Honduras y la situación violenta que no cesa
Según las informaciones de varios diarios y medios informativos hondureños, y la nota de Proceso Digital, “al menos 77 personas han perdido la vida en 16 hechos catalogados como masacres registradas en distintas regiones de Honduras entre enero y junio de 2026, de acuerdo a un recuento de los casos ocurridos en varios departamentos del país”.
El 10 de enero en Olanchito, Yoro, fueron asesinadas tres personas. El 17 de febrero, “una masacre en La Masica, Atlántida, dejó cinco víctimas mortales”. En marzo tres personas fallecieron en San Andrés, Lempira, en El Progreso, Yoro, fueron cuatro víctimas; y Sulaco, Yoro, “cinco personas perdieron la vida”.
“En abril continuó la escalada de violencia con masacres en Danlí, El Paraíso, y Villeda Morales, Gracias a Dios, ambas con tres víctimas mortales”.
El 24 de abril hubo un ataque a la Comunidad de Cayo Rojo, en Catacamas, Olancho que dejó cinco personas asesinadas.
El clímax ocurrió en mayo donde ocurrieron tres masacres con tres asesinatos en cada uno (en San Pedro Sula, Nacaome en Valle y en Tegucigalpa. Pero el peor ocurrió el 21 de mayo en Trujillo, Colón, donde murieron 20 personas, y en Corinto, Cortés, donde fallecieron siete personas más “Días después, se reportaron nuevas matanzas en La Lima, Cortés, con cuatro víctimas, y en El Progreso, Yoro, donde tres personas fueron asesinadas”. Para mayor información: ver aquí
Ante esta situación, La Vía Campesina Honduras denunció mediante un comunicado la masacre de campesinos y campesinas en la comunidad de Rigores en Colón.
“La Vía Campesina Honduras condena enérgicamente este brutal hecho que sacude a todo el país y que demuestra la vulnerabilidad y la falta de seguridad en que viven nuestras comunidades campesinas”. Se le arrebató la vida a jóvenes, hijxs de socixs de las empresas campesinas del Movimiento Campesino de Rigores. Hasta el momento, 17 hombres y 3 mujeres (5 de lxs cuales eran menores de edad) han sido asesinadxs cobardemente. No puede seguir la violencia. No puede seguir la impunidad en este país”.
La exigencia de la Vía Campesina es la siguiente:
Investigación exhaustiva, independiente e imparcial de los hechos, con resultados públicos y rendición de cuentas ante la sociedad.
Captura inmediata y juicio a las personas responsables materiales e intelectuales de la masacre.
Garantías de seguridad para lxs familiares de las víctimas y para toda la comunidad de Rigores.
Presencia institucional efectiva en los territorios afectados por conflictos agrarios, no solo cuando los cuerpos ya están en el suelo.
Detener el avance de legislación que criminalice la defensa del territorio campesino e indígena.
Reconocimiento público del vínculo entre la concentración de tierras en manos del agronegocio y la violencia que padecen las comunidades rurales hondureñas.
La lucha por la tierra es legítima. Defender la vida no es un crimen. Mientras el agronegocio siga valiendo más que el campesinado, seguiremos de pie, organizadxs.
Por si fuera poco, El 6 de julio de 2026, ocurrió un desalojo en la comunidad garífuna de San Juan Tela, donde cientos de policías dieron persecución a miembros de la comunidad y detuvieron a 5 defensoras y defensores de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), situación sumamente preocupante pues hay antecedentes de desapariciones forzadas de jóvenes garífunas en las que se supone la participación de entes policiales.
Desde los pueblos, territorios indígenas y ancestrales, así como del movimiento social, campesino y en que luchamos, nos pronunciamos sobre el desalojo violento en contra de la comunidad garífuna de San Juan, Tela. El pronunciamiento, fue firmado por más de 30 organizaciones y movimientos de la sociedad civil hondureña. Entre sus exigencias, señalan:
“Denunciamos el lanzamiento de gases, las amenazas, los disparos a bala viva y las múltiples agresiones y violaciones de derechos humanos que caracterizaron este desalojo.
Repudiamos este ataque que se suma a la política de despojo y exterminio en contra del pueblo garífuna implementada con la complicidad Estatal”.
“Denunciamos que la reciente aprobación y puesta en marcha de la “Ley para el Fortalecimiento a la Agroindustria, proyectos de energía, Turismo, Ganadería y Pequeños Productores Agrícolas” viene a avalar el despojo de los territorios ancestrales y los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y garífunas reconocidos por organismos internacionales”.
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