Con Fujimori, se espera aumento de los conflictos en el sur de Perú, foco de auge minero

Cerca de la mitad de concesiones mineras (45,5%) se localizan en Apurímac, Cusco, Arequipa, Huancavelica, Puno, Moquegua, Tacna e Ica. En estas regiones, la mayoría de la población no votó por el fujimorismo y rechaza el programa económico de este sector de ultraderecha. Incluso en algunas localidades han declarado que no reconocerán a Keiko Fujimori como presidenta. 

Durante el primer semestre del año, el 30% de conflictos sociales en el Perú -la mayoría de carácter ambiental y de origen minero- se registra en el sur. Este es el panorama inicial para la administración que plantea militarizar la seguridad interna.

“Nos encontramos en camino a completar la arquitectura de la dictadura fujimorista. Una de las características es la reconstitución de la relación con los dueños del Perú y los grupos de poder económico, quienes no solo legitimaron la dictadura de la década de los noventa, sino que ha sido de los principales financistas de Keiko Fujimori. Estos sectores tendrán garantizada mano dura frente a la situación de permanente conflictividad”, analiza en un artículo el sociólogo José Antonio Lapa, director de Derechos Humanos Sin Fronteras, organización de defensores del Cusco.  

En 2025, la superficie territorial entregada a empresas para extracción de minerales aumentó en más de 10%. El 17% del territorio del país (22,6 millones de hectáreas) está concesionado a la minería. En la región Apurímac, la cifra alcanza el 76,5%, de acuerdo al Mapa de Concesiones Mineras. Moquegua (48%), Arequipa (47%) y Huancavelica (44%) tienen alrededor de la mitad del territorio bajo concesión. 

Al encontrarse solo una fracción del territorio concesionado en operación efectiva, se configura, además, una situación de acaparamiento territorial que genera condiciones para la especulación, advierte el Observatorio de Conflictos Mineros. 

La expansión de las áreas de exploración y explotación de proyectos activos, sin consultar de forma transparente a la población, es una causa de conflictividad social. En la provincia de Espinar (región Cusco), las operaciones de Antapaccay, propiedad de la suiza Glencore, causa graves impactos en el medio ambiente y la salud de comunidades altoandinas, a la vez que se adjudica nuevos yacimientos.  

Los sucesivos gobiernos capturados desde diciembre de 2022 por el Congreso, de mayoría fujimorista, promovieron la reactivación de proyectos que no cuentan con licencia social. En esa línea, el Ministerio de Energía y Minas autorizó el inicio de la etapa de explotación de Tía María (región Arequipa) en abril. El Poder Judicial evalúa la demanda de amparo presentada por los agricultores del Valle del Tambo contra la resolución. La población, en consulta popular, desaprobó el proyecto de extracción de cobre a tajo abierto, propiedad del Grupo México.

Estados de emergencia y persecución judicial 

Como medida de seguridad para prevenir protestas, el corredor minero del sur se declaró en estado de emergencia durante todo el año 2025. La vía conecta los yacimientos de cobre de Cusco y Apurímac con el puerto de Matarani (Arequipa). 

En mayo, habitantes de la provincia cusqueña Chumbivilcas bloquearon un tramo de la carretera, en protesta por el incumplimiento de compromisos por parte del gobierno y en demanda de presupuestos públicos provenientes de los ingresos que generan las mineras.  

“Hay condiciones para reeditar el pacto cívico-militar explícito -en especial con sus élites para apoyo subordinado- que garantice permanencia en el poder con mano dura, represión, seguimiento y hostigamiento contra inventados enemigos. Al enemigo no solo hay que disciplinarlo y castigarlo a través de la aplicación de las normas que sostienen un estado de derecho precario vaciado de contenido e ineficaz, sino negándole su condición humana, nombrándolos como comunistas, izquierdistas o terrucos”, añade el investigador.  

La criminalización de los defensores de los territorios es una amenaza permanente para las comunidades campesinas. En Apurímac, 19 comuneros del distrito Cotabambas afrontan desde 2015 un proceso por protestar contra la mina Las Bambas, de MMG, cuyo accionista mayoritario es la estatal China Minmetals Corporation. En junio, el Poder Judicial archivó por falta de pruebas la acusación en torno a dos delitos. La investigación por tres delitos, entre ellos tenencia de armas y explosivos, continúa abierta.  

