Pueblos reunidos en la Cumbre Plurinacional por el Agua exigen una ley construida desde las comunidades

El encuentro se desarrolló en un momento crítico por el creciente avance de proyectos extractivos, monocultivos, hidroeléctricas y urbanización desmedida que amenazan las fuentes de agua en Guatemala. Aunque el Estado ha anunciado su intención de elaborar una Ley de Aguas, hasta ahora el proceso carece de avances reales, transparencia y participación vinculante.

Como respuesta, los pueblos organizados alzaron su voz en la Cumbre Plurinacional, exigiendo que la construcción de la ley no se decida entre élites técnicas o intereses empresariales, sino que surja desde los territorios, con base en las prácticas comunitarias, los saberes ancestrales y los derechos colectivos. La Cuarta Cumbre emergió, así como un espacio de diálogo político y espiritual donde los pueblos propusieron una ruta propia hacia la justicia hídrica, reafirmando que el agua es un ser vivo y un bien común, no una mercancía.

Primer día: ceremonia ancestral, ponencias y diálogos colectivos

El primer día de la Cuarta Cumbre se inició con una ceremonia a cargo de guías espirituales de los pueblos originarios. Cada delegación llevó consigo símbolos de su territorio: cántaros, semillas, fotografías y flores como una forma de afirmar su vínculo con el agua y la vida. Estos elementos fueron colocados en el centro ceremonial para dar forma al altar del agua, donde se encendió un fuego sagrado y, con ofrendas y oraciones, se pidió permiso a los elementos naturales, honrando a las fuentes de agua como nacimientos de vida.

Después de la ceremonia ancestral, se dio paso a la presentación de cada delegación territorial que compartió sus expectativas frente al encuentro, así como los desafíos urgentes que enfrentan en sus comunidades.

Desde el altiplano se habló de las sequías y el despojo hídrico; en la Costa Sur, del impacto devastador de la agroindustria sobre los ríos; desde el Oriente, de las tensiones por represas y megaproyectos.

Al tomar la palabra, algunas delegaciones visibilizaron problemáticas históricas no resueltas. Fue el caso de representantes del territorio de Sayaxché, Petén, quienes relataron el ecocidio en el río La Pasión, contaminado en 2015 por desechos de las plantaciones de la palma de aceite, una tragedia socioambiental por la que no han obtenido justicia ni reparación.

También se presentaron ponencias sobre el panorama nacional. Estas marcaron un momento clave del encuentro, un espacio donde representantes de pueblos originarios, organizaciones sociales y centros académicos de Guatemala compartieron análisis, sentires y resistencias. Bajo el lema colectivo de que el agua no es mercancía, sino un ser sagrado, las intervenciones ofrecieron un diagnóstico del país desde los territorios y propusieron caminos posibles para construir una ley de aguas desde y para los pueblos.

Rosa Chávez, poeta maya K’iche’, abrió con un mensaje: “No venimos a pedir agua, venimos a recordar que somos agua”, evocando el vínculo espiritual y ancestral con el agua como ser vivo.

Rosalina Tuyuc, lideresa Kaqchikel, dijo que “el agua tiene memoria” y que su defensa es una forma de sanar colectivamente las heridas del despojo y la violencia histórica.

Mientras, Amy Roca, educadora Kaqchikel y parte de asociación Uk’ux B’e, denunció que las mujeres indígenas son las más afectadas por la falta de agua y las menos escuchadas: “Somos invisibles en las decisiones, aunque el agua atraviesa todo lo que hacemos”.

Durante su participación, Francisco Rocael, del Consejo del Pueblo Maya (CPO) de Jacaltenango, Huehuetenango, insistió que el agua debe ser reconocida como un derecho fundamental, y que una ley sin la voz de los pueblos solo perpetúa el despojo.

Carmela Curup, abogada del Bufete para Pueblos Indígenas, propuso que el agua sea reconocida legalmente como sujeto de derechos. “El agua tiene derecho a fluir, a existir, a no ser contaminada”, expresó, criticando la actual estructura legal que permite concesiones extractivas.

Por su parte, Raúl Ibarra, del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar (URL), compartió estudios que evidencian cómo la deforestación y la expansión agroindustrial deterioran las cuencas hídricas. “No hay salud sin agua limpia. La crisis hídrica es también una crisis de salud pública”, advirtió, proponiendo una gobernanza comunitaria y protección de zonas de recarga de agua.

A media mañana, las voces internacionales ampliaron el horizonte de la cumbre con experiencias clave sobre la lucha por el agua en distintos países.

