Lo que revela la filtración de los ‘secretos mineros’ sobre la protesta cotidiana a la mina Fénix en El Estor

La piedra en el zapato

Una tarde de enero de 2019, un pequeño grupo de campesinos q’eqchi’ de una comunidad en las afueras de El Estor, Izabal, arrastró una rama y la colocó atravesada en la carretera, bloqueando el tránsito. Luego colocaron dos carteles de cartón escritos con marcador negro.

“Se necesita la presencia del Señor Lic. Zapeta. Necesitamos hablar con él. Ya se terminó el año 2018. Comenzamos el año 2019. Y no hay modo que nos den trabajo. Seguimos en lo mismo. Promesa tras promesa. Necesitamos la renuncia del Lic. Roberto [Zapeta].”

Era una protesta pequeña: apenas un puñado de vecinos, dos carteles improvisados y una rama. Pero su mensaje era claro: queremos ver a Roberto Zapeta y exigirle cuentas por la falta de empleo en la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), una empresa minera, subsidiaria del Solway Group International, registrada en Suiza, pero de capital ruso.

Lo curioso es que Zapeta no decide contrataciones ni despidos. No es presidente de la empresa, ni administrador, ni siquiera parte del departamento de Relaciones Comunitarias. El capitán Roberto Zapeta es un exmilitar que dirige otra área muy distinta: la seguridad.

Y sin embargo, para los vecinos de El Estor, él es el rostro de la mina. Eso se debe a que la seguridad ha sido siempre el brazo más visible —y temido— de la empresa. Desde principios de los 2000, CGN ha enfrentado resistencia de comunidades campesinas y pescadoras q’eqchi’ que defienden el territorio frente a las amenazas del extractivismo.

A lo largo de los años, sus guardias, un pequeño ejército privado a veces reforzado por policía o militares, han ejecutado desalojos violentos, incendiado viviendas y cultivos, reprimido protestas, asesinado a un líder comunitario y, en un caso atroz, violado a 11 mujeres q’eqchi’. Para los habitantes de la zona, Zapeta simboliza esa relación de la mina con el territorio: que no es de cooperación sino de control.

El molde de la contrainsurgencia

Las tácticas de mano dura de la mina no eran improvisadas. En un artículo de 2023, Simon Granovsky-Larsen mostró que el término “contrainsurgencia corporativa” describe bien la estrategia de seguridad de CGN a finales de la década de 2000. El concepto se refiere al uso de tácticas contrainsurgentes al servicio del capital privado. Tiene cuatro componentes:

1. Influencia política en el ámbito nacional y local, incluyendo la cooptación de los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODEs);
2. Proyectos de desarrollo económico usados como herramienta de pacificación, en la línea de la campaña de “frijoles y fusiles” del general Efraín Ríos Montt durante el conflicto interno armado;
3. Recopilación de inteligencia sobre comunidades locales, identificando líderes y buscando neutralizar amenazas percibidas;
4. Estrategias coactivas que reproducen tácticas de la contrainsurgencia real, como sobrevuelos de helicópteros, quemar viviendas y cultivos o “tierra arrasada” y violencia sexual.

Cuando estalló la filtración “Secretos Mineros” en 2023, esperaba encontrar y analizar los engranajes internos de esa maquinaria: planes de desalojos, reportes de inteligencia, tácticas de vigilancia. Aunque en la filtración sí aparecen documentos y correos electrónicos en ese sentido, que ya han sido examinados por este medio, lo que finalmente decidí destacar fue algo mucho menos llamativo, pero casi igual de interesante: más de 400 informes de incidentes de seguridad, elaborados entre enero de 2018 y septiembre de 2021, que documentaban sobre todo acontecimientos sorprendentemente mundanos.

A diferencia de los documentos filtrados que acapararon los titulares, estos 400 informes no hablaban de incendiar cultivos ni de criminalizar líderes comunitarios. Registraban, más bien, lo que a primera vista parecían trivialidades: una breve protesta, un bloqueo carretero que se disipó, un vecino que recogía leña, un rumor de motosierra a lo lejos. Pero todos juntos, estos informes ofrecen una ventana poco común al dispositivo de seguridad de la mina y a sus vulnerabilidades.

Los que vigilan y los que se movilizan

Cuando hablamos del “dispositivo de seguridad” en torno a la mina Fénix, no nos referimos solo a los guardias privados de la empresa. Es un conjunto de actores que trabaja para mantener la mina en funcionamiento.

