La desaparición de Julia Chuñil no es un caso que inicia o termina con la formalización de los cargos realizados por el Ministerio Público

La línea que investiga la fiscal regional Tatiana Esquivel ha insistido en culpabilizar a la familia de la desaparición de Julia Chuñil, obviando los antecedentes entregados por la misma que explican las reiteradas amenazas que sufría Julia por parte del empresario Juan Carlos Morstadt.

Lo anterior nos hace recordar el caso de Macarena Valdés que, en manos de la misma fiscalía, también omitía el contexto en que se desenvuelve la muerte de Macarena. Para ese entonces, la familia Collio Valdés se oponía a la construcción de una minicentral hidroeléctrica de la multinacional austríaca RP Global. La misma fiscalía desestimó estos antecedentes, incluido un peritaje privado que indicaba que Macarena Valdés no se habría suicidado, sino que su muerte había sido provocada por terceros.

Independiente de estos antecedentes, el caso de Macarena fue cerrado tras la hipótesis del Ministerio Público de un suicidio. Con este antecedente y otros que existen, tenemos claridad de que la construcción de las líneas investigativas contra el pueblo mapuche está montada bajo un relato verosímil que permita ser creído y respaldado por la sociedad. Es decir, se construye un relato que toma aspectos más y menos reales de las personas para ser utilizados en montajes de herramientas culpabilizadoras de los crímenes que se imputan. Por otro lado, también existe la tendencia estructural por los organismos del Estado, en desplazar el foco real del conflicto, es decir las reivindicaciones de la recuperación y protección de las tierras, a conflictos meramente familiares, contribuyendo implícitamente a la categoría de “barbaros” de las personas mapuche.

Entre las distintas conversaciones que pudimos mantener con Pablo San Martín Chuñil, conocimos la historia de su madre. Él nos detallaba, inconscientemente, la historia de la invasión del Estado chileno al Wallmapu, a partir del relato de la historia de Julia Chuñil Catricura, quien tuvo que salir forzada de su lugar de origen, debido a la ocupación y despojo de tierras, hacia la ciudad de Temuco. Julia Chuñil sufrió lo que todo mapuche warriache 1 ha padecido en el despojo y el desplazamiento forzado, la pobreza, la discriminación, el racismo, el hambre, entre tantas más. La invasión chilena al Wallmapu no solo representa las pérdidas de las tierras mapuche, sino también la fragmentación de la identidad y el empobrecimiento material de miles de mapuche.

Vivos están los relatos de la importancia de volver a tu tuwün 2, al lugar de tu origen, para que tu espíritu pueda encontrarse entre los bosques con las fuerzas que fortalecerán tu püllü 3 y con el kupalme 4de tu familia. Julia Chuñil es una mujer mapuche que volvió a su tuwün para encontrarse con la tierra que le fue negada. Fue allí donde Julia Chuñil Catricura inició un proceso de recuperación territorial y protección del itxovilmongen 5.

Para comprender de manera clara los antecedentes que cruzan la desaparición de Julia Chuñil es necesario remontarse al año 2004, cuando la comunidad Blanco Lepin de Lautaro inicia una solicitud de restitución de tierra en dependencias de CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) en la región de la Araucanía. Sin embargo, solo en el año 2010, a partir de un informe de tasación de la misma institución, se anuncia la existencia de un predio que puede ser comprado para la comunidad y que cuenta con buena conectividad y que está ubicado en la comuna de Los Lagos en la región de Los Ríos.

En ese momento la propiedad pertenecía al Banco Scotiabank, pero en el año 2011 la propiedad es vendida, a través de un crédito hipotecario del mismo banco, a Juan Carlos Morstadt. Cuando CONADI celebra la compra y venta del terreno entre la empresa forestal de Juan Carlos Morstadt y la comunidad Mapuche Blanco Lepin, lo realiza por un monto de alrededor de $ 1.114.250.000, dineros que fueron depositados al Banco Scotiabank y al empresario forestal Juan Carlos Morstadt. El contrato, entre otras cosas, establecía algunas obligatoriedades para los vendedores, como construir, en una fecha determinada, un cerco perimetral en la totalidad del predio para hacer efectiva la venta. Sin embargo, una vez finalizados los plazos, la empresa forestal del empresario no cumplió con los requisitos y la comunidad Banco Lepin desiste de la idea de hacer uso del predio.

Es así como, en el año 2014, la misma comunidad levanta una demanda contra el empresario Juan Carlos Morstadt, el Banco Scotiabank y CONADI por incumplimiento del contrato celebrado. El tribunal de Los Lagos ordena, tanto al empresario como al mismo banco, realizar la restitución de los dineros recibidos a CONADI. Al año 2017, la Corte Suprema releva al Banco Scotiabank de su obligación en la restitución de dinero, indicando que la empresa forestal perteneciente a Juan Carlos Morstadt es quien debe hacerse cargo de la devolución total de los dineros. Hasta la fecha, la CONADI no ha dado cuenta de que esos dineros hayan sido efectivamente devueltos.