Víctor Bahamonde, del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medioambiente (Modatima), expuso cómo la privatización del agua en Chile convirtió un derecho vital en propiedad de empresas. “En Chile no hay sequía, hay saqueo”, afirmó. Dijo que, pese a décadas de promesas muchas comunidades aún no tienen acceso al agua. Subrayó que la presión internacional fue clave para lograr reformas y que la articulación entre territorios fortalece la defensa del agua como derecho humano.

Por su parte, Monti Aguirre, de la Red Internacional de Ríos (Colombia / Estados Unidos), cuestionó el principio de “quien contamina, paga”, señalando que permite a las empresas seguir dañando ecosistemas a cambio de multas. Citó el caso de Sudáfrica que reconoció el acceso al agua como un derecho constitucional. Propuso que Guatemala reconozca legalmente a la naturaleza como sujeto de derechos para transformar la gestión hídrica.

Marco Von, de la red Agua para Todos, de México, abordó la narrativa artificial de escasez y explicó cómo la privatización del agua se disfraza en megaproyectos, embotelladoras y servicios municipales privatizados. Habló sobre los principios que deben guiar una ley justa: declarar el agua como ser vivo, prohibir proyectos extractivos, asegurar el derecho comunitario sobre las fuentes y erradicar la impunidad. “Las leyes deben reflejar la cosmovisión de los pueblos”, remarcó.

Asimismo, Edith Kauffer, académica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), México, presentó los avances y limitaciones de la Ley de Aguas Nacionales de su país. Llamó a Guatemala a construir una legislación propia que incorpore participación comunitaria, justicia hídrica y reconocimiento de los sistemas locales de gestión.

Durante la tarde, los asistentes se dividieron en mesas temáticas de trabajo para profundizar en cinco ejes: prioridades en el uso del agua, gestión comunitaria, no privatización, autoridades del agua y financiamiento de proyectos hídricos. En pequeños grupos, más de 250 participantes de distintas edades, géneros y pueblos compartieron sus conocimientos y propuestas, guiados por facilitadores que sistematizaron las discusiones.

Las mujeres y las juventudes tuvieron una voz destacada en estas mesas, planteando soluciones innovadoras y llamando la atención sobre los impactos diferenciados de la crisis del agua. Al concluir la jornada, se realizó una plenaria general donde cada mesa presentó sus conclusiones preliminares. Allí se evidenció un consenso rotundo: el agua debe ser reconocida legalmente como un bien común, un ser vivo y un derecho humano no negociable, priorizando su uso para la vida por encima de cualquier interés comercial.

Al cierre de la primera jornada, se celebró una noche cultural en la que distintos colectivos artísticos ofrecieron presentaciones cargadas de identidad, memoria y resistencia.

Segundo día: movilización política y entrega de demandas

La segunda jornada estuvo marcada por la acción política y la visibilización pública de las demandas. Por la mañana, los participantes se congregaron frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), principalmente en la Plaza de los Derechos Humanos, portando pancartas y entonando consignas. “El agua es un ser vivo y tiene derechos”, se leía en una de las mantas sostenida por autoridades comunitarias, resumiendo el sentir de la Cumbre Plurinacional. En este acto simbólico, decenas de mujeres indígenas con sus trajes multicolores y jóvenes de distintas regiones ocuparon la plaza, sosteniendo carteles que exigían “Agua para los pueblos, no para las empresas” y “No a la privatización del agua”.

Uno de los actos más simbólicos de la jornada fue la caminata performática con una enorme manta azul, extendida desde las gradas de la Corte Suprema de Justicia. Esta tela, que representaba el cauce de un río, serpenteó sobre la multitud como una expresión artística del flujo libre del agua, aludiendo a cómo los ríos en Guatemala han sido desviados, entubados o contaminados por intereses industriales y extractivos.

Durante esta acción, Salvador Quiacain Zac, un dirigente del pueblo Tz’utujil de San Pedro La Laguna, Sololá, tomó la palabra para hablar sobre el significado de este río simbólico y la urgencia de dejar correr libremente las aguas en los territorios. Con voz firme, recordó que el agua está siendo reprimida al igual que los pueblos que la defienden. Se dirigió al Palacio de Justicia, frente al cual se realizaba la actividad, señalándolo como testigo de la exigencia colectiva.

Otra intervención destacada fue la de Américo González, representante de Sayaxché, Petén, quien recordó el prolongado caso del río La Pasión. Denunció que, pese a las pruebas y denuncias formales por el desastre ambiental ocasionado por la industria de palma de aceite en 2015, las autoridades aún no han brindado respuesta. “Hace más de una década entregamos los expedientes y siguen guardados en un cajón. La justicia no ha llegado al pueblo, ni al río”, dijo ante una multitud que respondió con aplausos y consignas exigiendo justicia ambiental.