El núcleo del departamento de “Seguridad General” de la empresa, con Zapeta al mando, está compuesto por apenas veinte empleados, varios de ellos exmilitares como él. La fuerza de choque la provee SECOVISA, una compañía privada de seguridad que suministra unos 140 guardias y una decena de supervisores. Este tipo de empresas proliferaron después de los Acuerdos de Paz de 1996 y, hoy en Guatemala, los guardias privados superan a los policías en una proporción de cinco a uno, según algunas estimaciones.

El trabajo de Seguridad General iba mucho más allá de vigilar portones. Entre sus funciones estaban: recolectar información a través de redes de informantes, escuchar radios comunitarias, desplegar patrullas, coordinar vuelos de drones y mantener contacto con transportistas de la empresa que servían como ojos en la carretera. También gestionaban la relación con la PNC cuando ocurría un conflicto en la vía pública y movilizaban a SECOVISA si el problema estaba dentro de las propiedades de la empresa.

Si Seguridad General era la amenaza, “Relaciones Comunitarias” era la persuasión. Las tareas principales de este departamento eran: vincularse con autoridades locales como la municipalidad y los COCODEs, gestionar conflictos con comunidades asentadas en propiedad de la empresa y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario como parte de las iniciativas de “responsabilidad social empresarial”. Este último aspecto es clave en la contrainsurgencia corporativa: mitigar amenazas percibidas “ganando corazones y mentes” con promesas de beneficios para las comunidades locales. Conforme con la lógica de contrainsurgencia corporativa, el departamento de Relaciones Comunitarias estuvo dirigido, como era de esperar, por otro exmilitar, Maynor Álvarez Mai, hasta 2018.

Los reportes filtrados de seguridad también muestran que el departamento de Relaciones Comunitarias a veces era convocado por el equipo de seguridad. Sin embargo, su rol era secundario. A veces se invitaba a los manifestantes a reuniones en oficinas; pero el personal de Relaciones Comunitarias rara vez salía al campo para dialogar en el lugar de los hechos, para gran decepción del equipo de seguridad. 

Aun así, Relaciones Comunitarias cumplía una función clave: bajaba tensiones, aunque fuera con reuniones poco productivas (eran más bien una táctica dilatoria), y de paso recogía información. Tomaban nota de los nombres de quienes asistían a esos encuentros y transmitían rumores de ocupaciones de tierra escuchados a líderes comunitarios con quienes mantenían contacto.

La Policía Nacional Civil (PNC) figura con frecuencia en los reportes, aunque casi nunca como protagonista. Su intervención solía producirse a petición del departamento de Seguridad General, especialmente frente a bloqueos en carreteras públicas. “La gerencia de Seguridad General realizó las coordinaciones correspondientes para que las autoridades se presentaran al lugar a dialogar con los inconformes”, es una de las fórmulas que se repite una y otra vez en los documentos tras registrarse un bloqueo.

Se configuraba así una división del trabajo: la seguridad privada de CGN respondía a incidentes en propiedad de la empresa, mientras que llamaban a la PNC cuando detectaban incidentes en caminos públicos. Cabe destacar que la tarea de detección recaía en la seguridad privada.

En la práctica, la policía llegaba en pequeño número: una o dos patrullas de la subestación de El Estor, con entre dos y seis agentes. Una presencia modesta frente a las decenas de guardias que CGN podía movilizar.

Movilizaciones masivas de la PNC y del ejército también han ocurrido a lo largo de los años y han sido ampliamente documentadas en los medios de comunicación. Policía y militares respaldaron a los guardias privados durante la ola de desalojos de 2006-07, incluyendo el desalojo de Lote 8, donde 11 campesinas q’eqchi’ fueron violadas. La PNC también se movilizó en gran número durante las protestas de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor contra la contaminación del Lago de Izabal en 2017, cuando un policía abrió fuego contra manifestantes y mató al pescador Carlos Maaz. 

El ejército también fue desplegado para hacer cumplir los tres estados de sitio declarados entre 2019 y 2021. Pero estos eventos son relativamente escasos y el ejército no aparece en los reportes rutinarios que revisé.

Un Catálogo de Incidentes

¿Qué registraban entonces los reportes? Cientos de “incidentes”, la mayoría resueltos sin violencia. Casi dos tercios terminaron con una retirada pacífica, generalmente después de un diálogo con seguridad o con la policía. Apenas el 8% involucró lo que en los reportes se llamaba una “intervención”, lo que podemos interpretar como desalojo forzado. 

