Carey Gillam

La editora del sitio informativo The New Lede de Estados Unidos detalla el papel de Monsanto en la industria agrícola desde 1998. La empresa, que fue comprada por la alemana Bayer, acumula juicios y condenas por su herbicida glifosato. Una nueva prueba, ahora de una investigación italiana, da cuenta del agrotóxico y su vínculo con el cáncer.

Una corte de apelaciones de California rechazó el martes el esfuerzo de Monsanto para recortar 4 millones de la cantidad de dinero que le debe a un jardinero de California que está luchando por sobrevivir al cáncer que un jurado encontró que fue causado por la exposición del hombre a los herbicidas Roundup de Monsanto.

Poco antes de que se inicien dos nuevos juicios contra Monsanto/Bayer, avanzan conversaciones para llegar a un acuerdo nacional, que incluya indemnizaciones a todos los demandantes.

Los propios correos electrónicos y documentos de Monsanto revelan una campaña de desinformación para ocultar los posibles vínculos de su herbicida con el cáncer.

Un juez de California acepta que el jurado considere la denuncia de ocultación de pruebas en una demanda contra la empresa, además de las pruebas científicas sobre el cáncer del demandante.

Documentos internos de la Agencia de Control Ambiental (EPA) plantean preguntas sobre cómo y por qué los reguladores durante años no han exigido pruebas ni estudios sólidos sobre la composición del herbicida más utilizado en el mundo.

Hace unos tres años, los ejecutivos de Monsanto se dieron cuenta de que tenían un gran problema entre manos. Corría septiembre de 2014 y el químico más vendido de la compañía, el herbicida glifosato, el principal de los productos Roundup de la marca Monsanto, había sido seleccionado entre un puñado de pesticidas para ser sometido al escrutinio de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas.

Correos electrónicos gubernamentales – recientemente conocidos públicamente- dan cuenta del constante esfuerzo realizado por varios funcionarios de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para ralentizar la revisión de seguridad por parte de una agencia federal sobre el herbicida más vendido de Monsanto.