Aumenta presión corporativa sobre políticos y científicos chilenos que se oponen a mina de cobre canadiense

El conflicto se centra en un  informe y estudio técnico encargado por el municipio, cuyo objetivo es designar el valle del río Rocín —un ecosistema de gran altitud con glaciares, humedales y especies endémicas— como zona protegida. Los Andes Copper ha tratado de desacreditar tanto el estudio como a los funcionarios que lo respaldan, presentando la oposición como un desafío a sus actividades comerciales y a sus credenciales medioambientales.

Cádiz-Véliz, estudiante de doctorado de la Universidad de Concepción, afirma que la investigación es puramente científica. “Lo único que estamos haciendo es investigación científica”, dice él biólogo. “Mientras más estudiamos la cordillera de Putaendo, más evidente se vuelve la necesidad de protegerla: estamos descubriendo y describiendo nuevas especies para la ciencia, que podrían desaparecer si llegara a instalarse el proyecto minero Vizcachitas. Al parecer, hacer ciencia puede convertirse en un obstáculo para estos proyectos, porque mientras más se conoce sobre los territorios que pretenden intervenir, más información queda disponible en contra de sus iniciativas”.

El emblemático proyecto Vizcachitas de Los Andes Copper se ha promocionado como “la próxima gran mina de cobre de Chile” y se ha presentado como una contribución a la « transición verde» y a la lucha contra el  cambio climático. Se prevé que la mina tenga una vida útil inicial de 26 años y produzca cientos de miles de toneladas de cobre al año, junto con cantidades significativas de molibdeno y plata. Las declaraciones de la empresa describen Vizcachitas como un activo de “nivel 1” en el cinturón central de cobre de Chile, capaz de convertirse en una de las minas de cobre más grandes y rentables del país.

Actualmente hay más de 40 empresas mineras canadienses operando en Chile, que operan más de 100 minas y proyectos en todo el país. Las empresas canadienses han estado  activas allí desde principios de la década de 1990, invirtiendo fuertemente en cobre, litio y otros minerales estratégicos como parte de una carrera global más amplia por los recursos vinculados a la transición energética.

El cobre y otros minerales críticos tienen una demanda creciente para tecnologías de energía renovable como turbinas eólicas, paneles solares y vehículos eléctricos. Chile, el  mayor productor de cobre y el segundo mayor productor de litio del mundo, se ha convertido en un nodo central en esta carrera mundial por los recursos, atrayendo la inversión extranjera y situando a las comunidades locales en primera línea de los conflictos extractivos.

Sin embargo, las comunidades afectadas por esta carrera por los minerales críticos siguen oponiéndose firmemente al proyecto, ya que luchan por garantizar la supervivencia de un ecosistema andino único.

En mayo de 2024, la empresa presentó una denuncia contra el municipio de Putaendo, donde el Sr. Quiroz ejerce como alcalde, ante el Tribunal de Contratación Pública de Chile, alegando uso irregular de recursos municipales y adjudicación irregular de contratos. Aunque la denuncia fue  rechazada en julio de este año, Los Andes Copper ha indicado que tiene la intención de apelar la decisión.

La presión para proteger el valle del río Rocín

Las organizaciones medioambientales locales, biólogxs y la municipalidad de Putaendo temen que el proyecto Vizcachitas ponga en grave peligro la biodiversidad, los ecosistemas de alta montaña y los humedales de la región. La zona ecológicamente sensible de la cordillera de los Andes, dentro del valle del río Rocín, en la cuenca del Aconcagua, alberga muchas  especies de flora y fauna endémicas que están en peligro de extinción,  entre ellas el gato andino. El valle es también un área de gran importancia histórica y cultural debido a la presencia de rutas ancestrales utilizadas por los arrieros y los incas en la época precolonial.

Además de su valor ecológico y cultural, existe una gran preocupación local por el aumento de la presión de las actividades mineras sobre una cuenca hidrográfica ya de por sí sometida a estrés hidrológico. Los glaciares rocosos y la cuenca del río Rocín son la única fuente de agua potable de Putaendo. La región ha sufrido una sequía prolongada y grave, y desde 2004 está clasificada como zona de escasez de agua.

El valle de Putaendo tiene una  larga historia de resistencia local a la minería a gran escala. Los residentes, junto con grupos activistas locales como Putaendo Resiste, han impugnado los permisos de perforación y desarrollo del proyecto Vizcachitas, alegando amenazas al acceso al agua potable, la biodiversidad y los frágiles ecosistemas del valle. Las y los miembros de la comunidad también han expresado su preocupación por la insuficiencia de los procesos de consulta pública y de evaluación ambiental, y han presentado apelaciones ante el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile para detener o modificar las aprobaciones del proyecto.

A lo largo de los años, las comunidades de Putaendo se han movilizado para presentar  alternativas comunitarias a la minería a gran escala, entre ellas la  creación de un parque andino en el valle de Putaendo y la declaración oficial de la cuenca del río Rocín como área protegida.

Hace cuatro años, la actual administración municipal de Putaendo comenzó a explorar la mejor manera de proteger la cuenca del río Rocín de las crecientes amenazas de los intereses mineros. Se determinó que la creación de una reserva natural en la cordillera de Putaendo sería la mejor manera de proteger sus ecosistemas y reservas estratégicas de agua, y de mantener las actividades tradicionales ancestrales y las actividades económicas locales, como la agricultura a pequeña escala y el turismo sostenible.

