Comunidad amazónica reporta asesinato de menor en operación militar

Un menor de edad de 13 años fue asesinado por las fuerzas armadas en una supuesta operación de erradicación de cultivos ilegales de hoja de coca, en la región Loreto, en la Amazonía del Perú.

La intervención militar se ejecutó este 14 y 15 de julio en el centro poblado Bellavista Callaru, ubicado en la triple frontera con Colombia y Brasil, territorio del pueblo originario Ticuna. 

Según la versión de los agentes estatales, utilizaron sus armas en respuesta a disparos y el adolescente al que reportan como fallecido se encuentra estable en Brasil. Sin embargo, el alcalde de Bellavista Callaru, Desiderio Flores, denunció la muerte del menor.  

“El Ejército ha entrado a nuestro territorio, están matando a mi gente, han matado a un niño. No somos criminales, somos indígenas que cuidamos la frontera”, declaró al medio Nacional TV Callao. La comunidad sostiene que las personas cuyas viviendas fueron allanadas e incendiadas no tienen vínculos con el narcotráfico. Horas después de la incursión armada, tres niños que huyeron del fuego permanecían desaparecidos.  

De acuerdo al Comando Unificado PUMA, integrado por militares y policías, en la acción destruyeron laboratorios clandestinos e insumos químicos para la elaboración de cocaína. Esta unidad fue creada para combatir el crimen organizado en las provincias de Putumayo y Mariscal Castilla (región Loreto), donde la producción de cocaína y rutas de transporte del narcotráfico se incrementan en los últimos años.

“Ya son varios lugares donde están interviniendo, quemando viviendas donde no hay indicios de insumos químicos, destrozando los pocos recursos de familias humildes. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tiene que responder por todo lo que está ocurriendo en Bellavista Callaru”, relata el reporte desde la comunidad intervenida.   

En Loreto se concentra el 53% de los cultivos de hoja de coca del Perú. Según el informe de 2023 de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), de las 95 mil hectáreas de sembríos, alrededor de 50 mil se encuentran en esta región. Por su ubicación en el trapecio amazónico, en Loreto crecen las actividades de bandas internacionales de tráfico de drogas y extracción ilegal de oro. 

Ante el abandono del estado peruano, meses atrás las autoridades del centro poblado Bellavista Callaru comunicaron al gobierno central su intención de anexarse a Brasil, por lo que actualmente dialogan con el Ejecutivo sobre su reconocimiento como distrito.

Violencia estatal escala en la Amazonía

La mandataria electa, Keiko Fujimori, adelantó que ve como replicables modelos de militarización de la seguridad interna como en Ecuador y el sistema penitenciario de El Salvador. En ambos países se exponen vínculos de los gobiernos con el crimen organizado y violaciones a los derechos humanos.    

Por ello, se advierte el riesgo de que se multipliquen los ataques a pueblos originarios, disfrazados de lucha contra el narcoterrorismo, desde el gobierno de la ultraderecha fujimorista que asumirá la presidencia este 28 de julio.

Este 9 de julio, una comunidad de la etnia Awajún fue el objetivo de una operación policial contra la minería ilegal en la que resultó herido de bala un comunero, en el distrito de El Cenepa, región Amazonas. La población denuncia que los agentes dispararon al cuerpo y los señalaron de pertenecer a bandas ecuatorianas. 

En abril, cinco comuneros fueron asesinados por el Ejército en  operación antidrogas cuestionada, en el distrito de Colcabamba, región Huancavelica, cerca de la zona de emergencia del Valle de los Ríos Ene, Apurímac y Mantaro (VRAEM). La versión militar sostiene que las víctimas abrieron fuego, pero en el vehículo donde iban no se hallaron armas ni restos de sustancias ilegales. 

En este escenario de violencia contra poblaciones de las localidades cocaleras, el Congreso aprobó en mayo una ley que impide que policías y militares sean juzgados en fueros civiles, lo que garantiza su impunidad. 

Las organizaciones de derechos humanos observan que esta norma allana el terreno para reforzar la violencia estatal contra movimientos sociales y en circunstancias de protestas. Con el reciente precedente de represión extrema del gobierno capturado por el fujimorismo y aliados a través del Poder Legislativo: entre diciembre de 2022 y febrero de 2023, en regiones andinas fueron asesinadas 50 personas durante las movilizaciones en rechazo al golpe de estado contra el presidente Pedro Castillo.

