Ecuador: espionaje estatal, persecución y judicialización contra la protesta social en el caso Leónidas Iza

La tarde del 18 de agosto de 2025, el dirigente indígena y ex Presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE, Leonidas Iza, se encontraba en su vivienda en la comunidad de San Ignacio, provincia de Cotopaxi, en los Andes del Ecuador, cuando notó que tres personas estaban pasando en un auto afuera de su domicilio por tercera vez filmando y tomando fotos. Cuando el defensor salió a increparlos, las personas en el auto intentaron escapar manejando a alta velocidad, casi atropellándolo, pero, con el apoyo de los demás comuneros, los policías fueron detenidos. Las tres personas fueron luego identificadas como integrantes de la Unidad Nacional de Inteligencia para la Seguridad Ciudadana y Orden Público, y fueron retenidos por miembros de la comunidad para ser sometidos a un proceso de justicia indígena. El 19 de agosto, la Fiscalía General del Estado se pronunció confirmando que las tres personas detenidas son agentes policiales y que se encontraban en la comunidad “colaborando con diligencias dentro de una investigación previa” sin dar mayores detalles al respecto ni especificar si esta guarda relación con Leonidas Iza. Paralelamente, como parte de la etapa de investigación del proceso de justicia indígena, se revisaron los celulares de los agentes, descubriendo videos que evidencian que estaban vigilando al defensor desde el viernes 15 de agosto de 2025, pero los registros se remontaban a un periodo más amplio. En la tarde del mismo día, se llevó a cabo una primera audiencia pública en Cotopaxi convocada por la la organización de segundo grado UNOCANC y que contó con la presencia de centenas de personas de la comunidad en la cual se corroboró la información de los celulares con la versión contada por los policías. El 20 de agosto de 2025, se continuó con la revisión de los celulares de los policías retenidos, y se encontraron más de cinco mil chats, documentos y videos que evidencian una constante vigilancia a Leonidas Iza e incluso a otros líderes sociales. Se identificó que en el material descubierto se hacía referencia a Iza con apodos y que planeaban “desaparecerlo”. El 21 de agosto, se llevó a cabo una audiencia pública de justicia indígena en Cotopaxi, en la cual los líderes indígenas participantes declararon a los tres policías detenidos culpables de invadir su territorio y les ordenaron ofrecer disculpas públicas para luego ser liberados. Pese a la crudeza y evidencia de los hechos, el 3 de septiembre, el Leonidas Iza tuvo que presentarse ante la sede de la Fiscalía para dar su declaración en el marco de una investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado en el que se le acusa por el delito de secuestro……

FrontLine Defenders (2025)

Los hechos relatados, recogidos en un comunicado público emitido por la organización internacional FrontLine Defenders en Septiembre de 2025, narran una cadena de sucesos que dan cuenta de la política sistemática de espionaje a líderes y dirigentes de organizaciones sociales, continuada por acciones directas de persecución, criminalización y judicialización a personas, figuras públicas y organizaciones de todo tipo. Si bien el hecho se refiere al caso particular cometido contra el dirigente social Leonidas Iza, referente del Movimiento Indígena latinoamericano, este no es un hecho aislado o circunscrito al Ecuador, sino una política de estado sistemáticamente practicada por todos los gobiernos del continente, con mayores o menores variantes, pero que ejemplifican como desde los estamentos del poder la vigilancia generalizada a la población es una misión y una labor de primer orden para los gobiernos y sus órganos de vigilancia, poniendo en riesgo constante los cuidados digitales de sus habitantes. Un caso de justicia indígena desarrollado en una comunidad indígena de los páramos andinos del Ecuador, reveló la existencia de una estructura policial de espionaje ilegal a diversas organizaciones del país, financiada por el Estado.