En 2024, el municipio presentó un informe técnico al Ministerio de Medio Ambiente de Chile para que la cuenca del río Rocín fuera declarada Santuario de la Naturaleza. El estudio fue elaborado por un grupo de biólogos, conservacionistas e ingenieros, entre los que se encontraba Cádiz-Véliz. Semanas después de haber sido presentado y recibido el informe por el Ministerio, se aprobó y publicó la nueva Ley SBAP, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y en el que las figuras de protección cambiaron, eliminando la categoría de Santuario. Tras el cambio a la nueva ley, el proyecto se volvió a presentar bajo la categoría de Área de Conservación de Múltiples Usos, pero esta vez teniendo en consideración las nuevas categorías de áreas protegidas del SBAP. 

Desde que el municipio presentó la primera versión del estudio sobre el área protegida el año pasado, Cádiz-Véliz y el alcalde Quiroz se han enfrentado a lo que describen como una campaña de acoso judicial por parte de Los Andes Copper, con repetidas acciones legales destinadas a ralentizar o deslegitimar sus esfuerzos por proteger la cuenca del río Rocín. 

Desde la presentación de la primera versión del estudio el año pasado, el biólogo local Arón Cádiz-Véliz, conocido por su descubrimiento de plantas endémicas en el valle de Putaendo, y el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, quien lideró la iniciativa municipal, se han enfrentado a lo que describen como una campaña de acoso judicial por parte de Los Andes Copper, con repetidas acciones legales destinadas a ralentizar o deslegitimar sus esfuerzos por proteger la cuenca del río Rocín. Su experiencia refleja una  tendencia más amplia en toda América Latina, donde las comunidades y los defensores de la tierra que se oponen a los proyectos canadienses de minerales críticos denuncian que son objeto de una agresiva presión legal y administrativa.

Campaña de desprestigio de Los Andes Copper

Poco después de que el municipio de Putaendo firmara el contrato por el que se encargaba al biólogo Cádiz-Véliz la realización del estudio técnico para la solicitud de área protegida, la empresa minera Vizcahitas Holding, filial de Los Andes Copper, presentó una acción de impugnación contra el alcalde Quiroz y Cádiz-Véliz, alegando uso irregular de recursos municipales y adjudicación irregular de contratos. Según los miembros de la comunidad y las personas que son objeto de estos actos de intimidación, este no es el primer intento: la empresa ha impugnado en repetidas ocasiones los esfuerzos por conseguir la protección de la zona, ya sea como santuario natural o, más recientemente, como área protegida con múltiples usos. En todos los casos, sus denuncias han sido rechazadas por las autoridades competentes, aunque Los Andes Copper ha señalado que tiene intención de seguir presentando recursos.

Según el alcalde, la demanda de Los Andes Copper es el resultado de que "la [empresa] minera se sintió amenazada por la posible declaración de la cuenca del río Rocín como área protegida dados sus intereses mineros en el área".

Cádiz-Véliz señala que tanto la Contraloría Regional de la República como el Tribunal de Contrataciones Públicas fallaron a favor del municipio y del equipo de investigación, confirmando que el informe y los contratos en los que se basaba se llevaron a cabo de conformidad con la ley. Afirma que, desde entonces, ha sido  objeto de difamación en los medios de comunicación locales debido a su participación en el estudio.

“Una de las cosas que menciona [la empresa] es que nuestro informe técnico había sido rechazado por el ministerio, no es así. No fue por un error de nosotros», añade Cádiz-Véliz. Una nueva ley entró en vigor que abolía el concepto de santuario natural y lo sustituía por otras nuevas categorías de áreas protegidas, lo que obligó a volver a presentar el estudio para su aprobación bajo el marco de la nueva ley. 

“Es importante señalar que nuestra solicitud de declaración de Santuario de la Naturaleza fue realizada por la ley vigente, sin embargo, el ministerio no tuvo la voluntad de tramitarlo y esperó a que se aprobara la nueva ley, lo que retrasó el proceso en más de un año”.

Aunque el Tribunal de Contratación Pública declaró « inadmisible» la denuncia contra el municipio de Putaendo, el director ejecutivo de Los Andes Copper, Santiago Montt, ha  declarado que « "[insistirán] con una reposición ante el Tribunal de la Contratación Pública, a fin de que se dejen sin efecto las actuaciones ilegales, arbitrarias y discriminatorias del municipio"».

Según Cádiz-Véliz, no se puede subestimar la importancia ecológica del sitio. “Estamos hablando de un sitio que ha permanecido mucho tiempo sin ninguna investigación, que ahora se está investigando justamente también a partir de este conflicto minero. Muchas especies pueden llegar a desaparecer sin siquiera saber que existían si el proyecto se llega a instalar.

“No puede ser que una empresa minera de cobre que dice ser ecológica y que promueve la minería sostenible no solo se oponga [a una iniciativa de protección de la biodiversidad], sino que además emprenda acciones legales contra quienes la promueven”.

La transición energética intensiva en minerales en América Latina avanza de formas que socavan fundamentalmente los derechos humanos y la naturaleza. La fiebre por los minerales críticos está penetrando profundamente en ecosistemas frágiles, pasando por alto el consentimiento de las comunidades y poniendo en mayor riesgo a los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente.

Como dijo el alcalde Quiroz, las comunidades no solo se resisten a una mina, sino que defienden su futuro.“Nos asiste el derecho y la obligación de proteger el medio ambiente, la montaña, los ríos, los glaciares y por supuesto a las comunidades”.

Fuente: Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA)