Bolivia: pruebas con transgénicos autorizadas violan las normas vigentes: el gobierno actual tiene la obligación de anularlas, por FOBOMADE
En fecha 7 de febrero del presente año solicitamos a la Dirección de Biodiversidad información sobre la realización de pruebas de campo con semillas transgénicas, aprobada al final de la anterior gestión gubernamental
Las mencionadas pruebas fueron autorizadas con absoluta falta de transparencia y menos consulta, a pesar de la vigencia del D.S. 25929 que suspendió la aplicación del Reglamento de Bioseguridad hasta la revisión del mismo. Este Reglamento fue aprobado en 1997.
Para la autorización de las nuevas pruebas, se ha utilizado una arbitraria e incorrecta interpretación del D. S. 25929, a pesar de que el mismo gobierno interpretó el mencionado decreto de manera contrapuesta. En octubre del 2000 la ex Viceministro Neisa Roca comunicó oficialmente (al representante de Monsanto en Bolivia) que las pruebas habían sido suspendidas, ?hasta la emisión del informe final en el que se establecerán las recomendaciones sobre las complementaciones a los reglamentos de acceso a recursos genéticos y Bioseguridad? (MDSP_VMARNF No 3088/2000), lo cuál no ha sucedido, es más ni siquiera fue iniciado el mencionado proceso de revisión.
La suspensión del Reglamento de Bioseguridad se debe a que esta norma fue aprobada de manera inconsulta. Ni el sector académico, ni de productores, campesinos, consumidores, ecologistas ni de salud, participó en su elaboración, menos en alguna inexistente discusión. Es importante señalar asimismo que fue promulgado mucho antes del Protocolo de Bioseguridad, acuerdo internacional aprobado en Enero del 2001. Actualmente el Protocolo ha sido ratificado en el país por lo que constituye Ley de la República desde diciembre del 2001.
Es evidente que este complejo marco jurídico requiere de una compatibilización legal, precedida por la definición de una Política sobre Bioseguridad del país, la misma que no puede ser elaborada sin tomar en cuenta a los diferentes sectores directamente involucrados o que pueden ser afectados.
Además de constituir una grave irresponsabilidad con el país, claramente realizada por la presión de la transnacional Monsanto, con la aprobación de las pruebas mencionadas, que constituyen una etapa del proceso para obtener la autorización para la comercialización irrestricta, las autoridades correspondientes han actuado al margen de la ley. Peor aún tomando en cuenta que en el país han sido reportadas variedades nativas de algodón y que el Protocolo de Bioseguridad pone especial énfasis en la importancia crucial que tienen los centros de origen y los centros de diversidad genética y en la reducida capacidad de muchos países, en especial los países en desarrollo, para controlar la naturaleza y la magnitud de los riesgos conocidos y potenciales derivados de los organismos vivos modificados.
Corresponde a la actual gestión corregir las resoluciones ministeriales No 23 y 24 del 2002, anulándolas y ordenando la destrucción inmediata del material utilizado.
El Principio de Precaución ha sido ratificado nuevamente cuando el Congreso aprobó la firma del Protocolo de Bioseguridad en noviembre del 2001.
Plataforma Antitransgénicos
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