Sobre las autorizaciones ambientales previas para iniciativas de prospección sísmica en el mar uruguayo

Los objetivos de transición energética tendientes a reducir drásticamente las emisiones de CO2 y avanzar hacia cero emisiones no admiten proyectos de exploración o explotación de petróleo. La crisis climática y ambiental es muy evidente y las consecuencias de la misma para nuestro país, así como a nivel global son graves e incluso algunas irreversibles. Existe amplísima evidencia científica que demuestra cómo la exploración y explotación de combustibles fósiles es una de las causas estructurales de la crisis climática y tiene impactos nefastos en los territorios, los sistemas ecológicos y sus funciones, la biodiversidad, el agua y los medios de sustento.

Además, los actores empresariales detrás de estos proyectos son de carácter transnacional y están señalados en otros países y regiones como criminales climáticos y responsables de violación de derechos humanos. Por ejemplo, en Ecuador Chevron operó durante 26 años explotando un área de 500 mil hectáreas de selva amazónica utilizando tecnología obsoleta y provocando la destrucción de territorios y biodiversidad, contaminando ríos, vertientes y aguas subterráneas con derrames y quemas diarias en mecheros de manera negligente.

55 años después de iniciadas las operaciones de extracción y 33 años después de que la empresa se retirara del país, las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas afectados, en el Ecuador, siguen sin acceder a la justicia y reparación.

Chevron no sólo inició acciones legales y logró fallos a su favor en todas las instancias judiciales, evadió la justicia e incumplió los fallos judiciales, sino que recurrió a un tribunal arbitral en el exterior para demandar al Estado ecuatoriano por una cifra millonaria, alegando una afectación a su imagen. Esto a pesar de que la Constitución de Ecuador no permite la solución de controversias Inversionista – Estado en tribunales arbitrales internacionales, y el Pueblo Ecuatoriano ha ratificado recientemente el apoyo a dicha disposición constitucional.

Visibilizamos esta situación porque demuestra la impunidad corporativa de la que gozan las empresas de la industria de los combustibles fósiles.

La larga lista de impactos ambientales, sociales, de salud pública y económicos de los combustibles fósiles ampliamente documentados en diferentes partes del mundo, debería hacernos reflexionar y no avanzar con estos proyectos. Uruguay debería ser un ejemplo en la región y en el mundo y rechazar este tipo de proyectos en un contexto en que las empresas fósiles ejercen presiones para impedir el avance de una transición justa que de respuesta integral a la crisis climática y la transformación de la matriz energética fósil.

Fuente: Redes - Amigos de la Tierra