Luego de las intervenciones frente al Palacio de Justicia se leyó el pronunciamiento oficial de la Cuarta Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua. Este documento, fruto de diálogos territoriales, mesas temáticas y conversatorios entre más de 250 personas de pueblos originarios, juventudes, organizaciones sociales y comités comunitarios de agua, expone con claridad las principales demandas hacia el Estado guatemalteco.

Posteriormente, comenzó la marcha simbólica hacia la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional de la Cultura. Participantes de distintos territorios extendieron una manta azul de varios metros que recorrió las calles del Centro Histórico como un río en movimiento. Esta acción performática representó la lucha por el fluir libre de los ríos, denunciando cómo en la actualidad son desviados, entubados o contaminados.

Una comisión de la Cumbre Plurinacional se dirigió a entregar el pronunciamiento oficial y las conclusiones de las mesas de trabajo a representantes estatales. En un acto protocolario hicieron entrega formal del documento a Patricia Orantes, ministra de Ambiente y Recursos Naturales, instando al Ejecutivo a asumir los compromisos allí plasmados.

Pronunciamiento de la Cumbre

El pronunciamiento recoge las demandas centrales de los pueblos participantes, que exigen que el agua sea reconocida como un bien común, un ser vivo y un derecho humano no negociable. Reafirman que debe priorizar para el consumo humano, la naturaleza y la soberanía alimentaria, por encima de cualquier uso industrial o comercial.

Uno de los ejes principales es el reconocimiento legal de la gestión comunitaria del agua, con base en experiencias exitosas de comités de agua y alcaldías indígenas. Denuncian que estas formas organizativas han sido amenazadas por intentos de cooptación municipal o empresarial, provocando corrupción, desabastecimiento y tarifas injustas.

La Cuarta Cumbre también rechaza categóricamente la privatización del agua, señalando que las concesiones a hidroeléctricas, mineras y empresas embotelladoras constituyen formas de despojo. Estas afectan especialmente a las mujeres, que culturalmente han sostenido el cuidado del agua en los hogares y comunidades.

Se propone la creación de una Autoridad Plurinacional del Agua, administrada desde los territorios y cuencas, integrada por autoridades comunitarias e indígenas, con mecanismos de participación, transparencia y rendición de cuentas.

Además, se exige que los fondos públicos e internacionales para proyectos de agua sean gestionados por las propias comunidades, evitando así prácticas clientelares y corrupción. También se solicita protección legal para las y los defensores del agua, sanciones efectivas para quienes contaminan o acaparan fuentes hídricas, y el respeto al derecho de consulta popular.

Finalmente, el documento apuesta por una ley construida desde lo local, con enfoque espiritual, ancestral, comunitario y con protagonismo de mujeres y juventudes. La visión de los pueblos es clara: el agua no se vende, se defiende.

Participación protagónica de mujeres y juventudes

A lo largo de la Cuarta Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua, las mujeres y juventudes ocuparon un papel central, no solo como participantes, sino como liderazgos activos en la formulación de propuestas y conducción de las actividades.

Desde la apertura espiritual, guiada por abuelas consejeras de distintas comunidades mayas, se evidenció la fuerza ancestral femenina. Durante las ponencias inaugurales, la lideresa indígena Rosalina Tuyuc resaltó que las mujeres han sido históricamente guardianas del agua, responsables de trasladarla a los hogares y de transmitir su valor a las nuevas generaciones.

En las mesas de trabajo, muchas delegadas territoriales visibilizaron problemáticas concretas que las afectan: contaminación de fuentes hídricas que impactan la salud de sus hijos e hijas, acaparamiento de nacimientos que incrementa su carga doméstica y exclusión en los espacios donde se toman decisiones sobre el agua. Como respuesta, propusieron que la futura Autoridad Plurinacional del Agua incluya representación equitativa de mujeres, así como formación técnica especializada para que puedan asumir roles en la gestión de sistemas comunitarios.

También se valoró el conocimiento tradicional que muchas mujeres tienen sobre la recolección de agua de lluvia y la protección de manantiales, planteando que estos saberes deben fortalecerse y reconocerse en los modelos comunitarios de gobernanza. En cuanto a las juventudes, su presencia aportó dinamismo y una mirada a largo plazo. Jóvenes indígenas y mestizos, provenientes de diversas regiones, expresaron su preocupación por la crisis climática y su efecto al acceso al agua.

La Cuarta Cumbre Plurinacional por la Libertad para el Agua no fue solo un espacio de denuncia y articulación, sino un acto de afirmación política y espiritual: los pueblos han hablado con claridad, han compartido sus saberes, expuesto sus heridas y también propuestos caminos.

Fuente: Prensa Comunitaria