El Intento de asesinato a Leonidas Iza

El comunero Leonidas Iza se encontraba en su casa realizando labores de albañilería cuando un vehículo lo puso en alerta. Vio la camioneta blanca una vez, era de doble cabina y lucía como un vehículo de transporte. Cuando volvió a pasar notó que tenía tres ocupantes, uno de ellos, filmaba hacia su casa. A la tercera vez, agarró fuerza y tomó la decisión de increparlos. Trató de detenerlos, pero la camioneta no se detuvo, una voz desde su interior exigió al chofer que le “pase por encima”, fueron segundos entre la vida y la muerte, el vehículo, conducido por un joven de 20 años pudo haberlo atropellado, pero finalmente se detuvo, a las 14h30, en una vía comunitaria de San Ignacio, perteneciente a la parroquia Toacaso, del cantón Latacunga, de la provincia de Cotopaxi. Es así que tres sujetos desconocidos fueron rodeados poco a poco por decenas de comuneros que se reunieron al escuchar el incidente.

¿Vienen a robar?, ¿por qué graban?, ¿Qué quieren?, pregunta una comunera, a lo que los intrusos responden que están perdidos. ¿Por qué van y vienen grabando?, vuelve a preguntar con firmeza; ellos cambian la versión y aseguran que vienen a conocer la comunidad. La familia afectada exige que borren las grabaciones, pero se rehúsan, lo que levanta aún más las sospechas. Mientras tanto, la multitud crece. La familia pide que entreguen el celular, sin éxito. Ante la negativa se provoca un forcejeo y en ello el copiloto deja entrever dos celulares debajo de su pierna. Evidentemente, ocultaban algo. Así fue que la comunidad bloqueó la carretera con una camioneta para impedir la fuga de los desconocidos. Todo esto duró cinco minutos, como suele ocurrir con los acontecimientos imprevistos que de pronto rompen la tranquilidad. Esta vez rompieron la tranquilidad de la comunidad San Ignacio, una comunidad donde todas las familias se conocen, sobre todo a Leonidas Iza, un comunero que se dedica a la leche, que tiene conocimientos de albañilería, que conoce bien la ciencia de labrar la tierra y de las medicinas del campo, pero también conoce las ciencias políticas, un comunero que hace tres semanas presidía la CONAIE, la mayor organización popular del Ecuador.

El abandono estatal a las comunidades rurales es una realidad histórica. La ausencia de servicios básicos, educación y salud olvidados, la precarización del trabajo campesino y la silenciosa expansión de la criminalidad, ha hecho que las comunidades desarrollen autonomía y capacidad organizativa. Es justamente esa cualidad la que permite a las comunidades ejercer un control sobre su territorio. Por esta razón, es difícil pasar desapercibido en una comunidad, porque en ella todos se conocen. Esta particularidad permitió a Leonidas Iza notar la presencia de un vehículo que no era de la comunidad San Ignacio, que luego de pasar tres veces por su casa, resultaba no solo sospechoso sino peligroso, porque sus ocupantes filmaban su casa.

¿Quién es Leonidas Iza y qué es la CONAIE?

Leonidas Iza es un dirigente indígena de 42 años, nacido en la provincia de Cotopaxi. Fue presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y se identifica como «luchador, si me quieren definir ideológicamente, soy cristiano, de la iglesia católica, de la línea de la teología de la liberación, soy marxista pero además de eso hijo de un pueblo originario» (BN Periodismo, 2024). Iza crítica al sistema capitalista y busca implementar un modelo más justo y equitativo, no sólo para San Ignacio, su comunidad natal, sino para las 15 nacionalidades y 18 pueblos que viven en el Ecuador. En su trayectoria como luchador social es identificado como defensor de los derechos colectivos y de la naturaleza. Lideró los estallidos sociales de Octubre de 2019 y Junio de 2022, mismas que tenían como objetivo parar las medidas neoliberales del gobierno de Lenin Moreno y Guillermo Lasso. Leonidas se ha enfrentado al poder de las élites económicas del Ecuador y ha denunciado con firmeza la injusta acumulación de riqueza en sus manos, acosta del trabajo de los pobres del país. Hoy, después de terminar su dirigencia, un comunero más que vio interrumpido su trabajo de albañilería por tres desconocidos que lo vigilaban en su casa.

