Crisis climática y pobreza: el calor como termómetro social
Un Estado que se retira de los barrios populares en Argentina, con obras públicas casi inexistentes, profundiza el impacto del calor extremo en los hogares de quienes menos tienen. La gestión Milei: un ejemplo de cómo la crisis climática expande la injusticia ambiental.
Las postales del mundo sobre un verano en Argentina muestran su turismo exuberante, pero el calor se siente distinto en los barrios que tienen una histórica precariedad estructural. Estar rodeados de cemento, en pasillos estrechos, sin un árbol cerca, sin ventilación y a no tanta distancia de microbasurales no es la imagen más vista.
El caso argentino es la muestra clara de que el cambio climático acelera la desigualdad en más de 6.400 barrios populares sin derechos básicos garantizados.
En América Latina, expresa un informe de TECHO, 37% de los asentamientos no cuenta con conexión eléctrica formal, en 53% de las viviendas no hay conexión al servicio de agua potable, 25% de los hogares no tiene conexión a la red de alcantarillado y más del 75% de las familias tienen un terreno de manera irregular.
El calor daña porque la pobreza lo potencia. La precariedad no es parte de un problema local sino la advertencia global de expertos que expresan que el cambio climático está profundizando las injusticias preexistentes.
“Los que somos de los barrios populares no vivimos donde queremos, sino donde podemos”, nos dice Fernanda Miño, ex secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) y actual diputada nacional. Pero antes que nada, también es vecina de La Cava y conoce en primera persona cómo es crecer sin la garantía de muchos derechos.
Podríamos ahondar en los múltiples ejemplos del desorden ambiental que atraviesan las y los argentinos solo durante los primeros quince días del verano: las más de 15 mil hectáreas de bosques nativos incendiados intencionalmente en la Patagonia, las inundaciones en Salta o los dos apagones masivos en Buenos Aires que, en dos semanas, afectó a casi dos millones de usuarios al dejarlos sin suministro eléctrico: ¡histórico!
¿Pero qué pasa ahí donde lo precario es parte de la vida cotidiana de la gente y los golpes climáticos se vuelven más crueles?
Estas ideas fueron sistemáticamente atacadas por el presidente Javier Milei desde que asumió en diciembre de 2023. Ese año declaró que no adherirá a tratados internacionales, cuestionando el enfoque tradicional del cambio climático.
En 2024 su gobierno retiró a la delegación argentina de la COP 29 en Azerbaiyán y criticó la Agenda 2030 como un programa supranacional que “atenta contra la soberanía” en foros como la ONU y Davos.
En 2025 analizó retirarse del Acuerdo de París, calificando la agenda ambientalista de fraude y negando que el cambio climático sea principalmente consecuencia de la actividad humana; ese mismo año, en la COP 30 de Belém, el país volvió con una delegación mínima, alineada con su postura escéptica.
Tres de cada cuatro basurales o microbasurales están ubicados en un radio de 500 metros de las viviendas relevadas, en síntesis, los barrios tienen más acceso a basurales que a un arbolado urbano.
El cambio climático en medio de la precariedad habitacional
A la antipolítica ambiental, Milei le suma una línea anti obra pública. Un combo fatal para las villas de un país donde, año tras año, lo único que crece es la informalidad en todos los aspectos. Y si bien cada verano, desde hace décadas, este reclamo nace desde las bases, durante el gobierno libertario no se hace absolutamente nada al respecto.
En su informe “ Desigualdad climática en barrios populares”, TECHO advierte que en Argentina “las personas vulnerables tienen 15 veces más probabilidades de morir como consecuencia de condiciones climáticas extremas”.
Los datos son alarmantes: el 97% de los barrios empobrecidos del país no tiene cloacas, el 92% no cuenta con agua segura y el 66% de los hogares corre riesgo eléctrico.
Un relevamiento de ACIJ, Fundación TEMAS y La Poderosa refuerza este diagnóstico. El 90% de los barrios populares de nuestro país presenta riesgo ambiental y el 61% de los vecinos de las villas expresó no tener un árbol cerca de su hogar.
“Los tres factores de riesgo ambiental con más presencia en los barrios populares relevados fueron la inundabilidad por precipitaciones (61,14% del total), la cercanía a sitios de disposición de residuos (51,85%, ya sea basurales, microbasurales o desechos industriales) y la existencia de cuerpos y/o cursos de agua linderos (42,96% de los casos)”, señala TECHO, en articulación con datos de la SISU.