“Exigimos la observación de la ley que pretende pasar las investigaciones de civiles al fuero militar. El Ejecutivo debe observar esta norma y frenar las leyes procrimen impulsadas por el fujimorismo”, manifiesta la Asociación de mártires y víctimas del 9 de enero Juliaca-Puno.

Mientras tanto, aumentan los casos de brutalidad policial en intervenciones de rutina. En los últimos dos meses, un adolescente fue torturado hasta la muerte y un adulto victimado bajo custodia en comisarías limeñas, además de que un conductor fue asesinado durante un control vehicular. En la región Puno, otra persona murió en manos de policías y un abogado fue torturado al acudir a una dependencia.   

Debido a una de las leyes de impunidad aprobadas por el Parlamento, la investigación de casos como la tortura del menor en un barrio de la capital pasó de una fiscalía especializada en derechos humanos a la misma institución armada.

La normativa peruana proporciona al crimen organizado el marco legal más flexible en la región, lo que favorece a las bandas que operan en las fronteras. La expansión de la minería y tala ilegales, sumada a la militarización en áreas de conservación, es un paso para legitimar despojos de territorios protegidos.

Política de guerra regional de EEUU

En las dos décadas de militarización en la zona de emergencia del VRAEM, con cooperación de Estados Unidos, no se redujo la elaboración de cocaína en el Perú, segundo productor mundial de la droga. Por el contrario, la fabricación se incrementó de 360 a 785 toneladas anuales entre 2010 y 2021. Para este año, el país autorizó la presencia de militares estadounidenses que trabajarán en entrenamiento de comandos de operaciones especiales. 

Las políticas nacionales de seguridad en territorios amazónicos del Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Guyana, Guayana Francesa y Surinam responden a los intereses de Estados Unidos.

A partir de 2025, Washington despliega en países de Latinoamérica su estrategia de seguridad regional Escudo de las Américas, que apunta a las organizaciones consideradas narcoterroristas. Con los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, entre las costas de Venezuela y Trinidad y Tobago, EEUU sentó precedentes de operaciones unilaterales en suelo latinoamericano. 

En Ecuador, militares estadounidenses participan en acciones contra la minería ilegal y el narcotráfico. Desde este junio, por decreto, se autorizó la permanencia de 120 miembros del Comando Sur para tareas de patrullaje e intervenciones. La resolución garantiza la inmunidad a los agentes extranjeros, lo que genera críticas de defensores de derechos humanos. 

A pesar de la movilización de militares, el país, declarado desde 2024 en conflicto armado interno por el presidente Daniel Noboa, es hoy el más violento de América Latina: en 2025 se registró un récord de 9,281 asesinatos, un promedio de uno cada hora durante los primeros 50 días del año.

En el acuerdo de seguridad regional suscrito en marzo de este año con 17 países de América Latina, el Departamento de Defensa enfatizó la afinidad ideológica de sus aliados. Tras el ascenso de la ultraderecha en Colombia, en Sudamérica solo quedaría Brasil en oposición a la política imperialista. La administración de Donald Trump envió un mensaje de amenaza a la nación sudamericana al declarar como organizaciones terroristas extranjeras al Comando Vermelho y el Primer Comando de la Capital, los dos mayores grupos criminales brasileños. 

En un encuentro celebrado en días recientes con 66 países, el secretario de Estado, Marco Rubio, llamó a una ofensiva global contra el “terrorismo de la izquierda radical”. Así, busca vincular ideología y crimen organizado. La Casa Blanca informó en un comunicado que su nueva estrategia contempla combatir a estas organizaciones con los parámetros de lucha contra el yihadismo. 

En términos geopolíticos, la denominación de terrorismo por parte de Estados Unidos y, ahora, la reformulación de enemigos ideológicos, pretenden justificar intervenciones militares en territorios de extractivismos. Como la invasión a Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, procesado por narcoterrorismo y narcotráfico por la justicia estadounidense.

La exhibición del poder militar de Estados Unidos en la Amazonía apunta a los recursos de la selva que posee las mayores fuentes de agua del planeta. En septiembre, el Comando Sur dirigirá el ejercicio militar Southern Vanguard en territorio amazónico peruano. Mediante acuerdos económicos, presiones políticas y la demostración de su fuerza, el imperialismo de Washington en el continente se fortalece bajo nuevas formas. 

Fuente: Avisa Midia