Honduras: lo que está en juego en el Bajo Aguán / 'necesitamos una nueva estrategia de desarrollo rural'

Idioma Español
País Honduras

"El grave conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar la seguridad alimentaria de la población."

Grupos fácticos no quieren que se altere el status quo existente

 

Estas últimas semanas han sido de fuerte tensión en el departamento de Colón. Una zona cuya cabecera departamental, Tocoa, fue en su momento bautizada como la "Capital de la Reforma Agraria". Una zona donde compañías transnacionales y terratenientes locales fueron paulatinamente recuperando las tierras que estaban en manos de los campesinos, muchas veces con artimañas legales, corrupción y represión generalizada.

 

Es en esta zona que hoy se juega el futuro, no solamente de miles de familias campesinas desposeidas, sino de la inmensa mayoría del pueblo hondureño.

 

La Lista Informativa "Nicaragua y más" conversó sobre ese tema con Wilfredo Paz, activista social y miembro del Comité Ejecutivo del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP).

 

-¿Qué representa para Honduras el Valle del Aguán y las luchas que aquí se están librando?

 

-Las organizaciones campesinas de esta zona tienen un sistema organizativo y una proyección de su lucha mucho más combativa y efectiva que en el resto del país. Los poderes fácticos que dominan el país están viendo el Valle del Aguán como un foco que no les conviene que siga avanzando, ni extendiendo. Por lo tanto, para estos sectores retrógrados es estratégico vencer a las organizaciones campesinas y al movimiento popular en el Aguán, porque de esa manera estarían asestando un duro golpe a todo el movimiento popular hondureño.

 

-Una lucha estratégica que los grupos hegemónicos y las fuerzas represivas del Estado no pueden perder...

 

-Es estratégico para ellos acabar con esa lucha porque tiene un alto contenido político y necesitan mantener el status quo que existe en el país. La oligarquía no puede ceder, no puede permitir que haya cambios. En este sentido, estos sectores que históricamente conformaban el régimen previo al golpe de Estado y que se han consolidado después del 28 de junio de 2009, están poniendo todas sus cartas en la mesa, afinando estrategias para terminar con el movimiento popular y el movimiento campesino en particular.

 

-Y su mejor arma parece ser la militarización y la represión.

 

-Hay dos tendencias. Una primera tendencia es el discurso vacío, sin contenido, de las instituciones. Porfirio Lobo dice que la solución al conflicto es por la vía pacífica, sin embargo lo que estamos viendo es que hay una segunda tendencia, enlazada con la primera, que privilegia el uso de la fuerza, de las armas, de la represión. Una verdadera declaración de guerra contra el movimiento campesino. De esta manera, queda demostrado que quiénes mandan en el país son los militares, los oligarcas, que imponen sus intereses. No importa si para lograrlo tienen que asesinar, violentar los derechos humanos, ni les importa la imagen internacional que pueda tener nuestro país.

 

-¿El sistema judicial es parte de esta estrategia?

 

-No hay ninguna duda de eso. Los operadores de justicia en esta región se venden al mejor postor y están al servicio de los terratenientes. Al momento de firmar el acta de compromiso entre el Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) y Porfirio Lobo sólo había entre 45 y 50 órdenes de captura contra miembros de las organizaciones campesinas. Han pasado seis meses y ahora hay 350 órdenes de captura. Esto significa que, a la par del diálogo, han buscado la forma para que la negociación fracase y así poder aplicar la que se ha convertido en una versión actualizada de la Doctrina de Seguridad Nacional, de los años 80. Cada acción o demanda que plantee el movimiento campesino y popular es clasificada como "insurgente" y en ésto tienen el firme apoyo de los gobiernos de Estados Unidos y Colombia.

 

-¿Qué sigue después del desalojo de la toma indefinida y de la militarización de la comunidad Guadalupe Carney?

 

-No podíamos arriesgar más vidas, así que hemos decidido optar por un retiro estratégico antes de que llegaran el Ejército y la Policía. Sin embargo, no vamos a parar la lucha. Vamos a salir nuevamente a las calles, porque no vamos a renunciar mientras no se desmilitarice la región del Valle del Aguán, y no se dé respuesta a las demandas de las organizaciones campesinas.

 

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"Necesitamos una nueva estrategia de desarrollo rural"
Entrevista con Gilberto Ríos de FIAN Honduras

por Giorgio Trucchi - Rel-UITA

 

El grave conflicto agrario desencadenado en el Bajo Aguán no se puede resolver sin un cambio estructural del modelo capitalista neoliberal, que concentra la propiedad de la tierra, explota y reprime al campesinado y no se preocupa por garantizar la seguridad alimentaria de la población. Para analizar esta difícil situación, Sirel dialogó con Gilberto Ríos, secretario ejecutivo en Honduras de FIAN Internacional.*

 

-¿Qué pudieron observar en el Bajo Aguán?