Audiencias comunitarias detectan red de espionaje

Para las 18h00 toda la comunidad tenía conocimiento de la situación por el conflicto provocado por los intrusos. No sabían si eran viajeros perdidos, turistas incautos o ladrones que estudiaban el domicilio de un comunero. Al no conocer su identidad ni los motivos de su presencia, la muchedumbre decide llevarlos a la casa comunal y llamar a la autoridad comunitaria para esclarecer el incidente. Solo entonces, en vista de la concurrencia masiva de comuneros, los intrusos entregaron el celular. A los pocos minutos su identidad salió a la luz y reconocieron ser policías; mientras que el chofer explicó que solo había hecho una carrera desde Ambato. También esto fue mentira pues jóvenes de la comunidad descubrieron en internet que también era policía.

Incluso frente a la autoridad comunitaria, los policías afirmaron haber llegado por una denuncia de robo de ganado. Sin embargo, al revisar los chats de WhatsApp en el teléfono de uno de ellos, los comuneros encontraron información alarmante: coordenadas de la casa de Leonidas Iza, fotografías, videos y datos sensibles de sus familiares. Las versiones comenzaron a cambiar: primero dijeron que habían sido enviados para proteger al expresidente de la CONAIE; luego, que llegaron a advertirle de un peligro contra su vida; y finalmente, que la verdadera misión era espiarlo para verificar si estaba organizando a las comunidades para protestar. Esta serie de mentiras elevó la indignación de la comunidad que, con estos antecedentes, tomó una decisión colectiva: iniciar un proceso de Justicia Indígena Comunitaria, en la cual se constató que el seguimiento a Iza no es un hecho aislado, sino parte de una persecución más grave que pueden extenderse a otros dirigentes y comunidades.

Tras rueda de prensa transmitida a través de las redes sociales del medio comunitario TV MICC, el país se despertó con la noticia de que habrían intentado asesinar a Leonidas Iza, quien hace pocas semanas había dejado la dirigencia de la CONAIE y había regreso a su comunidad natal a compartir su vida con su familia. Medios de comunicación comunitarios ayudaron a comunicar al país lo que ocurría. Los grandes medios dieron prioridad en sus titulares a un supuesto secuestro de tres policías a manos de Iza, quien días después fuera acusado por la Fiscalía General del Estado.

Leyes de inteligencia y contra inteligencia, marco legal para el espionaje

La disputa de los sentidos es pan de cada día en todo el mundo, pues las élites económicas que han llegado al poder pretenden sembrar la idea de que su política neoliberal de extrema derecha combate la más grave crisis de inseguridad que atraviesa la región desde su fundación. En el Ecuador, la ciudadanía discute en las calles, parques y hogares sobre tres leyes decretadas por el presidente Daniel Noboa, pero que la Corte Constitucional del Ecuador suspendió temporalmente debido a la gran cantidad de demandas ciudadanas en su contra. La ley de inteligencia resultó especialmente incómoda a la sociedad. En sus artículos, esta ley obliga a las operadoras de telefonía celular a entregar datos (llamadas, ubicación, registros) sin supervisión ni justificaciones, faculta a los policías a interceptar comunicaciones a civiles, infiltración y fondos reservados para actividades de inteligencia. Mientras tanto, las investigaciones en la comunidad San Ignacio, revelaban que el sistema de inteligencia ecuatoriano practicaba espionaje contra su pueblo. La comisión de investigación que revisaba los celulares de tres policías había realizado importantes avances. Se investigó en tres niveles diferentes: los materiales físicos, los materiales electrónicos y se interrogó a los agentes de policía.

• En lo físico se descubrió que los agentes se movilizaban en un vehículo con doble placa y logotipos falsos. En su interior encontraron cuatro copias de la Ley de Inteligencia, documentos personales de policías, credenciales de prensa, dos radios walkie-talkie, folletos de capacitación en justicia indígena y facturas.
• En lo electrónico se estimó la existencia de entre 3000 a 5000 chats de los tres celulares en WhastApp y Signal, donde se descubrió la existencia de una red policial que se dedica al espionaje ilegal contra el movimiento indígena y contra diversas organizaciones del país.
• En los interrogatorios, los policías confirmaron la vigilancia al comunero Leonidas por orden superior y las prácticas de espionaje, persecución e infiltración.

