiario del Mecanismo desde 2019 y cuenta actualmente con una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Estas agresiones se han producido en el marco del cumplimiento por parte de los gobiernos locales de los acuerdos entre México y Estados Unidos sobre políticas migratorias. Las disposiciones han afectado la frontera sur y a miles de personas en movilidad contenidas en Tapachula, quienes han sido víctimas de graves violaciones a sus derechos.

Insuficiente el Mecanismo de Protección 

Apenas en febrero de este año, Poulette Celene Hernández, defensora de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos Digno Ochoa en la región Istmo-Costa,  denunció agresiones en su contra y contra su familia, incluyendo amenazas de muerte.

“Habíamos denunciado un tema de falta de acceso a servicios básicos en la colonia donde vivo y en la cabecera municipal. También señalamos que los espacios recreativos estaban siendo utilizados como basureros y como áreas de contaminación, y a raíz de esta visibilización y denuncia es que me agredieron en mi casa”, narró Poulette durante la presentación del informe del OBSE el pasado 27 de marzo.

Poulette denunció que, días después, intentaron privarla de la libertad y, en otro momento, fue golpeada con palos y piedras. De estas agresiones existen evidencias videográficas, y los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Istmo-Costa.

“Algo muy claro que me dijeron era que yo tenía que morir en ese momento, que tenía que desaparecer y que después seguiría mi familia. A pesar del intento de homicidio, la fiscalía lo clasificó como lesiones menores. Enviamos la denuncia para que se pudiera judicializar ante el Juez de Control, pero respondió que no existían elementos suficientes y que el Ministerio Público no presentó argumentos suficientes”, lamenta la también abogada.

Ante la inoperancia de las autoridades, Poulette recibió apoyo de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Actualmente, aún enfrenta desprestigio y hostigamiento en redes sociales. “También tengo medidas de protección por parte del Mecanismo, pero han sido insuficientes. Las autoridades judiciales minimizan la situación y los riesgos en los que vivimos. Es bastante difícil vivir con esta angustia”, insiste.

En la presentación del informe del OBSE también estuvo Pascuala López López, defensora tzotzil de la tierra y el territorio en los Altos de Chiapas, quien relató una serie de acontecimientos violentos desde 2019, “en ese año, cuando entraron los criminales al ejido Cuxtitali, El Pinar, municipio de San Cristóbal”, recuerda. 

Ella comenzó su activismo en 2021, el mismo año en que asesinaron a su hijo. Durante ese periodo, los enfrentamientos, homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados por grupos criminales se agudizaron en la Sierra, los Altos y la frontera chiapaneca.

A Pascuala le advirtieron que no presentara denuncia en la Fiscalía: “La tenemos comprada”, le dijeron, y la amenazaron con incendiar su casa, hechos que cumplieron en 2023. “Me dejaron sin nada, quemaron seis bultos de mi artesanía y mi trabajo”, relata Pascuala, quien volvió a denunciar ante las autoridades.

Después, el hostigamiento continuó y fue acusada de ser integrante de la banda delictiva ‘Los Motonetos’. “Pero yo no sé manejar moto”, aclara. El pasado 4 de febrero fue detenida por policías y presentada ante el Ministerio Público, pero no se encontraron pruebas para incriminarla. “Fabricaron el delito, pusieron que fue intento de robo y secuestro”, dice Pascuala.

Al igual que todos los defensores mencionados, Pascuala cuenta con medidas de protección del Mecanismo.

Criminalizar para obstaculizar 

Para el OBSE, existe una brecha profunda entre el discurso oficial en Chiapas y la realidad documentada en terreno, pues las cifras oficiales sobre indicadores delictivos han servido para respaldar la efectividad de la estrategia impulsada por el gobierno de Eduardo Ramírez y ejecutada por la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

“El 2025 cerró como un año en el que el Estado intentó recuperar el control mediante el uso de la fuerza, pero donde la paz real sigue siendo una meta lejana”, coincidieron los defensores.

Para las personas y organizaciones aquí mencionadas, las medidas implementadas en términos de protección no resultaron efectivas ni para prevenir futuros incidentes. En el caso del Centro Fray Matías, solicitaron a las autoridades responsables llevar a cabo una investigación pronta, diligente y rigurosa que tome en cuenta la labor de defensa de derechos humanos, y que permita identificar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de estos actos, garantizando la no repetición.

En conjunto, exigen a las instituciones encargadas de la protección garantizar la implementación inmediata de medidas de vida integrales que prioricen en todo momento la seguridad y la integridad de las personas que integran el centro, así como de las personas en contextos de movilidad que acompañan.

El OBSE está conformado por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de varios municipios de Chiapas como Tapachula, La Trinitaria, Las Margaritas, Comitán, Ocosingo, Tonalá y San Cristóbal de las Casas, por mencionar algunos.

Fuente: Avispa