 

-Viajamos a la zona con una delegación de casi 90 personas y pudimos constatar la grave situación de pobreza, violencia y violaciones a los derechos humanos que padecen las familias campesinas.

 

Según las organizaciones campesinas hay once conflictos abiertos que han dejado un saldo de entre 30 y 40 campesinos asesinados. Vimos la militarización de la zona, el miedo de la población y la miseria en que vive la gente. Escuchamos las denuncias de violaciones en contra de las mujeres y los atropellos cometidos por los terratenientes. Es una historia que se repite, década tras década. Es la historia de Honduras.

 

-¿Qué pidieron las organizaciones campesinas a la misión que llegó a la zona?

 

-Que se instale un Observatorio de Derechos Humanos Permanente, porque hemos constatado que cuando hay presencia de defensores de derechos humanos disminuye la represión. Estamos analizando la posibilidad de responder a esa demanda, aunque eso implica disponer de recursos importantes en términos económicos y humanos.

 

Además, vamos a profundizar la comunicación con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y con otras instancias internacionales. Necesitamos ir a más con el trabajo de denuncia e incidencia política en los gobiernos y los organismos de financiamiento internacional. Vamos a pedir, por ejemplo, que se suspenda cualquier tipo de apoyo económico al Ejército y la Policía locales. Nuestro trabajo debe ser constante, profundo, con mucha presión. Si no lo logramos, la violación a los derechos humanos puede, incluso, ser peor de la que hay ahora.

 

-El conflicto agrario y las demandas de las organizaciones campesinas tienen raíces profundas...

 

-Los campesinos no salen a las calles por el miedo de ser golpeados o asesinados. Es evidente que si el gobierno no implementa políticas públicas apropiadas, si no se resuelve el problema del acceso a la tierra, de la pobreza extrema, del desempleo, las tomas podrían expandirse al resto del país.

 

En el Bajo Aguán hay una lucha por la supervivencia frente a la voracidad de los terratenientes. Estos sectores se han consolidado después del golpe de Estado y han impulsado en el Congreso un sinnúmero de leyes y medidas nefastas, que se enmarcan en la estrategia plasmada en los documentos "Visión de País 2010-2038" y "Plan de Nación 2010-2022". Privatizan los recursos naturales y los servicios básicos, precarizan el trabajo, anulan las conquistas laborales y sociales, criminalizan la protesta. Estamos presenciando una acumulación acelerada de capital y poder de la oligarquía nacional.

 

-¿Qué escenarios prevés para el futuro?

 

-Tenemos una nueva generación que crece con miedo y desconfianza. Para estos niños, niñas y jóvenes, los militares y policías no garantizan su seguridad, más bien los ven como enemigos porque reprimen, torturan, violan y asesinan. Todo eso da al traste con el tan cacareado discurso de la reconciliación que pregona Porfirio Lobo. En el Valle del Aguán no puede haber reconciliación mientras no se resuelvan todas estas contradicciones, toda esta explotación y miseria.

 

-¿Cómo se enmarca el monocultivo de palma africana en este contexto?

 

-Alrededor de las plantaciones en manos de los grandes terratenientes se han creado grandes cordones de pobreza. Los campesinos asalariados viven en condiciones de gran explotación, sin derechos laborales ni sindicales, sin prestaciones sociales. Sin embargo, no tienen otra alternativa y deben trabajar en las condiciones que impone el terrateniente.

 

No hay ningún interés en invertir en la seguridad alimentaria de la población, y lo que se profundiza es el concepto neoliberal de producir para la exportación e importar alimentos del exterior. Una visión diametralmente opuesta a la de FIAN, que apunta a que el país tenga la capacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación de la población.

 

-¿Cuál podría ser la propuesta para comenzar a cambiar?

 

-El problema es complejo. No es suficiente la redistribución de las tierras, porque en Honduras no existe un modelo de desarrollo que acompañe este proceso de convertir a los campesinos en empresarios por cuenta propia. Necesitamos dar vuelta totalmente al asunto, cambiando las políticas de ajustes estructurales impuestas por el modelo neoliberal. Necesitamos de una nueva estrategia de desarrollo rural que reconozca que el pequeño productor es una fuerza importante para el desarrollo del país.

 

Notas:

 

Galerías Fotográficas: Vida en los asentamientos del Bajo Aguán - Militarización de la comunidad Guadalupe Carney - Desalojo Paso Aguán - Movilización campesina en el Bajo Aguán

 

Fuente: Adital

Temas: Movimientos campesinos, Tierra, territorio y bienes comunes

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