La hipótesis estatal del campesino culpable

Una de las líneas de investigación apunta a la supuesta complicidad de las comunidades campesinas con los criminales que llevaron adelante el hecho. En esa postura insiste el ministro del Interior, Enrique Riera —recordado por impulsar en 2021, como senador, una ley contra la ocupación de tierras y por perseguir al campesinado—. El secretario de Estado repite con insistencia que existen grupos campesinos radicalizados y comunidades que encubren a delincuentes, acumulando acusaciones que buscan estigmatizar al sector y presentarlo como un foco de criminales peligrosos.

Se trata, sin embargo, desde mi punto de vista de afirmaciones poco fiables. Cualquiera que haya visitado una comunidad campesina en Paraguay sabe que allí encontrarán, mayormente, familias humildes, trabajadoras, solidarias y hospitalarias, con fuerte arraigo en la tierra que trabajan desde sus saberes ancestrales.

El Departamento está militarizado desde febrero de 2026, cuando el presidente de la República firmó el decreto 5554, que puso a Canindeyú bajo control del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), con la excusa de combatir el crimen organizado. Ya en 2024, dos años antes, el mandatario había declarado:

«¡Trabajamos por la seguridad de todo el país! El Gobierno del Paraguay ha enviado un importante contingente de efectivos militares, equipos tácticos y vehículos blindados a la nueva Sub Área de Pacificación del Departamento de Canindeyú. Dicho procedimiento está siendo acompañado por el comandante de las Fuerzas Militares, comandantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea, ICE, 3ª DC, CODI y las FTC, cumpliendo con el compromiso de un Paraguay más seguro» 1.

Es decir, bajo este gran operativo montado por el Estado, aun así un grupo de personas fueron capaces de moverse libremente para ir a atacar un pequeño y descuidado puesto policial.

Recordemos que estamos hablando del Gobierno que firma acuerdos militares con Estados Unidos y destina millones de dólares a la militarización del país, mientras los puestos policiales sobreviven gracias a la caridad de estancieros o de algún otro interesado —y muchos se caen a pedazos—. Ese era el caso del establecimiento atacado el 22 de julio: una infraestructura básica y visiblemente deteriorada, con paredes de madera y pintura desgastada, techo envejecido e interiores precarios ubicado en un terreno prestado, reflejo de años no inversión pública, y menos en escuelas y puestos de salud rurales.

Canindeyú, además de la existencia de grandes organizaciones delictivas, es un territorio donde campesinos e indígenas son violentados constantemente, no desde ahora sino históricamente. Allí persisten los conflictos por la tierra, los desalojos y la impunidad frente a los abusos contra estas poblaciones, mientras el discurso gubernamental insiste en hablar de «campesinos radicalizados». En ese marco conviven versiones enfrentadas: los terratenientes de la zona denuncian que campesinos armados los amenazan y agreden, mientras los campesinos denuncian ser víctimas de atropellos y violencia sistemática por parte de civiles armados que trabajan para los terratenientes.

En Canindeyú se extiende la política de persecución y criminalización a la lucha por la tierra, tal como en otros Departamentos y zonas del país. Perla Álvarez de Conamuri a finales del año 2025 señalaba para la Vía Campesina:

«Lo que venimos percibiendo es un plan de exterminio contra la población del campo para dejar las tierras libres al agronegocio. Y en la Región Oriental ocurre con una violencia brutal, dejando a cientos de familias sin nada» 2.

En un pronunciamiento reciente, la Asociación de Productores Joaju expresó su enérgico repudio a las acusaciones del Gobierno Nacional y, en particular, del Ministerio del Interior a cargo de Enrique Riera. La organización denunció un presunto intento sistemático de vincular a los pobladores de la comunidad campesina 1° de Marzo con estructuras del narcotráfico, el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y otros grupos criminales 3.

Según el comunicado, el reclamo histórico de esa comunidad gira estrictamente en torno a la construcción social y el arraigo productivo del territorio. La asociación lamentó que los procesos de regularización de tierras sigan estancados, y atribuyó esta situación a una falta de voluntad política por parte de las autoridades estatales. Lejos de hallar respuestas institucionales a sus demandas, los productores señalaron haber sufrido lo que calificaron como prácticas de «terrorismo de Estado».

