España: el gobierno permitirá que se sigan empleando genes de resistencia a antibióticos en cultivos transgénicos

El Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM) está ultimando el Anteproyecto de Ley por el que se regula la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos manipulados genéticamente (OMGs). Este nuevo texto vendría a derogar la vigente normativa establecida en torno a la Ley 15/1994, y se justifica por la necesidad de implementar la Directiva de la Unión Europea 98/81.

En la disposición adicional primera del Anteproyecto se fija el día 31-12-2008 como fecha límite hasta la que se podrán seguir empleando genes de resistencia a antibióticos en los cultivos transgénicos. Estos genes se emplean como "marcadores", es decir como método para diferenciar las células transgénicas de aquellas en que la inserción genética ha fracasado. El problema es que, como viene alertando la Organización Mundial de la Salud, el empleo masivo de antibióticos y, en este caso, de genes de resistencia a los mismos tiene el efecto de lograr que rápidamente las cepas bacterianas sean inmunes a los medicamentos que habitualmente tomamos. En el caso de los cultivos comerciales, ahora mismo en España sólo el maíz, la fecha límite es el 31-12-2004.

Ecologistas en Acción critica duramente la Ley por dejar fuera de regulación actividades muy importantes como el cultivo comercial de semillas transgénicas o el transporte de las mismas y de las cosechas de transgénicos. La ley es tan laxa que incluso llega a dejar en las manos de los propios promotores de la transgenia, sean empresas o instituciones de investigación, el determinar si existe riesgo o no, con el agravante de que si ellos mismos se autoresponden "no" estarían legalmente eximidos incluso de la necesidad de comunicar a la administración el que se está empleando OMGs en alguna actividad. En esta misma línea de dar todo tipo de facilidades a los promotores de actividades transgénicas, el Anteproyecto no prevé; la exigencia de un Plan de Seguimiento en el caso de experimentos de campo con transgénicos.

"Podría parecer que la Ley regula algo, pero un examen más atento permite comprender que realmente lo que se quiere establecer es una ley colador, llena de guiños a las multinacionales y absolutamente minada de lagunas jurídicas" afirma Gregorio Alvaro, portavoz de Ecologistas en Acción, "el riesgo básicamente lo evaluá el propio promotor que, lógicamente tiene a priori el mayor de los interés en aclarar que no pasa nada, si después ni tan siquiera hay seguimiento en algunos casos y la parte más interesante de la información que puedan proporcionar las empresas a la administración tiene carácter, como el Anteproyecto se cuida muy bien de aclarar, confidencial y los ciudadanos no tenemos derecho a conocerla, está claro que la nueva normativa no tiene otro objetivo que el de marear la perdiz".

La organización ecologista llama también la atención por otros aspectos del borrador, como son la propia indefinición del concepto de "riesgo", que no se consideren las posibles sinergias o interacciones entre distintos organismos transgénicos o que los cultivos transgénicos ya existentes no deban someterse ni tan siquiera a esta nueva normativa. Uno de los aspectos que consideran más criticable es que no se siga el "principio de precaución", conforme al cual no debería autorizarse ningún transgénicos hasta que estuviese completamente claro que no comporta riesgo alguno.

Otro de los aspectos que merecen la oposición de Ecologistas en Acción es que las decisiones finales, de autorizar o no, se deje, cuando no en el propio interesado, en un Consejo Interministerial. en el que en principio no se contempla participación ciudadana alguna, y cuyas decisiones sólo pueden ser revisadas por los tribunales de Justicia. "Lo que se pretende con esta nueva Ley es que entre lagunas jurídicas, concesiones de permiso por simple silencio y falta de recurso en vía administrativa, dejar sin tutela efectiva los derechos de los ciudadanos. ¿De qué sirve denunciar, por ejemplo, una experimentación de transgénicos que pongan en peligro la salud si el único modo es iniciar un contencioso que puede perfectamente retrasarse seis o más años?" se pregunta la organización ecologista.

Más información: Gregorio Alvaro
Ecologistas en Accion
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