México: políticas oficiales provocan que 50 mil productores dejen el agro cada año

Idioma Español
País México

"Los campesinos tienen que desarrollar técnicas propias: o nadan o se ahogan"

La retirada del Estado de la investigación y el extensionismo ha dejado un vacío que no llenó la iniciativa privada, y la falta de respaldo gubernamental ha dejado en desventaja a los exportadores mexicanos ante los de Estados Unidos. Para el sector agropecuario, el Estado regulador y guardián ha dejado una estela de ejidos abandonados por hombres y mujeres jóvenes ya que se estima que anualmente más de 50 mil productores son expulsados de sus tierras.

Así, el prometido blindaje agropecuario y la anunciada economía espejo con Estados Unidos y Canadá tiene como saldo la exclusión del desarrollo de miles de hombres y mujeres, el incremento de las importaciones de granos, oleaginosas, carne de res y otros productos pecuarios, lo que ha ocasionado la caída de los precios, pero no así la de los costos de producción.

Frente a la decisión gubernamental de gastar lo menos posible en el campo y mantenerlo marginado del desarrollo económico, 74 por ciento de los campesinos han recurrido a la creatividad para diversificar su producción y mantenerse en una actividad que sigue perdiendo utilidades de acuerdo con los análisis macroeconómicos. Muchos de ellos sostienen la agroproducción con las remesas, las cuales se han convertido en la raíz para mantenerlos en sus pueblos y no desaparecer del entorno social. El informe más reciente del Banco de México indica que el monto de recursos que envían los migrantes a sus familias alcanzó, en los primeros nueve meses del año pasado, un máximo histórico de 12 mil 419 millones de dólares.

"El proceso de retiro estatal de la actividad agropecuaria, la eliminación de la política compensatoria y la apertura comercial obligan a los productores agrícolas campesinos y empresarios a generar alternativas propias. No tienen otra vía: o nadan o se ahogan", asienta Juan José Flores Verduzco, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, en su tesis de doctorado Integración económica al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y participación estatal en el sistema de innovación tecnológica en granos y oleaginosas en México.

En la década pasada -según datos recabados por investigadores de las universidades Nacional Autónoma de México, Chapingo, Autónoma Metropolitana y Consejo Nacional Agropecuario- desaparecieron 3 millones 700 mil productores comerciales con rentabilidad, por lo que sólo quedan 300 mil; quebraron 4 mil 500 de los 15 mil ranchos porcícolas, cerraron 300 de las mil granjas avícolas, el hato ganadero se redujo 30 por ciento, las importaciones de carne aumentaron 113 por ciento para llegar a 307 mil toneladas, lo que representa 40 por ciento del consumo nacional. La rentabilidad de los granos y oleaginosas se fue al suelo y el país se convirtió en uno de los principales importadores de alimentos, por lo que ha gastado 90 mil millones de dólares, monto superior a la deuda pública.

El gasto por las importaciones de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas aumentó casi dos veces, llegó a 460 millones de dólares, ya que la producción nacional de fertilizantes nitrogenados y fosfatados cayó en 2.5 millones de toneladas y la de insecticidas y plaguicidas aumentó sólo 1.1 por ciento, llegando apenas a 37 mil 755 toneladas. Las compras al exterior de maquinaria agrícola presentan una tendencia opuesta a los agroquímicos: en 1994 se importaron 190 mil tractores, trilladoras, arados y rastras de discos, y en 2002 las adquisiciones fueron de sólo 91 mil unidades.
Un amplio número de productores experimenta una regresión tecnológica, usa menos maquinaria, ha reducido las labores agrícolas, utiliza menos fertilizantes y semillas mejoradas debido a su empobrecimiento; su ingreso lo complementan con el Procampo y otros subsidios. Otros recurren a la renta de sus tierras como forma de sobrevivencia -en Sinaloa, el rentismo creció 50 por ciento-, y varios más se van a Estados Unidos en busca de trabajo.

Caída de la población rural

"Los municipios rurales presentan una caída en su población de 20 por ciento; de Matehuala, Villa de Guadalupe y Venegas, San Luis Potosí, salieron cerca de 300 mil migrantes; los municipios de Namiquipa, Buenaventura, Zaragoza, Coyame, Bachínica, Riva Palacio y San Francisco de Borja, Chihuahua, dependen de las remesas. En Baja California, más de 10 mil productores, la mayoría del valle de Santo Domingo, abandonaron sus tierras y se fueron a Los Cabos; en Coahuila la población ha disminuido en los municipios de Abasolo de Ocampo, General Cepeda y Cuatro Ciénegas", ejemplifica Blanca Rubio, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

El tejido social de las comunidades y de las familias rurales está alterándose: cada día más jóvenes y niños buscan trabajo fuera de sus poblaciones para subsidiar a sus padres, hermanos y abuelos; se quedan sin oportunidades de estudio, advierte el diputado Víctor Suárez Carrera, asesor de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, en el campo se concentra casi la mitad del trabajo económico infantil, estimado en casi 400 mil menores, cuya mayoría no percibe ningún sueldo, y quienes lo obtienen reciben menos de medio salario mínimo.

