Reunión secreta de gobiernos acuerda impulsar el libre comercio de transgénicos en el ALCA; exige Greenpeace que este acuerdo NO invalide el Protocolo de Bioseguridad

"Ni el ALCA ni ningún otro acuerdo comercial debe quedar por encima del convenio mundial conocido como Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, signado en mayo del 2000 por diversas naciones, incluido México, mismo que regulará el movimiento transfronterizo de los Organismos Genéticamente Modificados o transgénicos, a fin de no poner el peligro la gran riqueza biológica de nuestro continente", aseveró Raúl Benet, director de Greenpeace México.

Covantes explicó que de manera paralela a la reunión sostenida, hace 15 días, por ministros y presidentes de nuestro continente en Buenos Aires, se reunió el grupo de trabajo y negociación sobre agricultura, el cual elaboró una propuesta que se pretende incorporar a las negociaciones del ALCA. En lo relativo a transgénicos, la propuesta es liberar el comercio de organismos genéticamente modificados en los 34 países que suscriban el Acuerdo. Esta inaceptable y gravísima pretensión ha sido mantenida prácticamente en secreto; hasta ahora no se han hecho públicas estas negociaciones por parte de los gobiernos participantes.

"La propuesta de un libre comercio de cultivos transgénicos es inaceptable", subrayó Covantes, coordinadora de la campaña de ingeniería genética de Greenpeace México. "Para empezar, infringe el Protocolo de Bioseguridad --un acuerdo internacional legalmente vinculante, creado dentro del marco del Convenio de Diversidad Biológica-- que reconoce el derecho de los Estados a decidir si aceptan o no la importación de un organismo transgénico, utilizando el Principio de Precaución como un elemento para la toma de decisiones. Para continuar, se trata de una propuesta totalmente contraria a lo expresado por organizaciones civiles, académicos, productores y otros sectores sociales preocupados por lo que los OGM pueden representar no sólo para la biodiversidad, sino para las economías y culturas locales".

"México es centro de origen y diversidad de diversos cultivos, particularmente el maíz, y junto con el resto de América Latina es una región de gran riqueza biológica y es la zona de mayor biodiversidad agrícola del planeta. Nos negamos a que se convierta en el patio de cultivo de los productos transgénicos de la industria biotecnologica estadounidense, que ya ha sido rechazada en Japón y la Unión Europea. Es preocupante que después de una ardua discusión de varios años, que cristalizó en un compromiso para proteger a la biodiversidad del planeta de la liberación al ambiente de los transgénicos, ahora el ALCA pretenda eliminar tal compromiso de tajo por los intereses de algunas grandes empresas transnacionales", agregó Covantes.

"A los gobiernos de América Latina les debe quedar claro que Estados Unidos no tiene ningún interés en los asuntos ambientales planetarios. Su preocupación es proteger sus intereses económicos aunque ello implique devastar y afectar los ecosistemas de nuestros países y de Canadá. Por ejemplo, Estados Unidos jamás ha ratificado el Convenio de Diversidad Biológica, signado en Río de Janeiro en 1992; intentó hacer fracasar el Protocolo de Bioseguridad, aunque no tuvo éxito, y como sabemos, ahora está bloqueando la ratificación del Protocolo de Kyoto, sobre cambio climático. Este país sistemáticamente se ha negado a firmar acuerdos internacionales en materia ambiental. Si el resto de nuestro continente se vuelve rehén de este país y los intereses de sus empresas, la situación ambiental global será catastrófica, especialmente para las naciones más pobres. Su argumento para mantener esta política totalmente ajena al bienestar común es que 'se pueden causar serios daños a la economía de los EEUU'", aseveró Benet.

Ese nuevo intento de legitimar la libre comercialización de organismos genéticamente modificados es principalmente instigado por Estados Unidos, seguido de Argentina y Canadá, países que producen 98% de los cultivos transgénicos en el mundo.
Greenpeace exigió a esta nueva administración buscar y defender un modelo distinto de comercio, basado en la justicia social y que permita y estimule los modos de vida sustentables, en vez de extremar las brechas económicas existentes, como ha ocurrido hasta ahora.

"Hacemos un llamado a los gobiernos de Mexico y del resto de América Latina para que no promuevan el comercio a ultranza, sin considerar los impactos que puede tener en poblaciones de millones de seres humanos que viven en la pobreza y que dependen de sus cultivos tradicionales, ni los daños, en muchos casos irreversibles, que puede provocar esta política de absoluto libre mercado sobre el ambiente y los recursos naturales. Justamente, esta política aplicada sin ninguna consideración social ni ambiental fue puesta en marcha por el gobierno mexicano con la firma del Tratado de Libre Comercio y ha significado un mayor empobrecimiento para las comunidades rurales del país, especialmente las que producen maíz y frijol. Esta política ha propiciado la desaparición de una gran cantidad de pequeñas y medianas industrias y una mayor presión sobre los recursos naturales", señaló Covantes.

Ni la propuesta del ALCA ni ninguna otra relativa al libre comercio pueden subordinar el derecho de la ciudadanía a un ambiente limpio, a una alimentación sana para todos y todas, libre de semillas transgénicas, así como otros derechos fundamentales, en aras de satisfacer los requerimientos de una cuantas gigantescas empresas transnacionales empeñadas en ejercer un control total sobre la producción de alimentos del planeta.
Por lo anterior, Greenpeace exige:

• Que las negociaciones en torno del ALCA sean transparentes y abiertas y que se haga efectivo el derecho a la información y la consulta con Naciones Unidas, los congresos nacionales, las asambleas regionales parlamentarias, las organizaciones no gubernamentales, grupos indígenas y otros sectores sociales. Que los comentarios que estos sectores hagan sean tomados en cuenta.
• Respeto al derecho de cada nación a decidir si quiere o no introducir, usar y comercializar OGM. Es decir, demandamos que el instrumento que regule el movimiento transfronterizo, uso, comercialización y manipulación de los OGM sea el Protocolo de Bioseguridad.
• Que el Senado de la República ratifique el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena, en la reunión de mayo sobre este tema que se llevará a cabo en Nairobi.
• Que se respete el derecho de los países a utilizar el Principio Precautorio como instrumento rector en la toma de decisiones relativas a los transgénicos.
• Que se respete el derecho a la indeterminación de los países y estados que se han declarado libres de organismos transgénicos.
• Que antes de suscribir más acuerdos comerciales, los países tomen medidas internas para resarcir los costos ambientales que sus productos y servicios generan.
• Que como parte de un modelo de comercio justo, se promuevan procesos de producción y pautas de consumo sustentables y ambientalmente aceptables.
• Dar a la ciudadanía información clara y transparente sobre los métodos de producción e impacto en el ambiente de los productos que adquiere.

Finalmente, Covantes destacó que si bien por primera vez en una negociación de este tipo está presente una delegación de la Semarnat, ésta participa sólo dentro de un "comité especial no negociador", por lo que Greenpeace hace un llamado enérgico al gobierno de Vicente Fox a dar mucha mayor preponderancia a las cuestiones ambientales y a la participación ciudadana dentro de este tipo de discusiones, en concordancia con lo que ha venido ofreciendo.

Fuente: Greenpeace México