Vigilancia digital en la frontera sur de México: informe revela tecnologías usadas para el control migratorio

Actores estatales, organismos internacionales y el crimen organizado utilizan diferentes estrategias para vigilar a personas en movilidad y defensores de derechos humanos en la región de la frontera sur de México. En el informe Caminos Vigilados: Vigilancia de personas en movilidad y personas defensoras en la frontera sur de México, la organización Movilidades Libres y Elegidas (Colibres) documentó algunas de estas estrategias y las empresas detrás de ellas.

Dentro de los datos recabados, una de las acciones más comunes es la revisión arbitraria de dispositivos. Esta estrategia, utilizada tanto por autoridades estatales como por miembros del crimen organizado consiste en el decomiso y la revisión forzada de celulares y computadoras, principalmente en retenes y oficinas de trámites migratorios.

Colibres reportó que en ocasiones esta práctica también es realizada por agentes del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el contexto de trámites de apoyo humantario.

La organización también denunció que en la legislación mexicana no existen criterios legales claros sobre la revisión arbitraria de dispositivos móviles, por lo que esta práctica se realiza sin garantías ni transparencia.

Drones

Una tecnología que se usa de forma muy extendida para la vigilancia en la zona fronteriza es el uso de drones. La investigación realizada por Colibres documentó el uso de estos dispositivos en los tres principales corredores migratorios del sureste mexicano, destacando su uso por la Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2018 para vigilar a caravanas y campamentos de migrantes.

Para Colibres, además de la vigilancia, el uso de drones, en un contexto de nula regulación, es principalmente una estrategia de intimidación. “La opacidad en el uso de drones —sin justificación clara sobre sus objetivos— genera temor e incertidumbre en las personas sobrevoladas. Su llamativa presencia revela su función primordial como herramienta de intimidación”, afirman en su informe.

Videovigilancia

Las cámaras de videovigilancia es otra herramienta muy extendida en la región fronteriza, tanto en instituciones estatales como en el espacio público. Sin embargo, la investigación realizada por Colibres denunció que en diversos municipios, identificados con el paso de personas en movilidad y corredores de tráfico de personas, el crimen organizado ha instalado sus propios circuitos de cámaras.

^{Inspecciones rayos X para identificar migrantes en trasnportes públicos que cruzan la frontera sur de México.}

El uso de escáneres y equipos de rayos X también fue documentado en el informe, principalmente en retenes de carretera, donde se utilizan para revisar tanto equipaje como personas, así como verificar documentación. Para Colibres, el despliegue de este tipo de tecnología es una muestra de la creciente tecnificación de la vigilancia en la región fronteriza.

Datos Biométricos

En este mismo sentido, en la zona se ha extendido la práctica del registro de datos biométricos, principalmente huellas dactilares, rostro e iris, por parte tanto del Instituto Nacional de Migración, como por la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ACNUR. El uso de esta tecnología resulta especialmente preocupante para la organización firmante de este informe por la falta de transparencia en el almacenamiento de esta información sensible. En México tampoco existen marcos legales adecuados para el manejo de esta información, así como no hay claridad de cómo se almacenan y utilizan los datos.

“No existen mecanismos robustos para evitar el acceso ilegal, la filtración o la comercialización de los datos biométricos. Esto expone a las personas migrantes a riesgos de extorsión, secuestro, tráfico de información, entre otros”, afirma Colibres.

^{Funcionarios de INM durante operativos para detener personas en movilidad en la frontera sur de México.}

Organizaciones han denunciado que el gobierno mexicano comparte estas bases de datos con el gobierno de los Estados Unidos, facilitando la vigilancia transfronteriza e impulsando la deportación a través del perfilamiento racial. Desde 2004, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) ha denunciado cómo INM recaba y comparte datos biométricos de personas migrantes con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP). En el documento El uso de las tecnologías digitales en los contextos migratorios: necesidades, oportunidades y riesgos para el ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes, defensoras y periodistas, la R3D denunció que entre 2018 y 2024 fueron transferidos más de 400 mil perfiles de datos biométricos entre ambas agencias migratorias.

Colibres declaró que es preocupante que tanto la COMAR como el ACNUR tomen y almacenen datos biométricos de personas que necesitan protección internacional, considerando que son personas ya vulnerables a ataques, muchas de ellas víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos. “La presencia de los organismos internacionales, particularmente organismos de la ONU, en la frontera sur de México, como en otras partes del mundo, ha sido de extracción de información. El uso de tecnología para vigilar y controlar a las personas en movilidad, así como a las personas defensoras —condicionando el apoyo a cambio de datos sensibles— se replica en esta región”, afirma el informe.

Territorios controlados

Además, diversos actores desarrollan estrategias para la vigilancia y el control de personas en movilidad en la frontera sur de México. Por un lado, está la manipulación de la conectividad a internet, que se realiza a través de cortes de luz, el bloqueo de internet y la instalación de antenas irregulares. De acuerdo a la investigación Caminos Vigilados, esta última estrategia, desarrollada principalmente por grupos del crimen organizado, genera pánico entre la población local y las personas en movilidad al representar el riesgo de que las comunicaciones sean intervenidas.

^{Informe Caminos Vigilados.}

Por otro lado, los retenes, como lugares caracterizados por la hipervigilancia, se constituyen en zonas de alto riesgo para las personas migrantes. En ellos ocurren continuamente extorsiones, secuestros y revisiones arbitrarias, y es común que sean instalados en puntos intermedios entre poblaciones, teniendo poca disponibilidad de señal telefónica y conectividad a internet, dejando incomunicadas a las personas al ser detenidas por el Intituto Nacional de Migración. De igual manera, los retenes no solo son instalados por agencias con facultades migratorias, sino que muchos de ellos son impuestos por grupos del crimen organizado.

Economía de la vigilancia

Como trasfondo de este entramado de estrategias de vigilancia y control, la investigación Caminos Vigilados encontró la acción de empresas proveedoras de servicios de tecnología, quienes facilitan, principalmente a las instancias estatales de control migratorio y de seguridad, distintas herramientas tecnológicas.

A la fecha de la publicación de su investigación, agosto de 2025, Colibres identificó 50 empresasque suministran tecnología de vigilancia al gobierno mexicano, todos ellos proveedores internacionales entre los que destacan empresas originarias de Israel, Alemania, Estados Unidos e Italia. Al día de hoy, la iniciativa Surveillance Watch, reporta 72 empresas de tecnología de vigilancia actuando en México.

Entre las adquisiciones del Estado mexicano, el informe destaca Cellebrite, software israelí de extracción forense que permite acceder a la información almacenada en dispositivos como son comunicaciones privadas, datos de identificación de las comunicaciones, así como todo tipo de información, documentos, archivos de texto, audio, imagen, video, y datos remotos vinculados.

El Instituto Nacional de Migración es uno de los clientes de Cellebrite a nivel federal, según reveló el informe de Colibres, donde la organización también expresa su preocupación por esta práctica dado que el INM no tiene facultades legales para la intervención de comunicaciones privadas.

De acuerdo a la investigación, el Estado mexicano utiliza empresas intermediarias en la adquisición de la mayoría de estos servicios y productos para la vigilancia. Entre ellas, se identificaron al menos 22 empresas contratadas para servicios relacionados al control migratorio. Sin embargo, existe una grave opacidad sobre la adquisición de estos servicios. En el documento, Colibres también denunció que en los datos públicos sobre contrataciones no se explicita qué tipo de herramientas ha adquirido el gobierno mexicano, solo se mencionan a las empresas.

Fuente:  avispa.org