Ese desangre del campo, abunda Suárez Carrera, es resultado de un modelo desigual que han aplicado los gobernantes de manera consciente, lejos de la equidad, de la búsqueda de la integración territorial y de una soberanía alimentaria. "Las acciones gubernamentales, impuestas por las elites norteñas y agroempresariales que tienen su visión e interés en el modelo estadunidense, favorecen las asimetrías regionales internas, la exclusión, las desigualdades que mantienen con programas asistencialistas, muy lejanos de la inversión productiva, y al parecer con la intención de mantener una población manipulable, laxa, débil."

La lógica estatal que ha imperado desde hace dos décadas ha sido mantener una política centrada en la privatización de los organismos estatales orientados al medio rural e importar los alimentos para ahorrarse el gasto y la inversión pública para el fomento rural; esta última disminuyó 96 por ciento durante el periodo 1981-2001 y el gasto se redujo 83 por ciento en el mismo periodo, asienta el investigador de la UNAM, José Luis Calva, en su análisis El agro mexicano frente a la nueva ley agrícola estadunidense y la ronda de liberalizaciones del TLCAN.

"Los resultados del proyecto neoliberal han sido muy diferentes de los proyectados. En valor per cápita, el PIB agropecuario y forestal en 2001 resultó 14.3 por ciento inferior al de 1981; en kilogramos per cápita, la producción de los ocho principales granos fue 22 por ciento menor; la producción per cápita de carnes rojas disminuyó 29 por ciento, la de leche se redujo 8.4 por ciento y la producción forestal maderable en decímetros cúbicos per cápita fue 40 por ciento inferior" en dicho periodo, abunda Calva.

Entre 1982 y 2001 los maiceros perdieron 56.2 por ciento del poder adquisitivo de su grano; los trigueros, 46; los de frijol, 37 y los de soya, 62.4 por ciento; en términos de rentabilidad la pérdida fue todavía mayor: en el caso del maíz alcanzó 62 por ciento, 54 el trigo, 46 el frijol y 68 por ciento la soya. Sin embargo, ese declive no ha llevado a los campesinos a dejar de sembrar maíz y en el país se siguen destinando poco más de 8 millones de hectáreas para la siembra del grano pese a las constantes campañas para desincentivar su producción, pues -como apunta Maximino Luna Flores, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP)- ha sido, es y se cree que seguirá siendo un apoyo seguro para quienes lo siembran tanto en pocas hectáreas como en grandes superficies.

Y en este escenario hay que considerar, abunda el investigador del INIFAP, que la producción de los cultivos hortofrutícolas tiene un límite cercano a 1.6 millones de hectáreas, después del cual los precios de los productos son muy bajos. En el país, profundiza Flavia Echánove Huacuja, en el análisis "La expansión de las hortalizas en los años noventa", publicado en el libro El sector agropecuario mexicano frente al nuevo milenio, se producen más de 70 diferentes hortalizas, pero 13 de ellas han ocupado tradicionalmente 80 por ciento de la superficie cosechada, que se localiza, principalmente, en 13 estados.

Esos no más de 100 mil productores no tienen una crisis similar a la del resto de los agricultores, sin embargo sí enfrentan crecientes costos de producción con ganancias en declive, elevado nivel de financiamiento que ha llevado a los medianos y pequeños productores a depender de intermediarios, agroindustrias y otros agentes especuladores; la eficiencia de la actividad está limitada por la falta de inversión en infraestructura hidroagrícola; la retirada del Estado de la investigación y del extensionismo ha dejado un vacío que no llenó la iniciativa privada y la falta de respaldo gubernamental ha dejado en desventaja a los exportadores mexicanos frente a prácticas proteccionistas desleales de Estados Unidos. Y en este panorama, los productores de granos y pecuarios también se enfrentan con otros actores: las grandes empresas como Cargill, Tayson, Bachoco, Pilgrims, Gigante Verde, Birds Eye, entre otros brokers que mediante la agricultura por contrato empiezan a extender su dominio en los valles del campo mexicano.

La Jornada, México, 3-1-05

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