Colombia: Campesinos detenidos y amenazados por su lucha por la tierra.

En este momento es de suma urgencia exigir al gobierno colombiano que la investigación judicial contra los líderes detenidos de la ACVC se realice sin privarlos de la libertad, según establece la nueva legislación colombiana. Además se debe respetar, proteger y garantizar los derechos de las familias campesinas estableciendo a la mayor brevedad la Zona de Reserva Campesina.

Antecedentes:

Para enfrentar los desplazamientos violentos de comunidades campesinas y la situación de concentración de la tierra que se observa en el país, los/as campesinos/as han desarrollado formas novedodas de organización. La Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC) desarrolla un trabajo político, social y de coordinación en el sector rural de seis municipios del Magdalena Medio e integra los propósitos de la comunidad a través de las juntas de acción comunal, cooperativas, comités pesqueros y otras agrupaciones de trabajadores del campo, en el marco de la defensa integral de los derechos humanos y la lucha por la tierra.

Uno de los instrumentos más importantes que prevee la legislación colombiana para garantizar el acceso a la tierra y proteger las formas de producción campesinas es la creación de Zonas de Reserva Campesinas (ZRC). Para las comunidades campesinas, las ZRC son esenciales para proteger legalmente su territorialidad, la autogestión comunitaria del territorio, la protección de la economía campesina, la realización efectiva de la reforma agraria y la reconstrucción de la agricultura nacional.

Tras llevarse a cabo todos los procedimientos establecidos por las normas legales, incluyendo una audiencia pública con participación masiva, el 10 de diciembre de 2002 el antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) decretó la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra. Esta ZRC es un proceso de desarrollo regional y de defensa integral de los derechos humanos e integra a más de 25 mil campesinos de las áreas rurales de los municipios de Yondó, Remedios, San Pablo y Cantagallo. Sin embargo, en abril del 2003 la ZRC fue suspendida por medio de una resolución, sin que ésta fuera aprobada por la junta directiva del INCORA - tal como lo declararon por escrito los delegados campesinos a esta junta.

Desde entonces, la ACVC ha sufrido numerosos ataques de sectores gubernamentales y de intereses locales que se oponen a la creación de la ZRC. La persecución policial y la judicialización de los dirigentes de la ACVC se han incrementado en los últimos años. Por ejemplo, en abril de 2005 se detuvo al dirigente de la ACVC, Álvaro Manzano, por su supuesta pertenencia a la guerrilla. El Sr. Manzano fue puesto en libertad, detenido nuevamente y finalmente liberado por la falta de pruebas en su contra.

En cuanto a los acontecimientos recientes, el pasado sábado 29 de septiembre de 2007 fueron detenidos en el municipio de Cantagallo (Sur de Bolívar) Andrés Gil, Óscar Duque y Evaristo Mena, dirigentes de la ACVC, quienes se encontraban en una reunión con la comunidad. Ante la oposición de los campesinos, los agentes realizaron disparos al aire. Como motivo de la detención se alegó según nuestros informes el apoyo y la pertenencia a la guerrilla. Así mismo, en la ciudad de Barrancabermeja, fue detenido en su residencia Mario Martínez, directivo de la ACVC. Posteriormente, alrededor de 50 soldados allanaron la oficina regional de la asociación reteniendo a las cinco personas que se encontraban en la sede y dejándolas en libertad posteriormente. Además puede haber todavía más detenciones a esperas de conocer el sumario definitivo.

Las detenciones de miembros de la ACVC han tenido lugar sin tener en cuenta la nueva legislación colombiana (Ley 906 de 2004) que plantea la privación de la libertad como último recurso y que, según el principio de favorabilidad, debería haber sido aplicada en este caso.

Por último, en julio de 2007 el gobierno firmó con la ACVC un acuerdo para volver a crear una ZRC, comenzando nuevamente con todo el proceso ya llevado a cabo anteriormente. Este reinicio del proceso no solo va en detrimento de los derechos humanos de los campesinos en cuanto pone en riesgo la seguridad de la tenencia de los territorios que ya habían sido declarados como protegidos, y de los cuales depende su subsistencia, sino que también atenta contra todos los principios de la eficiencia administrativa promulgados por la Constitución Colombiana y el Código Contencioso Administrativo y que son vinculantes para cualquier autoridad administrativa. Más allá la reiniciación del proceso puede considerarse como una medida regresiva respecto de la garantía de los derechos humanos de la comunidad campesina, que pone en peligro la subsistencia de los miembros de la comunidad. Una medida de esta naturaleza es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos que rigen la actividad del estado colombiano de conformidad con la doctrina del bloque de constitucionalidad de la Corte Constitucional Colombiana (Ver: Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU, Observaciones Generales 3 y 9, Sentencia de 2001 entre otras).