Un 20% de los casos concluyó en reuniones con Relaciones Comunitarias. Pero más de un tercio de esas veces, los pobladores regresaron al bloqueo poco después, insatisfechos. Solo en el 4% hubo acuerdos concretos, casi siempre menores: reparar un tendido eléctrico dañado por camiones de la empresa, agilizar el pago a extrabajadores, cumplir con protocolos ambientales ya establecidos.

El único incidente “mayor” en los reportes fue una ocupación de tierras en Livingston. La respuesta fue inmediata. Supervisores de seguridad viajaron a denunciarlo ante el Ministerio Público por la tarde del mismo día y, a la mañana del día siguiente, el gobernador de Izabal, Héctor Morales Alarcón, apareció en el lugar acompañado por 200 policías. Por la tarde, los agentes desalojaron la propiedad mientras un pequeño grupo de guardias de SECOVISA y directivos de seguridad observaban. La influencia política de la empresa —uno de los cuatro componentes de la contrainsurgencia corporativa— se hizo evidente con la reacción rápida y decisiva de las autoridades.

Ese caso fue la excepción. Los demás incidentes no eran nada más que roces cotidianos. Y entre líneas, los reportes dejaban ver las principales vulnerabilidades de la mina.

Corredores frágiles

La molestia más común, desde la perspectiva de CGN, eran los bloqueos carreteros. Representaron alrededor del 60% de todos los incidentes. La mayoría eran pequeños —menos de veinte personas en tres de cada cuatro casos— y, en su mayoría, tenían como objetivo exigir empleo a la empresa. La recurrencia de este tipo de demandas evidencia, precisamente, la escasez de trabajo disponible. El desarrollo y la prosperidad que, según los defensores de la minería, la actividad extractiva traería a la región nunca se materializaron. En su lugar, algunas comunidades enfrentaron desalojos, mientras que otras recurrieron a bloqueos de carreteras en un intento por acceder a los pocos empleos existentes. 

Algunos bloqueos duraron menos de una hora. Uno se prolongó cinco días. En promedio, retrasaban los envíos por más de siete horas. Pero incluso un grupo reducido con un tronco podía interrumpir la línea de vida de la mina: el transporte de materiales procesados entre la planta de El Estor y la terminal de exportación en Puerto Barrios.

Curiosamente, las acciones que interrumpían operaciones directas —es decir, cuando comunitarios entraban al sitio de extracción a bloquear excavadoras y maquinaria— se resolvían más rápido, en unas dos horas en promedio. Allí la empresa podía movilizar decenas de guardias y obligar a la retirada por la sola fuerza de su número. En las carreteras, en cambio, dependían de la PNC, que respondía lentamente y con unos pocos agentes que, al parecer, no tenían prisa por escalar la situación.

Para una empresa que mueve materiales en plazos ajustados, incluso los bloqueos más pequeños eran significativos. Los reportes transmiten frustración ante cada retraso. Aun cuando los bloqueos no tenían como objetivo a CGN sino a las autoridades estatales, igualmente paralizaban los envíos de la empresa, causando molestia.

Tierras extensas imposibles de vigilar

CGN posee más de 9.000 hectáreas alrededor de El Estor —demasiadas para patrullar efectivamente—. Apenas el 11% de los incidentes registrados correspondían a lo que llamo “intrusiones”: vecinos entrando para recolectar leña, sembrar milpa a escondidas entre los árboles, pescar o acarrear agua. Pero es casi seguro que la cifra real era mucho mayor. 

Por su propia naturaleza, estas acciones eran discretas. No buscaban ser visibles, como los bloqueos, sino pasar inadvertidas. A veces se registraba el sonido de una motosierra, y se enviaba una patrulla. Pero un campesino cortando leña con machete difícilmente sería detectado. Los drones podían registrar un claro dejado por un árbol grande, pero no a una familia llevándose unas ramas.

Casi todas las intrusiones registradas ocurrieron cerca de la mina y la planta, donde la vigilancia era más fuerte. En cambio, en los terrenos al oeste, cercanos a las aldeas Cahaboncito y Chichipate, no aparece ni un solo caso. Sin embargo, sería inconcebible que no ocurrieran ahí dado el número de comunidades en la zona. La explicación más probable es que apenas se patrullaban esas áreas. Los reportes se quejaban seguido de lo difícil que era cubrir extensiones tan grandes, y pedían más drones para compensar. La frase “Nuestras propiedades son extensas y demasiado vulnerables a este tipo de acciones” se repite una y otra vez.

