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Bernarda Pesoa, lideresa de la comunidad Santa Rosa, del pueblo Toba Qom, encabezó un mitin de protesta frente a la Fiscalía de Villa Hayes en reclamo a diversas agresiones en su territorio.

Desde el año 2000 se registra una disminución de superficies de áreas protegidas de más de 344.869 hectáreas, según la investigación publicada en la Revista de Ciencias Ambientales sobre la evaluación de implementación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Paraguay (Sinasip).

Nuevos focos de incendio elevan a 100.000 las hectáreas quemadas solo en el Chaco, zona de emergencia. En San Pedro se registra muerte de vacunos y en Paso Yobái ardió una mina de oro.

Según estudio, pérdida de bosques apeligra vida útil de la represa y le costaría a la binacional USD 23 millones al año en dragado del río. Análisis muestra incumplimiento de legislación ambiental.

En el país solo hay 16 millones de hectáreas boscosas. La mayoría de las franjas verdes pertenecen al sector privado. Solo el 20% está en manos del Estado, según un informe del Instituto Forestal Nacional (Infona).

“Cuando fuimos a la comunidad San Juan, Departamento de Canindeyú, observamos en sojales productos de insecticidas que ya son prohibidos o van a ser eliminados en Europa”, señala el periodista francés Martín Boudot. 

En el Senado del Brasil fue presentado un proyecto de ley, para crear un mercado privado de aguas. La iniciativa fue puesta a consideración de la ciudadanía, que se manifestó en contra de la propuesta.

“Se ha constatado una situación de desprotección generalizada de los derechos de pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios y recursos (...). El Gobierno del Paraguay debe considerar la actual situación como emergencia”, reza el resumen de su informe elaborado a instancias de la Asamblea General de la ONU.