Francisco López Bárcenas

Hace 21 años los neoliberales que gobiernan México modificaron el sistema jurídico que regula las actividades mineras, para cambiar sustancialmente las formas de apropiación de esta riqueza nacional y que en lugar de beneficiar a los mexicanos pasara a satisfacer la voracidad de las empresas transnacionales.

México. Julio y agosto pueden ser nombrados los meses de la defensa del territorio contra el despojo del patrimonio nacional causado por los megaproyectos, para beneficio de los dueños del capital. Aunque la afectación perjudica a todos los mexicanos, quienes lo sufren de forma más directa son los pueblos indígenas, porque los codiciados bienes se ubican en sus territorios.

Aunque la Constitución de México dicta lo contrario, la actividad minera sólo beneficia al sector privado, mientras afecta el derecho al agua, a la alimentación y al desarrollo integral y sustentable del país.

Una tabla en el ancho mar de abusos estatales. En su afán por apoderarse de los territorios indígenas para establecer megaproyectos, el gobierno mexicano y las empresas violan los derechos de pueblos y comunidades. Para defenderse, los habitantes originarios de México pueden conocer y utilizar el derecho a la consulta, pero sin olvidarse de la movilización social y la denuncia política.

"Tres días antes de dejar el poder, el presidente Felipe Calderón Hinojosa presentó en el Senado una iniciativa para modificar el contenido de la Ley Agraria, reformando 23 artículos, derogando cuatro e incorporando uno nuevo. La iniciativa busca acabar con el ejido y convertirlo en propiedad privada, conservando sólo el nombre."

Cuando las empresas trasnacionales saquean los recursos naturales “desaparecen pueblos y nadie es responsable, mueren gente y nadie es responsable, se gastan el dinero y no hay obra y nadie es responsable. Son cosas que suceden en este país”.

"La demanda de que se reforme la legislación en materia minera tiene razones y causas justas que la sustenten. Además de las económicas y sociales que exponen quienes se han manifestado públicamente en ese sentido, existen otras, de naturaleza jurídica, a las que aquí quiero referirme."

"Hace 11 años, en el municipio de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí, comenzó la resistencia popular contra el despojo a la nación y los mexicanos por la gran industria minera. Ahora, con la legitimidad que les da una década de lucha, preparan la realización del undécimo festival de la resistencia contra la actividad minera a gran escala."