Daniel Gatti

En momentos en que se presenta una nueva demanda internacional contra el presidente de Brasil por crímenes contra la humanidad por la devastación que está causando su política de deforestación en la Amazonia se difunde un informe que destaca la responsabilidad de empresas y bancos occidentales en esas prácticas.

La industria química está presionando en Europa para que el glifosato pueda seguir siendo empleado en el continente, a pesar de que 60 por ciento de los estudios universitarios publicados en la región demuestran su nocividad.

Con menos de 50 años, Julio de los Santos tiene una incapacidad física de cerca del 90 por ciento, respira con ayuda mecánica y para sobrevivir necesita enormidad de medicamentos y tratarse casi todos los días en un centro de salud. Todo eso se lo debe a su exposición a agrotóxicos durante los 384 días en los que la empresa para la que trabajaba, Arrozal 33, lo exprimió hasta más no poder.

Desde la ausencia de consulta previa hasta irregularidades de funcionamiento de todo tipo pasando por la falta de un estudio completo de impacto ambiental: el puerto que la transnacional Cargill opera desde 2003 sobre el río Tapajós, en el estado de Pará, se saltea alegremente normas ambientales elementales, pasa por encima de los derechos de los pueblos indígenas que allí viven y tiene consecuencias económicas negativas sobre la región.

De a poco, a fuerza de investigaciones independientes y de acciones judiciales, las transnacionales agroquímicas y sus productos estrella van quedando al desnudo. Después de Bayer-Monsanto le tocó el turno a Syngenta.

Ubicada entre las empresas que mayores ganancias han obtenido durante la pandemia de coronavirus, dirigida por el hombre más rico del planeta, Amazon no sólo ha agravado la crisis del pequeño y mediano comercio urbano a escala planetaria, sino que ha expandido un modelo de organización laboral absolutamente depredador.

A sus casi 79 años Tran To Nga dice estar librando “la” batalla de su vida: intentar que 14 transnacionales paguen por su responsabilidad en el uso durante la guerra de Vietnam del “agente naranja”, que a ella y a millones de sus compatriotas les destruyó el cuerpo y la existencia. El juicio que les inició en 2014 en Francia entró en su etapa final.

El plaguicida Firponil fue el responsable de la muerte de millones de abejas en Costa Rica. Lo determinó un informe oficial, que coincide con otros difundidos en Brasil por la Rel UITA y APISBio, donde el exterminio de esos insectos es ya un desastre nacional.