Perú: Relator ONU publica informe sobre derechos de pueblos indígenas frente a industrias extractivas

El informe de 36 páginas agrega que “aún no queda claro el procedimiento de consulta” que se aplicaría en el sector minero y consideró que se debe revisar la postura que no contempla realizar la consulta “antes del otorgamiento de la concesión minera”.

Anaya sostuvo con claridad que “una concesión para eventuales actividades mineras en territorios indígenas si es una decisión susceptible a afectar los derechos de los pueblos indígenas” (párrafo 40).

Consideró sin argumentó la posición que sostiene que la concesión minera por si sola no constituye una “autorización al titular para la realización de actividades mineras de exploración, explotación [o] beneficio de minerales.”

El Relator Especial señala que como resultado de las actividades extractivas en Perú a lo largo de varios años, diversos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos sociales y ambientales devastadores, y sin percibir muchos beneficios de estas actividades.

A raíz de esta situación, ha existido un alto nivel de descontento y de desconfianza entre los pueblos indígenas hacia el Estado y el sector industrial extractivo, lo que ha resultado en numerosos actos de protesta y enfrentamientos.

A pesar de esa experiencias negativas, anota que los pueblos indígenas en Perú no han expresado una posición de rechazo completo a las actividades extractivas, sino que han remarcado la necesidad de que sus derechos sean respetados en este contexto.

James Anaya reconoció que Perú está haciendo esfuerzos importantes para responder a los problemas asociados con la extracción de recursos naturales que afectan a los pueblos indígenas.

Sin embargo, anotó que “se requieren mayores esfuerzos para asegurar que las actividades extractivas se lleven a cabo de forma compatible con los derechos de los pueblos indígenas y por medio de un esfuerzo coordinado y comprensivo para atender las preocupaciones de los pueblos indígenas y la paz social.”

Sobre la ampliación del Lote 88

El Relator Especial reiteró que el Estado peruano debe garantizar que ningún aspecto de la implementación del plan para ampliar las actividades de exploración y extracción de gas natural en el Lote 88 “pudiera poner en peligro al bienestar físico o vulnerar los derechos de los pueblos indígenas que habitan o usan el área”.

El Gobierno debe atender y responder de manera satisfactoria a las preocupaciones e inquietudes expresadas por las organizaciones indígenas y de la sociedad civil en relación con el proyecto Camisea y su expansión.

En tal sentido reiteró establecer una mesa de diálogo, dialogar directamente con AIDESEP y otras organizaciones representativas de los pueblos indígenas de la Amazonía a fin de considerar sus propuestas para fortalecer mecanismos participativos en el monitoreo de las actividades relacionadas al proyecto Camisea y su ampliación.

Instó asimismo al Viceministerio de Interculturalidad para que complete el “estudio social exhaustivo” sobre la situación de la población en aislamiento y contacto inicial que habita la reserva.

Al respecto precisó, que el estudio debe realizarse de manera participativa, “involucrando a los pueblos y las organizaciones indígenas interesadas y expertos en la materia que no son funcionaros del Gobierno”.

Asimismo consideró necesario subsanar la falta de consulta adecuada en relación al proyecto Camisea y su ampliación sobre tierras y territorios indígenas en el Lote 88 para comunidades y grupos dentro de la reserva “que mantienen o han iniciado contacto con la sociedad mayoritaria”.

Agregó que “es recomendable no adelantarse con las actividades de ampliación mientras se realicen las consultas” para asegurar la licencia social para el plan de ampliación del proyecto Camisea en el Lote 88.

Acceda al informe completo con un clic en el siguiente enlace: Informe sobre los derechos de los pueblos indígenas en Perú, en relación con las industrias extractivas (PDF, 36 páginas)

Fuente: Servindi