Lucía Guadagno

Perla Álvarez, militante de la Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, denuncia la ola de desalojos y criminalización que el Estado lleva adelante para liberar y extranjerizar los territorios a manos del agronegocio, el monocultivo de árboles y el narco. Frente a ese proceso, destaca la rearticulación de organizaciones y movimientos populares para ejercer el derecho a la tierra.

El Centro de Exportadores de Cereales (CEC), conformado por las grandes empresas del agronegocio, denunció ante la Justicia Federal irregularidades y falta de transparencia en la aprobación del trigo HB4 de la empresa Bioceres. Afirma que no se tuvo en cuenta el riesgo comercial que implica liberar un transgénico que es rechazado por los principales mercados internacionales.

Investigadores del Conicet y de tres universidades confirmaron, por primera vez, que los herbicidas glifosato y glufosinato de amonio se mezclan con facilidad en el ambiente y generan un nuevo contaminante. Producen severas consecuencias en los anfibios (indicador de lo que podría pasar en humanos). El glufosinato, prohibido en la Unión Europea, se utiliza en el trigo transgénico.

Un juez de Mar del Plata dictó una medida cautelar que inhabilita el uso y liberación del trigo HB4 en territorio bonaerense hasta que se conforme una comisión que evalúe sus efectos. La sentencia responde a un amparo colectivo presentado por agricultores, organizaciones sociales y pueblos indígenas. Destacan que la acción podría replicarse en otras provincias.

El fiscal Fabián Canda volvió a pedir al juez Santiago Carrillo que dicte una medida cautelar para evitar daños "irreparables" en el ambiente. En noviembre, el Juez había determinado que la aprobación del transgénico incumplía la legislación nacional y el Acuerdo de Escazú. El trigo HB4 es cuestionado por productores, cámaras empresarias y asambleas socioambientales.

El organismo brasileño que autoriza los transgénicos volvió a postergar la aprobación del trigo HB4, de la empresa Bioceres. Pese a ello, en 2020, en la Argentina se sembraron 6000 hectáreas, se cosecharon unas 17.000 toneladas y este año avanzó su cultivo en al menos cinco provincias. El cereal modificado genéticamente es rechazado por cámaras empresarias, pequeños productores, científicos y organizaciones sociales de todo el Cono Sur.

El trabajo “Cuerpo-Territorio” da cuenta de diez problemas ambientales de Argentina y Sudamérica y sus impactos en la salud. Agronegocio, incendios, feedlots, megaminería, explotaciones forestales y fracking, entre otras actividades, y sus consecuencias sanitarias.

Científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza se oponen al modelo de ciencia al servicio de las industrias contaminantes y promueven la construcción de conocimiento.