Medios nacionales e internacionales hacen eco del escándalo

Tras convocatoria a audiencia pública comunitaria el jueves 21 de Agosto la comunidad Planchaloma recibió alrededor de 600 personas de comunidades vecinas, organizaciones de segundo grado del MICC, pueblos hermanos y también una docena de medios de comunicación local, nacional e internacional que daban cuenta de la relevancia del acontecimiento, junto a delegados de la Cruz Roja Ecuatoriana y de la Defensoría del Pueblo del Ecuador. En el Ñawinchina (debate cara a cara), Leonidas da a conocer una vez más su testimonio ante las autoridades comunitarias (jueces del caso). La comisión de investigación dio a conocer sus resultados con las pruebas físicas y electrónicas sobre la mesa. Entonces comenzó el interrogatorio a los implicados con preguntas de los dirigentes y de la comunidad. Al principio, los tres responden de forma escueta y evasiva, pero la presión popular y la autoridad de los jueces comunitarios permite conocer la verdad. Kevin Guamán reconoce que la misión les fue encargada por el Coronel Arroba y que su tarea era recabar información. Después tomó la palabra Brayan Díaz. Contó que el viernes 15 de agosto recibieron la orden de verificar si Leonidas Iza estaba en su casa, con datos proporcionados por la Dirección General de Inteligencia. Reveló que, en los chats de WhatsApp, llamaban a Leonidas “cuy” y que crearon el grupo “Asaderos de Cuy” para sus fines investigativos. Ambos afirmaron que sólo recibían órdenes. Los agentes confesaron la existencia de una red de espionaje policial dirigido contra dirigentes, luchadores sociales, defensores del territorio y activistas de diversas organizaciones del país. La unidad a la que pertenecían los  policías retenidos estaba conformada por 16 agentes y 1 superior.

Fondos públicos e infraestructura estatal para espiar y perseguir a dirigentes

Para espiar al expresidente de la CONAIE fueron delegados 3 agentes de la UNISOP (Unidad de Inteligencia y Mantenimiento del Orden). Además, admitieron que no existía una “investigación previa” dentro de Fiscalía para ejecutar sus acciones, únicamente recibieron órdenes verbales de rastrear al dirigente, sin conocer las motivaciones de sus superiores. No es el primer caso que les delegan, aceptan que son agentes operativos que trabajan en territorio y simplemente reciben órdenes. Explican que en la Dirección General de Inteligencia se trabaja en dos áreas: una antidelincuencial y otra denominada “estratégica”; esta última utilizada para asuntos políticos. La unidad policial identificada está conformada por agentes operativos, analistas y encubiertos.

• Los agentes operativos recolectan la información de campo, como fotografías y videos, comprueban ubicaciones, lugares de reunión, rutas, horarios y demás detalles sensibles sobre la vida íntima de las personas vigiladas.
• Los agentes analistas se encargan de procesar la información, elaborar esquemas, líneas de tiempo, perfiles de dirigentes, fichas de seguimiento y trabajos por el estilo.
• Los agentes encubiertos se infiltran en la sociedad civil presentándose como abogados, periodistas, activistas, luchadores y cualquier otra actividad que les permita pasar desapercibidos.
• Por arriba de los agentes están los superiores. En este caso, se identifica al Coronel Arroba, quien habría ordenado el seguimiento a Iza.

En esta misma unidad se revela una noticia sensible. Willar RTV, medio de comunicación que era considerado como medio comunitario, es en realidad una plataforma utilizada como fachada por la Policía Nacional del Ecuador para infiltrarse en las organizaciones de la estructura del movimiento indígena y de esta manera tener acceso a dirigentes e información sensible. Jorge Guzmán, uno de los periodistas más conocidos del medio, resultó ser un sargento de la Policía Nacional que se presenta como periodista desde hace 10 años, coincidiendo con el tiempo de fundación del medio. De igual manera, se conoció que el policía Jordi Medina, el sargento Luis Tigsilema y la sargento Massiel Meléndez, que se presentan como periodistas de Wilar RTV, en realidad son agentes encubiertos. Además, dos policías que trabajan como periodistas en la Asamblea Nacional del Ecuador: el policía Kevin Barrera y el Sargento Fernando Valle. Todos ellos, solo de la unidad conformada por 16 policías. No obstante, según las investigaciones comunitarias, hay al menos 2000 agentes de la Dirección General de Inteligencia y 120 en proceso de reclutamiento.

