Adazahira Chávez

En Juchitán, San Dionisio del Mar y San Mateo del Mar, las tres comunidades oaxaqueñas de las que se expulsó a las empresas eólicas y en las no hay un solo aerogenerador, se viven hoy violencia y división comunitaria con tintes partidistas, impulsadas por el Estado y financiadas por las transnacionales, denuncia Rodrigo Flores Peñaloza, integrante de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT).

Los rarámuri del ejido Wawachérare viven desde hace casi 50 años un despojo de su territorio operado por el gobierno federal, a diferencia de otras comunidades –como el ejido Baqueachi, también en la sierra de Chihuahua- donde son particulares quienes invaden las tierras.

Los titulares del Tribunal Superior Agrario tienen en sus manos la posibilidad de devolver el territorio al pueblo rarámuri del ejido Baqueachi, en Chihuahua, envuelto en una disputa con los acaudalados ganaderos mestizos de Carichí que desde hace al menos 80 años invadieron sus tierras.

Lo repite una y otra vez: en un sistema en el que los gobiernos se corrompen para ayudar a las corporaciones de transgénicos a imponerse, la mejor arma es la no cooperación, la “fuerza de la verdad”. Vandana Shiva, física, filósofa y una de las más conocidas defensoras de las semillas nativas, apuesta por la conservación de las formas tradicionales de siembra pero también por la lucha legal para detener a Monsanto, empresa a la que ubica como la más corrupta y la mayor enemiga de la ciencia.

"En el fondo del problema que año con año enfrentan las cucapás de Baja California para poder pescar —debido a la creación de una reserva natural que les impuso vedas y topes de captura—, está el derecho al territorio, a la consulta y al acceso a los recursos naturales."

Ante el poco tiempo que queda para que venza la concesión del Proyecto Integral Morelos, el gobierno decidió usar al ejército para imponer el gasoducto que las comunidades rechazaron. Sin embargo, en los pueblos “nadie se echa para atrás”, señala la activista Miriam Vargas.

"En el documental se retratan, en una especie de juicio, los argumentos que tienen el pueblo wixárika, los empresarios mineros, los habitantes de Real de Catorce, San Luis Potosí, y los funcionarios gubernamentales en torno a la explotación minera en el lugar sagrado de Wirikuta, buscando el contraste entre la visión de modernidad y la espiritualidad."

Las ganancias monetarias de dejar entrar a los megaproyectos a las tierras de propiedad social pueden ser grandes al principio, pero los costos sociales y ambientales “son enormes” largo plazo, advierte el abogado Francisco López Bárcenas.