Ecologistas en Acción

El Plan de Recuperación y Resiliencia ha sido concertado por el Gobierno con los principales grupos de capital del IBEX 35 y sus grandes consultoras, sin transparencia, sin participación social, sin control público ni parlamentario.

El 22 de abril se conmemora el Día de la Tierra mientras la población continúa luchando contra la COVID–19. Una pandemia que está acrecentando las desigualdades en todo el planeta, dentro de una dinámica mundial en la que se siguen produciendo graves impactos climáticos y sobre la biodiversidad. A pesar de las señales inequívocas de que el tiempo para reaccionar se agota, el foco mediático se vuelve a situar en el gobierno estadounidense. El presidente Joe Biden, con la intención de resituarse en la política climática internacional, ha convocado en una cumbre virtual a 40 líderes mundiales, entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez.

Más de 450 organizaciones lanzan una declaración conjunta en la que piden a los gobiernos que paralicen el Acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Los objetivos de este acuerdo van en contra de la acción climática, la protección del medioambiente, la soberanía alimentaria, los derechos humanos y el bienestar animal.

La organización ecologista lanza una página sobre las realidades que hay detrás de la agroindustria de la soja. ‘Los rostros de la soja’ muestra cómo el funcionamiento estructural del sistema agroalimentario es devastador y por qué debe cambiarse.  

Con motivo de la celebración del 8M, Ecologistas en Acción pone de manifiesto que la crisis sanitaria provocada por el coronavirus ha agudizado y acelerado la crisis ecológica, económica, social y de género que la precedían. La organización ecologista propone diez medidas ecofeministas para construir la nueva normalidad encaminada a la sostenibilidad ambiental, justicia social y equidad de género.

El endeble Acuerdo de París (AP) establece que el único mecanismo para limitar el calentamiento global son los compromisos individuales de los países, comunicados en la forma de un documento conocido como NDCs (compromisos determinados nacionales, por sus siglas en inglés). En este camino de París, todos los países firmantes del acuerdo debían de comunicar antes del 31 de diciembre cuáles eran esos compromisos, una comunicación que solo han hecho a tiempo 75 países que apenas representan el 30 % de las emisiones globales. La suma de estas reducciones de gases de efecto invernadero ha sido evaluada a través de un informe de síntesis recientemente publicado, y que muestra con contundencia lo lejos que está la comunidad internacional de cumplir el objetivo del AP de “limitar el incremento de la temperatura global muy por debajo de 2 ºC y perseguir esfuerzos para mantenerlo en 1,5 ºC”.

En su sentencia sobre el denominado ‘caso del siglo’ en Francia, el Tribunal Administrativo de París reconoce la responsabilidad del Estado francés en la crisis climática y considera ilegal que incumpla sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. El Estado es también responsable de «daños ecológicos».

"Las organizaciones, entre ellas Ecologistas en Acción, señalan que la transición prometida no supone ninguna transición, ni ecológica ni social, sino más de lo mismo. Para enfrentar las múltiples emergencias en las que vivimos, estos fondos deben destinarse a fortalecer los servicios públicos, ordenar y planificar una auténtica transición ecológica, garantizar la justicia social, y transitar hacia una economía social y solidaria, feminista y que priorice el bien común en lugar del lucro privado".