Organizaciones sociales nacionales e internacionales lanzan pronunciamiento contra el retorno de Honduras al CIADI

Idioma Español
País Honduras

El regreso a este tribunal internacional de arbitraje representa una grave amenaza para la soberanía nacional, los derechos colectivos y la capacidad del Estado hondureño de tomar decisiones en favor del interés público.

Hoy, diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales que defienden los derechos humanos y los derechos colectivos presentaron el manifiesto titulado: “Pronunciamiento en Defensa de la Soberanía y los Derechos Colectivos en Honduras – Volver al CIADI es una señal de sumisión Nasry Asfura al capital transnacional”, un documento que rechaza de manera firme la decisión del nuevo gobierno hondureño de reincorporar al país al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El pronunciamiento, firmado por 57 organizaciones nacionales e internacionales, advierte que el regreso a este tribunal internacional de arbitraje representa una grave amenaza para la soberanía nacional, los derechos colectivos y la capacidad del Estado hondureño de tomar decisiones en favor del interés público, el ambiente y los pueblos.

Las organizaciones firmantes recuerdan que Honduras denunció el Convenio del CIADI en febrero de 2024, como respuesta al creciente número de demandas multimillonarias presentadas por empresas transnacionales contra Honduras. Actualmente, el país enfrenta 14 litigios internacionales, con reclamaciones que ascienden a 9.895 millones de dólares, una cifra equivalente a casi una cuarta parte del PIB nacional. El retorno al CIADI no es un trámite técnico ni una garantía de seguridad jurídica, sino “una señal política de subordinación al capital transnacional”, señala el documento.

El pronunciamiento subraya que el CIADI es uno de los pilares del sistema de solución de controversias Inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés), un mecanismo que permite a los inversionistas transnacionales demandar a los Estados cuando toman medidas que consideran afectan el valor de sus inversiones. Ha sido demostrado que es un detrimento a los poderes de regulación de los Estados y las comunidades afectadas por megaproyectos extractivos. Muchas de las inversiones que han derivado en demandas contra Honduras han implicado despojo territorial, conflictos ambientales, criminalización de la protesta y violencia contra defensoras y defensores. Asimismo, el documento cuestiona el argumento oficial de que la reincorporación al CIADI atraerá inversión extranjera, recordando que países como Brasil —uno de los principales receptores de inversión en la región— nunca han sido miembros de este mecanismo.

El pronunciamiento también alerta que el regreso al CIADI podría señalar la expansión de proyectos extractivos rechazados por las comunidades, el relanzamiento de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y el fortalecimiento de marcos legales que privilegian a actores privados por encima de los derechos sociales y ambientales. Por todo esto, el Congreso Nacional va a abrir un debate público y amplio con participación de la sociedad civil, antes de aprobar cualquier intento de reincorporación de Honduras al CIADI.

“La soberanía, la justicia social y la protección del ambiente no pueden subordinarse a tribunales internacionales que protegen intereses corporativos. El pueblo hondureño tiene derecho a decidir sobre su futuro”, concluye el documento.

- El pronunciamiento completo puede consultarse y difundirse libremente en español y en inglés.

Contacto para prensa:

Jen Moore, Institute for Policy Studies, gro.cd-spi@nej

Karen Spring, Honduras Solidarity Network, gro.lossarudnoh@nerak

Contacto para la prensa en Honduras:

Red de Abogadas Defensoras de Derechos Humanos (RADDH): 9385-8718

MASSvida: 9848-2762

Fuente: Bilaterals

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

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