El caso de la villa más grande del país, la Villa 21-24/Zavaleta, es ilustrativo: el 88% de sus 80 mil habitantes no tiene agua segura y, de ese total, el 40% son niñas, niños y adolescentes. Allí, además, más del 90% de los vecinos cuenta con conexiones eléctricas externas e internas inseguras.
"Mientras la edad promedio de fallecimiento a nivel nacional es de 71 años, en los barrios populares cae a 60”, según datos del Centro para la Integración Sociourbana.
¿Cómo se refrigera los alimentos, cómo se consigue sombra, qué implica vivir rodeados de cemento, cuántos pueden realmente acceder a un aire acondicionado, de qué manera se llena una pileta sin agua, cómo se sobrevive a los climas extremos?
En este punto, volver a los datos del Centro para la Integración Sociourbana muestra las consecuencias de la ausencia estatal: “Quienes habitan barrios populares mueren en promedio 11 años antes que el resto de la población.
Obras públicas: la clave para la equidad ambiental
Durante la gestión ante la SISU, la actual diputada Fernanda Miño coordinó un equipo que abarcó 1164 barrios populares. Esto alcanzó a 1.300.000 personas hacia fines de 2023, según los datos de su balance.
En la misma se destaca que se generaron 23.900 lotes con servicios, más de 250.000 mujeres ampliaron o mejoraron sus viviendas con Mi Pieza y 850.000 familias recibieron su Certificado de Vivienda Familiar. En total, estas políticas tuvieron una inversión social de 308 mil millones de pesos.
“Demostramos que hay otra forma de transformar la pobreza en un tiempo récord”, nos dice Miño, y sigue: “Milei no cree en la obra pública. Lo vemos en la destrucción de las rutas, hospitales y escuelas que se caen a pedazos. Entonces mucho menos va a querer obras para los que menos tienen, porque no le importa el ascenso social ni lo estructural. Se disfrazan con la palabra libertad y mienten al decir que cada uno encontrará la manera de salir de la pobreza”.
Plantear la política de vivienda digna para todos y todas es todavía una gran deuda de la democracia para estas familias.
Mitigar el calor con obras intradomiciliarias del sistema eléctrico, gas natural para las familias que más lo utilizan al sur del país y asegurar tanques y cisternas para reducir las dificultades del acceso al agua son algunos de los puntos para entender cómo atacar el impacto climático dentro de las viviendas más precarias. “‘Acá no se acuerda ni Dios de nosotros’, nos decían. Lo fuimos haciendo en tiempo récord porque tuvimos dos años de pandemia y lo que sobró de la gestión fue dedicado a ello”, contó Miño.
Para Fernanda, la manera de construir equidad en tanto enfrentar las altas temperaturas del verano en las villas tiene que ver con el acompañamiento infraestructural integral del Estado con las familias: “Con el programa Mi Pieza —que otorgó subsidios a mujeres de barrios populares para mejorar, ampliar o refaccionar sus viviendas— se demostró que hay realidades que no pueden esperar. A veces una como mujer se sienta a mirar todo lo que le falta a su hogar y puede volver deprimente”.
Tener un pedacito de patio, un árbol cerca o una pileta para refrescarse es un montón, un privilegio. Miño lo sabe, creció y aún vive en una villa: “Hay lugares donde podés gestionar desde cero, poner una plaza y sistema de árboles autóctonos. Sin embargo, otros barrios están mal armados de cuajo y es mucho más duro pensar en cómo resolverlo. Al no tener respiración, el mismo calor del cemento hace que sea imposible tolerar el verano”.
Comprender que en los principales barrios empobrecidos de Argentina se encuentra la matriz base del trabajo, por tanto el consumo y la mano de obra más importante, es vital para repensar a la población. ¿Cómo se distribuye el loteo de tierras en puntos estratégicos para que una familia de estos barrios haga más palpable el sueño de una casa propia?
La crisis climática en Argentina no es abstracta ni futura, tampoco es diferente a muchos países de la región.
La migración interna de una provincia a otra, la de países como Bolivia, Perú y Paraguay, son las que viven donde pueden y no donde quieren en nuestro país.
En los barrios populares, el calor extremo, las inundaciones, la falta de agua segura, cloacas, arbolado y redes eléctricas seguras convierten cada verano en una amenaza concreta.
Frente a este escenario no hay soluciones individuales, y el libre mercado tampoco se hará cargo. La única forma de mitigar el impacto climático es con obras públicas y presencia estatal sostenida en la planificación urbana. Negar esta discusión no es solo una decisión económica: es profundizar la desigualdad ambiental y condenar a millones a vivir -y morir- en peores condiciones.
Fuente: Diario Red