Para las comunidades, la tierra significa sustento e historia. Para la empresa, era un dolor de cabeza permanente: demasiado grande para asegurar, demasiado valiosa para abandonar.

Molestias que se acumulan y el fantasma del enemigo interno

A primera vista, estos “incidentes” podrían parecer triviales frente a los episodios de violencia que han acaparado titulares. Pero precisamente por eso son reveladores. Los bloqueos y las intrusiones no derivaban en golpes o detenciones. Eran demasiado pequeños, demasiado rutinarios. Pero generaban interrupciones persistentes y, seguramente, costos crecientes. Se retrasaban transportes. Se vulneraban linderos. Se movilizaban guardias y refuerzos.

En Guatemala, las élites empresariales suelen lamentar la supuesta ingobernabilidad del país, refiriéndose a ocupaciones masivas o paros nacionales. Pero la imagen desde El Estor sugiere algo más sutil: un goteo constante de pequeños actos de resistencia. Una piedra en el zapato que simplemente no se puede sacar.

La creciente frustración, e incluso enojo, de CGN es evidente. En los primeros reportes, de 2018, los propios redactores incluso mostraban cierta simpatía: “Estas manifestaciones debido a la situación actual del país y a que los comunitarios carecen de empleo formal para cubrir sus necesidades básicas”, escribían.

Con el tiempo, el tono cambió. Empezaron a atribuir motivos ocultos y siniestros a los campesinos, a líderes comunitarios, a ONGs y a otros actores que los respaldan:

“Estas manifestaciones se dan repetidamente debido a que diferentes detractores manipulan y utilizan a los pobladores de pequeños grupos del Estor para generar caos y obtener beneficios y justificar su trabajo”.

“Todas las comunidades aledañas a la mina están pendientes de cualquier actividad que la compañía realiza por mínima que sea, con el objeto de intervenir en su oportunidad y sacar provecho en su beneficio”.

“Dichas actividades se han incrementado en el área siendo manejadas por diferentes ONGS con el objeto de usurpar tierras”.

“Se aferran a ciertos grupos de presión, asociaciones y/o ONG para continuar con el proceso de legalidad, asimismo se muestran intereses estratégicos por el crimen organizado”.

Ese tipo de comentario recuerda a la lógica del “enemigo interno” predominante durante la contrainsurgencia. Algunos términos han cambiado, actualizando la paranoia de la Guerra Fría al siglo XXI: ya no se trata de infiltrados cubanos que incitan al pueblo, sino de ONGs; ya los campesinos no son “terroristas”, sino “pandilleros”, “delincuentes” o integrantes del crimen organizado.

Lo revelador es la frecuencia creciente de ese discurso. A inicios de 2018, solo un 15% de los informes usaba esa retórica. La mayoría atribuía los bloqueos a la falta de oportunidades económicas o a la ausencia de programas estatales. Para los informes más recientes, a mediados de 2021, la lógica contrainsurgente del enemigo interno aparece en el 70% de los casos. La escalada de señalamientos refleja algo más que un cambio de lenguaje: revela la frustración acumulada de una empresa incapaz de sacarse la piedra del zapato.

Conclusión

Los más de 400 informes de incidente de seguridad que analicé no traían planes secretos de represión ni estrategias de espionaje espectaculares, como sí ocurría con los documentos ya expuestos por periodistas en diversos medios. Lo que ofrecían era otra cosa: una radiografía de la rutina. Guardias persiguiendo el eco de una motosierra, camioneros avisando de un bloqueo, jefes de seguridad improvisando rutas para entrar y salir de instalaciones cerradas por manifestantes.

De estos fragmentos emerge una imagen clara de las vulnerabilidades de la mina: corredores de transporte frágiles y tierras extensas imposibles de vigilar. Por todos los guardias, drones y conexiones políticas que tenga una empresa minera, sigue siendo vulnerable a los actos más simples.

Tal vez esa sea la lección. La resistencia no siempre luce como un levantamiento masivo o como un fallo de la Corte de Constitucionalidad. A veces es una rama atravesada en el camino, una milpa sembrada a escondidas en tierras de la empresa o un bloqueo que se prolonga apenas lo suficiente para arruinar un calendario de envíos.

Si esos actos se repiten y se acumulan, pueden convertir un lugar como El Estor en lo que más temen las élites: un territorio ingobernable. Y en esa ingobernabilidad, frágil y desordenada, se esconde una forma de poder profundamente disruptiva.

Fuente: Prensa Comunitaria