Brasil: Remoción forzada de ribereños por Belo Monte provoca tragedia social en Altamira

El próximo 13 de junio, no va a realizarse la tradicional fiesta de Santo Antônio, en la Comunidad Santo Antônio, que existía desde la década de 1970, entre la carretera Transamazónica y el río Xingú, en Altamira, en el oeste del Estado de Pará. No existe más la comunidad, una de las primeras en ser disuelta porque quedaba en el camino de la usina de Belo Monte. Las 252 casas fueron demolidas y sus habitantes, agricultores y pescadores que llevaban el modo de vida tradicional de las comunidades rurales de la Amazonia, fueron transferidos a ciudades de la región, lejos del río Xingú. Donde estaba la cancha de fútbol de la comunidad, existe hoy un estacionamiento para los empleados de la Norte Energía y del Consorcio Constructor de Belo Monte.

"La destrucción del modo de vida ribereño y la transformación compulsiva de poblaciones tradicionales, que siempre sacaron su sustento del río y de la tierra, en habitantes desempleados y subempleados en la periferia de Altamira es la prueba definitiva de que las reglas de la licencia de la usina, mayor obra civil promovida por el gobierno federal, no están siendo cumplidas”, afirma la Fiscal de la República Thais Santi. Después de recibir decenas de denuncias de ribereños en la oficina del Ministerio Público Federal (MPF), en Altamira, la fiscal decidió convocar a varias instituciones para realizar una inspección en las áreas afectadas por la usina y ver, personalmente, la tragedia social provocada en la región. La inspección ocurrió los días 1º y 2 de junio y constató la disolución de familias, la destrucción de comunidades tradicionales y la imposibilidad de que los damnificados puedan reconstruir sus vidas después de la remoción.

"No fue sólo que las máquinas llegaran y derribaran las casas, fue la destrucción de nuestros sueños, de los vínculos de amistad. Para la Norte Energía, no existe derecho. Yo miro hacia un lado y no veo más a mi hijo, miro para el otro y no está más mi compadre, miro hacia adelante y no está más el agente de salud, ni el vecino que rezaba”, dijo el pescador Helio Alves da Silva, uno de los habitantes de Santo Antônio, la comunidad disuelta hace tres años. Todos los habitantes perdieron su sustento y no hay más como pescar ni plantar. Helio vive en Altamira, en un barrio muy distante del Centro y vive de changas, como albañil, en las ciudades vecinas.

"Si no hubiese aprendido a ser albañil, estaría pasando hambre. No hay nadie a quien la vida le haya mejorado. Todos estamos impedidos de pescar”. La afirmación de Helio fue repetida por todos los ribereños visitados por el equipo de inspección, que fue coordinado por el MPF, que incluyó a representantes del Ibama (Instituto Brasilero de Medio Ambiente), Funai (Fundación Nacional del Indio), CNDH (Consejo Nacional de Derechos Humanos), ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidade), DPU (Defensoría Pública de la Unión) y DPE (Defensoría Pública del Estado), además de varios investigadores, entre ellos Mauro Almeida, de la Unicamp [Universidad de Campinas, San Pablo], Manoela Carneiro da Cunha, de la USP [Universidad de San Pablo], y Sonia Magalhães, de la UFPA [Universidad Federal de Pará]. El fiscal federal de Derechos del Ciudadano, Aurelio Ríos, vino desde Brasilia y también acompañó la inspección.

Inspección

Durante dos días, los grupos de inspección visitaron 15 islas y márgenes del Xingú, tomando declaración de pescadores y ribereños. También fueron hasta los lugares donde esas personas están siendo removidas y a las áreas donde la empresa dice que hay proyectos de reasentamiento colectivo, pero hasta ahora nada fue construido. La conclusión de la inspección es taxativa: los derechos constitucionales de las poblaciones tradicionales del Xingú están siendo frontalmente violados por la empresa y es necesario readecuar las remociones, para que cumplan con la licencia y el Proyecto Básico Ambiental de Belo Monte, asegurando los derechos de los ribereños.

La violación ya fue reconocida oficialmente por el Ibama en nota técnica enviada a la Norte Energía. "La condición del damnificado no debe ser observada desde el punto de vista únicamente territorial y patrimonialista, sino reconocer también una situación donde prevalece la identificación y el reconocimiento de derechos y de sus detentores, evolucionando significativamente en la amplitud con que se procura asegurar la recomposición, e incluso la mejora, de las condiciones de vida de las poblaciones afectadas”, dice la nota.

