El Estor: población de Chinebal resiste un nuevo desalojo judicial

Idioma Español
País Guatemala

Al calor del sol abrazador del área sur del municipio de El Estor, Izabal, varios hombres maya Q’eqchi’ de voz firme, con botas de hule y rostros cubiertos, apelaban a la Constitución Política de la República de Guatemala para frenar a las fuerzas de seguridad del Estado que una vez más pretendían desalojarlos de sus hogares. El aparato estatal, nuevamente puso la mirada sobre la comunidad y giró la orden para que Palestina Chinebal desaparezca.

Luego de unos siete intentos fallidos y de una serie de brutales actos de represión que ya dejaron a una persona asesinada y a varias heridas, la nueva orden de desalojo fue firmada a la inmediatez por el juez Aníbal Arteaga de Puerto Barrios, pero la información sobre el asesinato de José Chaman y dos personas más que resultaron heridas durante el desalojo del 31 de octubre del año pasado, no llega.

“Nosotros no venimos de Rusia ni de Alemania, somos indígenas Q’eqchi’, no nos pertenece la tierra por un plano o una certificación, la tierra nos pertenece porque aquí estamos. ¿Qué estamos haciendo con la Constitución, la vamos a seguir violando, seguiremos violando los derechos humanos? Nosotros defendemos la vida, no estamos por dinero”, expresaba uno de los hombres maya Q’eqchi’ frente a cientos de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que fueron desplegados a esa área.

“¿Qué hace la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hacen los medios para que se investigue? Nada, porque están a favor del rico, del dinero. Nosotros como indígenas tenemos derecho al acceso a la tierra como lo dice la constitución”, añadía el campesino.

Los hombres Q’eqchi’ que portaban algunos palos y machetes que utilizan como instrumentos de labranza, pedían comprensión a los agentes de seguridad que estaban provistos de cascos, batones y escudos. “Para poder registrar estas tierras por la vía legal, tendríamos que escarbar a aquellos militares que se apropiaron de las áreas indígenas”, insistían los pobladores.

La policía indicaba que esos palos y machetes eran motivo de delito, además de la protesta y oposición al desalojo, porque era catalogado como “muchedumbre”.

Aunque por un momento oficiales de la PNC comentaron que “el juez emitió la orden, basado en las leyes”, por otro lado les decían que no tenían razón para estar en esas tierras porque “la historia cuenta otra cosa”.

Al anunciar que se suspendería el desalojo, uno de los agentes de la PNC les dijo que tomaran en cuenta que se habían percatado que los pobladores portaban armas de fuego de forma ilegal, portaban machete y algunos estaban apostados con arma de fuego, insinuando que los campesinos estaban preparados para atacarlos.

Según la población, los trabajadores de la empresa de palma Naturaceites los hostigan constantemente, porque dicen que Juan Maegli es quien aparentemente arrenda las tierras a esa empresa y es quien ha solicitado las órdenes de desalojo, representado por el abogado Cristian Henry Ayau diciendo que las tierras le pertenecen a la finca Palestina Chinebal.

En la publicación Valle del Polochic: el poder de dos familias de la Asociación El Observador, Maegli fue presidente de la empresa Cementos Progreso en 1996, en la década de 1970 integró la Asociación de Amigos del País y fue un alto directivo fundador de la Fundación Guatemalteca para la Libertad conjuntamente con Carlos Widmann Lagarde, Roberto Alejos Arzú y Manuel Ayau. Maegli participó en el partido Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y se le vincula como financista de la campaña contrainsurgente de 1970 y 1980.

Fuente: Prensa Comunitaria

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos, Tierra, territorio y bienes comunes

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