Mandato de la Red de Emergencia:

Colombia es Estado Parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales así como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por lo tanto, toda autoridad del Estado tiene que respetar, proteger y garantizar estos derechos a toda su población. El Estado debe adoptar medidas que aseguren el disfrute del derecho a alimentarse dignamente de los campesinos y las campesinas del país. El respeto y la protección de los campesinos y campesinas y sus organizaciones y la garantía de su acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia de la misma por medio de la ZRC son obligaciones del Estado colombiano. En esa medida, debería anularse la suspensión de la ZRC y hacerse efectiva su constitución a la mayor brevedad posible. La investigación judicial contra los miembros detenidos debe realizarse de conformidad con los principios del debido proceso, incluida la presunción de inocencia, sin que ellos sean privados de su libertad.

Fin de la acción: Diciembre 1 de 2007.

Direcciones:

Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 n.7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: 00 57 1-337 5890

Copias a:
Defensoría del Pueblo
Calle 55 No 10-32
Bogotá - Colombia
FAX: +57 1 640 04 91
Email: oc.gro.airosnefed@airosnefed

Humanidad Vigente

Carrera 10 No 15-39 oficina 510
Bogotá – Colombia
Email: oc.ten.bte@tnegivdadinamuh

Informe a FIAN de cualquier respuesta a sus cartas.

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Dr. Álvaro Uribe Vélez
Presidente de la República de Colombia
Carrera 8 n.7-26
Palacio de Nariño
Santafé de Bogotá
Colombia
Fax: 00 57 1-337 5890

Excelentísimo Señor Presidente,

con la presente quiero expresarle mi profunda preocupación por los hechos graves que han ocurrido en la región del Magdalena Medio en contra de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), cuyas actividades siempre se han caracterizado por su legitimidad en defensa de los derechos campesinos.

A finales de septiembre de 2007 fueron detenidos los dirigentes de la ACVC Andrés Gil, Óscar Duque, Evaristo Mena y Mario Martín por su supuesto apoyo y pertenencia a la guerrilla. Detener a la dirigencia de la ACVC justo en el momento en que se reiniciaban negociaciones con el gobierno sobre la constitución de la Zona de Reserva Campesina (ZRC), pone en serio peligro todo el proceso. La ZRC del Valle del Cimitarra había sido creada en diciembre de 2002, pero fue suspendida en el 2003 mediante una resolución que no fue aprobada por la junta directiva del antiguo Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). La ZRC incluye a más de 25 mil campesinos/as en un proceso de desarrollo integral y defensa de los derechos humanos.

Colombia es un estado miembro del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, por tanto, tiene la obligación de garantizar estos derechos a toda su población. El Estado debe adoptar medidas que aseguren el disfrute del derecho a alimentarse dignamente de los campesinos y las campesinas del país. El respeto y la protección de los campesinos y campesinas y sus organizaciones y la garantía de su acceso a la tierra por medio de la ZRC son obligaciones del Estado colombiano.

Como persona que trabaja a nivel internacional por el derecho humano a alimentarse, quisiera solicitar que tome todas las medidas necesarias para:
1) que el curso de la investigación judicial contra los miembros detenidos de ACVC se realice sin que éstos sean privados de su libertad, tal y como lo establece la nueva legislación colombiana (Ley 904 de 2004),
2) anular la suspensión de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del Río Cimitarra y garantizar que los/as campesinos/as organizados/as en la Asociación Campesina del Río Cimitarra (ACVC) puedan desarrollar la ZRC basada en el desarrollo integral y en los derechos humanos,
3) respetar y proteger los derechos de los campesinos de la ZRC y de los integrantes de la ACVC.
Por favor, manténgame informado de las medidas que tome a este respecto.

Atentamente,

La Vía Campesina
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25.10.2007