¿Por qué quieren “interpretar” la prohibición constitucional del arbitraje internacional?

ACCIÓN ECOLÓGICA OPINA

A fines de marzo de 2026, la Corte Constitucional resolvió  [1] que el Tratado de Protección de Inversiones entre Ecuador y Emiratos Árabes Unidos (TBI Ecuador-EAU) es “constitucional siempre y cuando su artículo 20 incorpore una exclusión expresa”  en relación con el artículo 422 de la Constitución, que prohíbe el arbitraje internacional. Por esta razón, el gobierno debe renegociar el Tratado y presentarlo nuevamente a la Corte para un dictamen definitivo.

Existen varias preocupaciones respecto de las implicaciones de la excepción planteada por la Corte Constitucional.

En el Ecuador ya hemos visto intentos de eliminar el artículo 422 que señala que “No se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional, en controversias contractuales o de índole comercial, entre el Estado y personas naturales o jurídicas privadas”.

Es una prohibición clara y explícita que ya se quiso eliminar en el referéndum de abril de 2024 (pregunta D), pero que recibió una respuesta mayoritaria de rechazo por parte de la población: el 65,16% votó NO a dicha pretensión.

Otra amenaza es la creación de una sede en Ecuador de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), tribunal con base en Holanda. Esto se dio mediante el Decreto Ejecutivo 501, emitido el 8 de enero de 2025 por Daniel Noboa, con el objetivo de “Ratificar en todo su contenido el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República del Ecuador y la Corte Permanente de Arbitraje (CPA)” -negociado previamente por Guillermo Lasso-. Esta sede servirá “para la resolución pacífica de controversias internacionales mediante arbitraje, mediación, conciliación y comisiones de investigación”  [2] . Es decir se buscaría “nacionalizar” el arbitraje, para que supuestamente no entre en contradicción con  el artículo 422.

El registro de demandas de arbitraje internacional contra el Ecuador en la Corte Permanente de Arbitraje es impactante: 17 demandas entre las que constan los casos de  empresas transnacionales petroleras, mineras y otras; por ejemplo, Chevron, Junefield, Holcim, Cuyabeno Petro, Ecuador TLC, Cayman, Teikoku, Lynton Trading Ltd, Albacora, Murphy, Copper Mesa. Al tener la CPA una sede  en el Ecuador, el Estado ecuatoriano podría ser demandado ante este tribunal dentro de su propio territorio.

La voz de la sociedad civil a través de amicus curiae

En este escenario, organizaciones sociales y redes internacionales y del Ecuador presentaron en la Corte Constitucional varios amicus curiae para exponer sus argumentos sobre el peligro de aprobar el TBI Ecuador-EAU, que incluye el arbitraje internacional. Uno de ellos  [3] fue el de Transnational Institute (TNI) -centro de investigaciones con sede en Holanda-, Acción Ecológica y el Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo, en el que enfatizan que el tratado con Emiratos Árabes Unidos viola frontalmente el Art. 422 de la Constitución, desconoce la voluntad popular expresada en las urnas y reproduce un modelo de protección de inversiones que la experiencia ecuatoriana ha demostrado ser gravemente perjudicial en términos fiscales, ambientales y sociales.

Dieciséis juristas internacionales cuestionan a la Corte Constitucional

Más recientemente, una carta  [4] publicada este 10 de junio en el periódico El País, firmada por juristas, exjueces, exrelatores de NNUU y exautoridades de organismos internacionales de derechos humanos, alerta entre otras cosas sobre las implicaciones de la decisión tomada por la Corte Constitucional respecto al TBI Ecuador-EAU. Destacan el riesgo de  hacer una diferenciación que resulta artificial entre controversias contractuales o comerciales, prohibidas por el artículo 422, y controversias derivadas de tratados de inversión, supuestamente permitidas.

Según esta interpretación, advierten, el Art. 422 de la Constitución terminaría prohibiendo algo que en la práctica ya no existiría: los tratados que explícitamente digan “controversias contractuales”, aunque esas mismas controversias puedan ser arbitradas simplemente bajo la etiqueta de “inversiones”. En otras palabras, la prohibición constitucional podría evitarse únicamente cambiando el nombre de la controversia.

El camino abierto por la Corte Constitucional mediante este dictamen significa desconocer no solo sus propias resoluciones relacionadas con el artículo 422 a lo largo de años, sino el pronunciamiento popular expresado en consultas ciudadanas de obligatorio cumplimiento por parte de las autoridades. 

Además, preocupa que la excepción expuesta por la Corte en el dictamen sobre el TBI Ecuador-EAU pudiera abrir una puerta al arbitraje internacional no solo para este tratado sino también para otros.

Curiosamente, el embajador de Canadá y el ministro de Comercio Exterior del Ecuador anunciaron que la firma del TLC entre ambos países -postergada desde hace más de un año- se daría a mediados de julio próximo. Este un tratado que incluye el arbitraje internacional en su capítulo sobre Inversiones y no debería firmarse porque significará violar el artículo 422 de la Constitución, a no ser que ahora ya cuenten con una forma de eludir esa prohibición constitucional.

Notas:

[1]     Ver Dictamen 19-25-TI/26A     https://esacc.corteconstitucional.gob.ec/storage/api/v1/10_DWL_FL/e2NhcnBldGE6J3RyYW1pdGUnLCB1dWlkOic2NzhhZTEwMC05N2ZiLTQ2NzctOWIxMy1lZmE2MzM1Mzg0YzAucGRmJ30=

[2]       Esta descripción se encuentra en el Art. 3 del Dictamen 16-24-TI/24 de la Corte Constitucional, emitido para responder a la consulta del gobierno sobre si este Acuerdo requiere aprobación legislativa antes de ser ratificado por el Presidente de la República.

[3] Se puede descargar el texto completo del amicus aquí https://www.accionecologica.org/wp-content/uploads/AMICUS-arbitraje.pdf

[4]        Dieciseis juristas internacionales cuestionan a la Corte Constitucional de Ecuador por revivir un arbitraje rechazado en las urnas     https://x.com/elpais_america/status/2064836665592402218

Fuente: Acción Ecológica