Un pueblo maya logra cerrar la megagranja de la familia del poderoso conductor de tv Carlos Loret de Mola

Santa María Chi es una comunidad maya ubicada en Yucatán, al sureste de México, que carga con las secuelas de una megagranja porcícola que durante más de tres décadas operó en las inmediaciones del poblado. En esta localidad de alrededor de 500 habitantes, la actividad de las empresas: Pecuaria Peninsular, Grupo San Gerardo y Chumoxil, representadas por Oswaldo Loret de Mola Coldwell y Francisco José Loret de Mola Díaz estuvo, marcada por la contaminación del aire y de los mantos acuíferos, la aparición de problemas de salud y el deterioro del tejido social.

Aunque la granja fue clausurada, la lucha de la comunidad no terminó con el cierre de las instalaciones. Durante años, los habitantes tuvieron que enfrentarse a la persecución política, de uno de los clanes familiares con mayor influencia en Yucatán: los Loret de Mola.

Entre sus integrantes más conocidos se encuentra Carlos Loret de Mola, comunicador, conductor de noticias y vocero de la derecha en el país, hijo del escritor Rafael Loret de Mola y nieto de Carlos Loret de Mola Mediz, exgobernador del mismo estado.

Además de su presencia en sectores como la industria porcícola, las gasolineras y los bienes raíces, la familia ha mantenido una importante actividad empresarial en la región a través de inversiones agrupadas bajo el nombre de Grupo Lodemo

Más de tres décadas de resistencia

La granja porcícola, que trajo consigo diversos impactos ambientales, comenzó a operar en 1986 y conforme fue expandiéndose, las afectaciones se hicieron cada vez más evidentes, hasta llegar a ocupar un predio de 221 hectáreas. En su momento, albergó a una población de más de 40 mil cerdos, contaba con más de 40 naves de producción y disponía de pozos a cielo abierto para el almacenamiento de excrementos y aguas residuales.

La industria porcina figura entre las actividades pecuarias con mayor impacto ambiental debido al enorme volumen de residuos que genera. Un solo cerdo produce entre seis y ocho kilos de excretas al día, con altas concentraciones de nitrógeno y fósforo que pueden rebasar la capacidad de absorción de los ecosistemas.

Cuando estos residuos, conocidos como purines, no son manejados adecuadamente, o cuando las lagunas de lixiviación se desbordan, nitratos, bacterias como E. coli, residuos de antibióticos y metales pesados se filtran hacia los mantos acuíferos, comprometiendo la calidad del agua y el equilibrio ambiental de las zonas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las y los vecinos de la comunidad, durante los últimos 15 años de funcionamiento de la granja se generó una contaminación total de las reservas de agua y del ambiente en el pueblo de Santa María Chi.

El comienzo de una batalla legal

Por ello, en 2021 comenzaron una batalla legal ante la PROFEPA (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), donde presentaron diversas denuncias por los impactos de las granjas porcícolas en la península.

Estas acciones derivaron en la realización de inspecciones, en distintos municipios de Yucatán, donde se constataron incumplimientos relacionados con la descarga de aguas residuales y la emisión de gases de efecto invernadero. Como resultado, los propietarios de la empresa fueron multados con 17.8 millones de pesos.

A pesar de estas medidas, las irregularidades continuaron, lo que llevó a que el caso escalara en el ámbito administrativo.

El 30 de noviembre de 2023, se formalizó la sanción derivada de aquellos hallazgos iniciales, la cual no solo confirmó la multa millonaria, sino que también estableció una clausura parcial y temporal, enfocada específicamente en la suspensión de las descargas de aguas residuales provenientes del proceso productivo.

Sin embargo, la persistencia de los incumplimientos y la falta de correcciones sustanciales derivaron en una segunda etapa más severa del procedimiento. El 4 de septiembre de 2025, la autoridad ambiental emitió una resolución más contundente: la clausura total y definitiva de la granja porcícola, al acreditarse la reincidencia en al menos siete medidas correctivas previamente impuestas.

Entre las faltas más relevantes se encontraba la descarga de aguas sin autorización y la omisión en el tratamiento adecuado de los lodos generados por la operación.

Como parte de esta determinación, se impuso una nueva sanción económica que ascendió a aproximadamente 18.6 millones de pesos, además de obligar a la empresa a iniciar un proceso de desmantelamiento y cierre controlado, que incluyó la presentación de un calendario de salida de los animales y la desocupación progresiva de las instalaciones.

Posteriormente, entre septiembre de 2025 y abril de 2026, se implementó el programa de cierre bajo supervisión oficial. Durante este periodo, PROFEPA verificó el retiro de más de 41 mil 500 cerdos y constató la desocupación total del predio, dando cumplimiento a la orden de clausura definitiva.

Persecución política contra las autoridades tradicionales

Sin embargo, la victoria es parcial, Paralelamente al desgaste legal de la empresa, se abrió un nuevo frente: el intento de criminalizar a quienes encabezaron la defensa del territorio.

En este contexto, Wilberth Nahuat Puc, autoridad comunitaria de Santa María Chi, fue sometido a un proceso penal impulsado por las propias empresas vinculadas a la megagranja, en el que se le atribuyeron delitos como despojo y privación ilegal de la libertad.

Estas acusaciones surgieron a raíz de las protestas comunitarias realizadas durante el punto más álgido de la resistencia en 2023, cuando los habitantes instalaron un campamento cerca de los accesos de la porcícola para exigir el cese de las descargas contaminantes y la intervención efectiva de las autoridades.

El proceso judicial en su contra se extendió por casi tres años, convirtiéndose en un mecanismo de presión que formó parte de una estrategia para debilitar la organización comunitaria. Durante ese periodo, el representante maya enfrentó audiencias, señalamientos y el riesgo constante de privación de la libertad, mientras la comunidad sostenía su exigencia de justicia ambiental.

Sin embargo, el pasado 17 junio, una resolución judicial determinó su absolución, al no encontrarse elementos suficientes para sostener las acusaciones. La decisión no solo cerró el expediente penal, sino que también fue interpretada como un reconocimiento indirecto de la legitimidad de la protesta comunitaria frente a los impactos ambientales documentados durante años.

Este desenlace se sumó al proceso que ya había llevado a la suspensión y posterior desmantelamiento de la mega granja, consolidando así un punto de inflexión en la disputa entre la comunidad y las empresas responsables.

No obstante, la resolución judicial no resolvió el problema de fondo: las afectaciones ambientales acumuladas a lo largo de décadas permanecen como una herencia pendiente de atención, especialmente en lo relacionado con la contaminación del agua y la recuperación del ecosistema de la zona.

Fuente: Diario Red