Este año fueron archivadas siete investigaciones contra defensores arequipeños del Valle del Tambo, mientras que el dirigente Jesús Cornejo Reynoso salió de prisión luego de tres años. El defensor recibió una condena de siete años por los delitos de motín y entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos.

Otro caso de persecución es el de dos defensoras y ocho defensores de la comunidad cusqueña Urinsaya, quienes fueron absueltos en junio por el Poder Judicial. A los comuneros les montaron en 2020 una acusación de secuestro por una manifestación pacífica contra la contaminación en el corredor minero. Desde el gobierno fujimorista se reproducirá la estigmatización contra los luchadores ambientales. 

“Esto legitimaría la violencia, que se le meta bala y, si fuera necesario, desaparecerlo. Este imaginario y sentido común extendido en una parte importante de la población muestra la construcción de una psicología totalitaria que es lo más peligroso, porque las fuerzas armadas contarían con un manto de legitimidad de un sector de la sociedad y la legalidad para hacerlo. La masa o el pueblo totalitario que forma parte del fujimorismo, pero que va más allá del fujimorismo, constituye una mayoría acrítica e intolerante contra aquellos que votan diferente, como los campesinos sureños o indígenas, contra quienes se ha vuelto tolerable la violencia”, observa el sociólogo.   

Auge de inversiones, alta pobreza  

El Perú es el principal productor de oro de América Latina y el noveno del mundo. En cobre ocupa el segundo lugar en producción global; en plata, el tercero.

Actualmente hay 67 proyectos mineros activos, con un valor de 65 mil millones de dólares. La inversión privada del sector en 2025 fue la más alta de los últimos diez años, con un incremento de 25% en relación al 2024. Asimismo, en el primer trimestre de 2026 subió 43,7% respecto al mismo periodo del año anterior.

En lo que va del año, la inversión minera en el sur del Perú representa el 64% del total nacional. Los proyectos en ejecución con mayores presupuestos son de oro y plata: San Gabriel (Moquegua) y Reposición Inmaculada (Ayacucho); y de cobre: Tía María (Arequipa) y Reposición Ferrobamba (Apurímac). Uno de los yacimientos de plata más grandes del mundo, Corani (Puno), se encuentra en etapa previa.

“El actual ciclo de precios altos de minerales como el cobre, oro y plata, ha despertado una nueva dinámica de exploración en el territorio nacional. Los presupuestos de exploración y la demanda de petitorios mineros se han venido incrementando en los últimos años. Esta es una tendencia que no ocurre solamente en el Perú”, refiere el informe semestral del Observatorio de Conflictos Mineros (OCM).

En la región Arequipa, la mina de cobre Cerro Verde, entre las diez más grandes del mundo, consiguió en febrero la ampliación proyectada de su producción por una década más, al aprobarse otra modificación a su Estudio de Impacto Ambiental. La estadounidense Freeport McMoRan es la accionista mayoritaria. 

El inicio de construcción del proyecto cuprífero Zafranal fue postergado por la compañía canadiense Teck, tras conflictos con la población del distrito Huancarqui, debido a potenciales impactos ambientales negativos y desacuerdos sobre el usufructo y la propiedad de predios. Una medida judicial cautelar ordenó paralizar el proyecto en 2025. 

Huancavelica es la región que registra el mayor crecimiento de inversiones este semestre, con un incremento de 107%. Las exploraciones de compañías canadienses aumentan en este departamento. En Ayacucho hay en cartera dos proyectos valorizados en más de 1,400 millones de dólares. Y Puno concentra tres proyectos por 999 millones de dólares. 

En Ica se diseña el proyecto cuprífero Mina Justa Subterránea, cuya inversión prevista es de 500 millones de dólares para 2027. Asimismo, se espera la ampliación de Shougang Hierro Perú, con un compromiso de inversión de 900 millones de dólares.

El año pasado, las exportaciones mineras crecieron en 28%, pero la recaudación fiscal está lejos de recuperar los niveles previos al período 2006-2011.

En contraste con las expectativas del auge minero, Ayacucho, Puno y Huancavelica se encuentran entre las regiones peruanas económicamente más vulneradas, con índices de pobreza de entre 35% y 40%. 

“El peso de las demandas de carácter económico es cada vez mayor en los territorios, aspecto que se puso en evidencia desde la pandemia; y el impacto que se generó en la economía del país, con la pérdida masiva de puestos de trabajo y, como consecuencia, en los indicadores de pobreza. Todavía no recuperamos los niveles prepandemia”, destaca el reporte del OCM.

Fuente: Avispa Midia