El nivel de infiltración es alarmante, pero no termina allí, también ocurre al interior de las organizaciones a través de “informantes”. En los chats se reveló la existencia de una lista de informantes al interior de las organizaciones que coordinan con la Dirección General de Inteligencia. Las autoridades comunitarias acordaron que esta información se trate con reserva al interior del movimiento indígena para solucionar el problema de manera orgánica. Entre las organizaciones identificadas en los chats de los policías como objeto de espionaje están: PAKKIRU, Bloque Proletario (seguimiento en marchas y en la Casa de la Cultura Rebelde), FEUE-Cuenca, FEUE-Quito, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOLS), Bulla Zurda, Plataforma por el Poder Popular, Frente Nacional Antiminero.

Los agentes se movilizaban en una camioneta camuflada como un vehículo de transporte, sin embargo, sus placas están a nombre del Ministerio de Interior. Los agentes tenían una tarjeta de combustible de la empresa Primax a nombre de la Dirección General de Inteligencia. También recibían viáticos para sus operaciones a nivel nacional. Todo esto con financiamiento del Estado, es decir, con los impuestos generados por el propio pueblo. Dentro de los chats, los agentes creaban grupos especializados para dar seguimiento a diferentes casos. Además del “Asadero de cuy”, se conoció la existencia de varios grupos que persigue a diferentes organizaciones:

• – Operación dedicada a intervenir en el Congreso de la CONAIE y colocar una dirigencia afín al gobierno de Daniel Noboa
• Gran Maito.- Operación dedicada a espiar, vigilar, perseguir y judicializar a líderes indígenas de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza PAKKIRU en la Amazonía del Ecuador
• Diario El Observador, Librería, Atenas y otros grupos mas…

En las semanas posteriores y como consecuencia directa del seguimiento y vigilancia descrito, el estado inició procesos de judicialización a más de 60 dirigentes, ex dirigentes, comunicadores sociales, técnicos, abogados y otros personajes del Movimiento Indígena, con lo cual se confirmó que la sistemática política de vigilancia tenía por objetivo perseguir y criminalizar a quienes disientan con el poder establecido, iniciando dos procesos legales, uno por supuesto “Enriquecimiento privado no justificado” y otro a 40 dirigentes más por supuesto “Financiamiento al terrorismo”, proceso judicial que se vincula al seguimiento iniciado meses antes a Iza, quien también fuera acusado posteriormente por presunto “Terrorismo” tras las movilizaciones sociales ocurridas en el Ecuador durante el Paro Nacional de Octubre y Noviembre de 2025.

Un llamado urgente a la alerta y la acción

Pese a la arbitrariedad y dureza de los hechos y hallazgos encontrados, el proceso llevado por las organizaciones mediante las audiencias de justicia indígena comunitaria demuestra que, en un contexto de autoritarismo y violencia estatal, es posible enfrentar amenazas externas, sancionar las injusticias, generar cuidados y construir medidas de prevención que resguarden la integridad de los pueblos. La sentencia de San Ignacio se convierte así en un ejemplo autonomía y organización para proteger el territorio, los derechos y la historia frente a cualquier intento de destruirla.

Organizaciones de derechos humanos a nivel internacional como Front Line Defenders expresaron su profunda preocupación por los continuos ataques y la vigilancia a la que han sido sometidos Iza y diferentes líderes indígenas, así como la falta de respuestas institucionales sobre la vigilancia a líderes sociales y organizaciones. Los sistemas judiciales suelen actuar con rapidez contra las personas defensoras de derechos humanos, pero tardan en responder cuando estos son objeto de ataques, que suelen ser investigados de forma lenta e inadecuada, lo que contribuye a crear un clima de impunidad y pone a las personas defensoras en mayor riesgo y en un contexto cada vez más preocupante de persecución y criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos y de la naturaleza en Ecuador.

Fuente:  www.anred.org