Es en este contexto que la comunidad indígena de Putreguel del Mafil, liderada por su presidente Julia Chuñil Catricura, inicia un proceso de recuperación territorial, al estar en conocimiento de que la comunidad Blanco Lepin no haría uso de esas tierras. El día 23 de octubre de 2015, a través de un acta asamblearia, se deja constancia del inicio de la recuperación de las tierras del fundo Lafrir. Durante esos mismos días la comunidad solicita a CONADI la restitución de las tierras a la comunidad indígena de Putreguel. Desde ese momento, Julia Chuñil Catricura consolida un conflicto de intereses con el empresario forestal Juan Carlos Morstadt, quien aún es dueño titular de las tierras en disputa. Según variados testimonios, no considerados en las líneas investigativas del ministerio público, Julia mencionó en reiteradas ocasiones la frase “si algo me pasa, ya saben quién fue”. Dichas afirmaciones hacen alusión al empresario Juan Carlos Morstadt, que, cabe mencionar, fue escuchado a partir de una receptación telefónica tener certeza de que a Julia la habrían quemado.

Hemos observado cada una de las audiencias de formalización, leyendo con náuseas a la prensa burguesa y evidenciando cómo descaradamente se busca difamar la lucha de una mujer mapuche que, tras años de vivir en la warria 6 decide volver a su tierra e iniciar un proceso de recuperación territorial. Julia Chuñil es parte de la historia de cientos de mapuche empobrecidos forzosa y violentamente por el Estado chileno. Fue presa de los efectos del alcoholismo, de las violencias sociales y familiares que hoy enfrentan muchas comunidades, y que son resultado de los ordenamientos que el sistema capitalista impone. No romanticemos la vida mapuche, y tampoco romanticemos la lucha. Hemos sido despojados, empobrecidos y alcoholizados para hacernos débiles y olvidar nuestro pasado; para ser criminalizados a través de narrativas que nos acusaron en el pasado de borrachos y hoy de terroristas… y también borrachos. El Ministerio Público hoy coloca el foco en ese dolor que despierta la rabia organizada y la memoria, coloca en el centro de la investigación la pobreza y un entorno familiar lleno de contradicciones. Nosotros y nosotras somos testigos de las consecuencias que tuvo la inserción del alcohol en las comunidades, sabemos la violencia que esto trae consigo, pero también sabemos y conocemos nuestros contextos, y sabemos bien que esta reconstrucción de marginalización de la familia Chuñil es una estrategia para sacar de la lupa los verdaderos intereses que están ocultos en este caso.

Por otro lado, no nos sorprende la aparición de un nuevo testimonio un día después de los allanamientos e inicio de formalización de cargos a los hijos e hija de Julia Chuñil, en donde, sin presencia de abogados defensores, un integrante del núcleo familiar cercano (yerno), con grados de dificultad cognitiva y alcoholismo severo, realiza una declaración que inculpa a la familia completa de la muerte de nuestra papay 7Julia; y que, misteriosamente, pese a presentarse como partícipe del crimen que se imputa, este queda en libertad condicional. Otro aspecto, muy común en los conflictos judiciales de la lucha Mapuche, es la existencia de testigos protegidos, sin nombres ni rostros, que señalan afirmaciones de ser testigos oculares de crímenes que son imputados por ley antiterrorista u otra afín. Otro aspecto, reciente e importante, es el caso de la operación Huracán, en donde existen pruebas del alto grado de persecución sistemática por parte del Estado chileno al pueblo Mapuche, persiguiendo a quien se levanta contra las opresiones y represiones del capital, a través de montajes que consisten básicamente en la instalación de pruebas falsas para encarcelar al luchador. Si bien, en este caso, se condenó a altos mandos de carabineros, no existe una lectura crítica respecto a cómo funcionan las instituciones del Estado contra el pueblo Mapuche. Aquí la responsabilidad de este caso no es individual, sino que es estructural y descansa explícitamente en las fuerzas armadas y en el sistema judicial que criminaliza y discrimina al Mapuche por luchar.

En este contexto, ¿podemos lisa y llanamente acreditar la tesis investigativa del Ministerio Público? No. Es necesario ser riguroso, observar más allá de las narrativas de los medios hegemónicos de comunicación que han replicado la construcción de una tesis discriminatoria, racista y que desmarca de este caso las contradicciones y consecuencias de la lucha Mapuche. Es importante analizar el contexto general de la vida de Julia Chuñil, de los marcos de pobreza y de criminalización de la lucha mapuche.

Fuente: Huella del Sur