Doña María Luiza Moreira es llamada por los vecinos Claudia y vive desde niña en la Isla Moriá, algunos kilómetros río arriba de Altamira. Siempre fue agricultora y pescadora. La isla será inundada por el reservorio de Belo Monte y la Norte Energía fue hasta el lugar a avisar que ella tendría que salir de allá y que su casa sería demolida. Analfabeta y sin ninguna asistencia jurídica, firmó un documento en el que constaban tres opciones de remoción: la indemnización de mejoras, el reasentamiento rural colectivo y el reasentamiento rural individual. Pero a ella sólo le fue dada una opción, la indemnización por mejoras. De acuerdo con la empresa, la isla donde Claudia siempre vivió y pescó no era lugar de vivienda ni trabajo, era sólo de esparcimiento. Por el cultivo, por la casa y por la tierra, recibió R$ 9 mil. Al río Xingú, no tiene más acceso.

Ella fue obligada a trabajar como mucama y lavandera en Altamira, pero no se conforma. Durante la inspección, mostró su lugar y dijo "que sería bueno si me diesen una tierra para que yo pueda llevar la vida que siempre llevé, porque yo nací y fui criada así, donde hay mucha agua”. "Ir de allá a la calle (es así como los ribereños se refieren a la ciudad) ya no me gusta”. En la casa donde la Norte Energía la colocó, en el reasentamiento urbano Jatobá, hay problemas de abastecimiento de agua. Ella relató pasar hasta una semana sin agua. La inspección visitó a doña Claudia el 2 de junio. El día 3, su casa fue demolida por la Norte Energía.

El pescador José Arnaldo da Costa Pereira recibió R$ 24 mil por todo lo que conquistó en una vida de trabajo. Pero no es la cantidad irrisoria que a é le molesta. "Sacan a la gente del sosiego, donde tenemos nuestras plantas de mandioca, nuestras gallinas, donde nacieron y crecieron los hijos para mandarnos a la ciudad y quedarnos en aquel barullo, con ladrones por todos lados. Yo soy pescador y no tengo de donde sacar mi sustento a no ser en el río”, dijo al equipo de inspección.

En la margen llamado Bom Jardim, María Carmina Souza da Silva y Antônio Carlos Souza da Silva viven hace 38 años en un sitio con gallinas, plantas de copoazu, cacao, acerola, naranja, limón. En los cultivos plantan arroz, poroto, maíz, mandioca. En el río pescan piau, matrinchã, curimatã, pescada y pacú. Según la Norte Energía, el sitio va a ser inundado y ellos tendrán que mudarse a la vera de un camino. Como no fueron considerados por la empresa merecedores de una casa, recibieron una indemnización que tuvo que ser dividida entre los hermanos y la parte de cada uno no es suficiente para comprar un terreno.

Vivienda

Además del retiro de la casa y del sustento de los pescadores y ribereños, existen situaciones no reconocidas de doble vivienda, de habitantes de los ríos de la región, que siempre mantuvieron casa en Altamira para resolver cuestiones en la ciudad. Son extractivistas de varios lugares, que fueron obligados a optar entre una casa u otra, a pesar de que ambas son de su propiedad. "Cuando uno le dice a un pescador que él tiene que elegir entre ser rural y ser urbano, uno le está preguntando qué parte él va a elegir, pero implica que sí o sí va a dejar de ser pescador”, dice la procuradora Thais Santi. La casa en la ciudad es parte de las posesiones de las familias ribereñas y es necesaria para comprar equipos públicos, para que los hijos estudien, para la venta de los productos de la tierra y del río.

"El concepto de vivienda aplicado por la Norte Energía está disociado de la realidad de la región. La realidad de la región no fue estudiada, no está siendo respetada y, con esto, se está se privando a las personas de continuar siendo pescadores. ¿Cómo se puede, a un pescador que nació y creció en el río y quiere continuar siendo pescador, darles la opción de vivir en la Transamazónica? No existe ninguna oferta cerca del río”, cuestionó Santi.

"La situación que vimos, de personas humilladas, violadas, afrontadas por el emprendedor convierte a Belo Monte en uno de los peores ejemplos de licenciamiento de hidroeléctricas del país. Las violaciones que constatamos son hasta más graves que en usinas realizadas durante la dictadura militar. No se puede destruir el modo de vida de poblaciones tradicionales, eliminar tradiciones, conocimiento tradicional y el sustento de esas personas”, dijo el fiscal Felicio Pontes Jr, que también participó de la inspección.

El resultado fue presentado el 3 de junio a la Norte Energía en reunión con el superintendente de asuntos fundiarios de la empresa, Arlindo Miranda. "Nuestra sugerencia es debatir siempre, siempre que no interfiera la autonomía de la empresa. Existen los intereses de los accionistas, entonces, no tenemos autonomía para tomar determinados compromisos”, dijo. Un informe consolidado de la inspección va a ser enviado a los órganos del gobierno responsables de la usina antes de la semana que viene. Mientras la situación no sea corregida, el MPF va a recomendar la suspensión de las remociones de ribereños.

Fuente: ADITAL