“Guerra contra el campesinado”

Esta situación invita a consultar el trabajo de Ana Bautista, investigadora de Dejusticia (Colombia), quien coordinó una investigación sobre los patrones de violencia contra el campesinado (2022) 4. El estudio identifica siete patrones:

1. Despojo del poder político del campesinado.
2. Desterritorialización del campesinado.
3. La economía campesina sufre la instauración de un nuevo modelo agropecuario marcado por la violencia.
4. Estigmatización en contra del campesinado.
5. La guerra contra las drogas es la guerra contra el campesinado.
6. Refuerzo de la violencia patriarcal y heteronormativa en el marco de la violencia.
7. Violencia en contra de los jóvenes campesinos.

Vale la pena hacer una breve analogía entre lo que ocurre hoy en Canindeyú y lo que ese informe describe como el patrón de estigmatización del campesinado. No se trata de trasplantar mecánicamente el caso colombiano al paraguayo —los contextos, actores y escalas de violencia son distintos—, sino de usar esas categorías como una lupa que ayude a nombrar algo que, visto de cerca, cuesta reconocer.

Enemigo interno, criminal, pobre y atrasado:

Uno de los hallazgos de Bautista es que la estigmatización rara vez aparece sola: primero se construye la idea de que el campesinado organizado es, en el fondo, un aliado —o al menos un encubridor— de la insurgencia. Esa lectura no nace de un hecho puntual, sino que se institucionaliza y se repite a lo largo de los años, hasta volverse sentido común dentro del aparato de seguridad.

Algo de ese mecanismo parece asomar en Canindeyú y en otros territorios de presencia campesina en Paraguay. El decreto 5554 no es una respuesta puntual al ataque del 22 de julio: ya en 2024 el departamento había sido declarado «Sub Área de Pacificación» expandiendo la militarización que desde el 2013 afectaba Concepción, San Pedro y Amambay. Cuando el ministro Riera insiste en la «complicidad» de las comunidades sin pruebas concretas, no está describiendo un hecho aislado, sino reactivando —quizás sin nombrarla así— una sospecha de fondo: la de que el campesinado organizado, sobre todo el que reclama tierra, es por definición un actor a vigilar, y no un interlocutor legítimo. La vinculación con el EPP que denuncia la Asociación Joaju, encaja en este mismo patrón: convertir el reclamo de tierra en amenaza a la seguridad del Estado.

Un segundo elemento del informe describe cómo, en zonas de frontera agrícola, la política antidrogas terminó tratando al campesinado no como una población con problemas económicos estructurales, sino como parte del engranaje criminal que dice combatir. La consecuencia es doble: se militariza el territorio y se criminaliza a quien lo habita, casi sin distinguir entre quien participa de economías ilícitas y quien simplemente vive ahí, o de alguna manera es víctima de las mafias que operan en los territorios abandonados históricamente por el Estado.

La narrativa oficial mezcla con facilidad crimen organizado, narcotráfico, EPP y comunidades campesinas, como si fueran capas de un mismo problema. Cabe la pregunta: ¿en qué medida el discurso antidrogas y de «crimen organizado» funciona, en la práctica, como una forma de correr a las comunidades de un territorio en disputa, más que como una estrategia efectiva contra el delito?

Algo parecido podría estar ocurriendo en Canindeyú. El relato oficial no solo estigmatiza al campesinado como radicalizado o cómplice, también lo presenta —de forma más implícita— como una población resentida, marginal al «desarrollo» que representaría el agronegocio. Es la misma tierra que, según Perla Álvarez, se estaría intentando «dejar libre» para ese modelo de acumulación. En ese cruce, el campesinado pierde dos veces: se le niega el estatus de interlocutor político —sus reclamos históricos de regularización de tierra, documentados por la propia Asociación Joaju, llevan años sin respuesta— y, al mismo tiempo, se lo señala como amenaza.

Lo que ocurre en Canindeyú responde a una larga historia de despojo de tierras campesinas e indígenas, es la respuesta de un modelo que busca acaparar los bienes públicos. Lejos de debatir reforma agraria y buscar soluciones para las comunidades, para las personas sin tierras, lo que se busca es beneficiar al gran capital internacional.

1 Presidencia de la Republica (2024) https://www.presidencia.gov.py/noticias/ftc-ya-se-instal-en-canindey-para-reforzar-seguridad/

2 Vía Campesina (2025) https://viacampesina.org/es/paraguay-la-reforma-agraria-es-un-derecho-constitucional-pero-su-implementacion-ha-sido-sumamente-ineficiente-serie-ciradr20/

3 Demoinfo (2026) https://www.facebook.com/share/p/19Qi227rbX/

4 Dejusticia (2022) https://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/35.

Fuente: Desinformémonos