La tierra, el campo y las mujeres que Costa Rica no quiere ver

Hay una Costa Rica rural que pocas veces aparece en los discursos oficiales. No es la de las grandes cifras de exportación ni la de los monocultivos que ocupan extensas superficies. Es la de las pequeñas parcelas, las huertas familiares, las semillas criollas, los conocimientos transmitidos entre generaciones y las mujeres que, pese a todo, continúan produciendo alimentos y sosteniendo comunidades.

Esa Costa Rica tiene una voz. Una de ellas es la Red de Mujeres Rurales, que acaba de cumplir 20 años de organización.

Su historia permite mirar de frente una realidad incómoda: en el campo costarricense, la desigualdad no se limita a quién tiene más o menos ingresos. También se expresa en quién posee la tierra, quién puede decidir sobre ella, quién tiene acceso a los recursos productivos y quién es reconocido por las instituciones como interlocutor válido.

La Red nació en 2006, en el contexto de la lucha contra el Tratado de Libre Comercio. Mujeres de distintas regiones descubrieron entonces que, aunque sus realidades fueran diferentes, compartían problemas y aspiraciones.

Estaban dispersas en comunidades campesinas, territorios indígenas y otras zonas rurales, pero carecían de una articulación nacional que les permitiera hacer escuchar su propia voz. Veinte años después, esa necesidad no ha desaparecido.

¿De quién es la tierra?

Esta es probablemente una de las preguntas más importantes que plantea la experiencia de la Red. Las mujeres trabajan la tierra, participan en procesos de recuperación territorial, producen alimentos y defienden los bienes comunes.

Sin embargo, muchas veces la tierra continúa registrada a nombre de esposos, padres u otros hombres. Sin título de propiedad, además, se reducen sus posibilidades de acceder al crédito, pues no cuentan con un bien que puedan ofrecer como garantía.

La contradicción es evidente: una mujer puede saber cultivar una parcela, sostener una familia con lo que produce y defender un territorio, pero no necesariamente tener la posibilidad jurídica y económica de decidir sobre esa tierra.

Y el problema no termina cuando la mujer aparece como propietaria. En la entrevista realizada en Radio Universidad, Fanny Reyes señaló que incluso cuando una mujer es propietaria, en algunos casos son los hombres quienes terminan tomando las decisiones sobre la tierra. Esto demuestra que el problema no es solamente de títulos de propiedad. Es también de poder de decisión.

La propia Red ha identificado la desigualdad en el acceso a la tierra como una de sus luchas centrales. Y no es casual que en 2025 se promulgara la Ley 10.724, orientada precisamente a facilitar el acceso, uso y control de la tierra por parte de las mujeres rurales. Sin embargo, sus integrantes denunciaron que, ante la falta de reglamentación, tuvieron que acudir a la Sala Constitucional.

Una ley que reconoce un derecho pero que permanece sin los mecanismos necesarios para hacerlo efectivo corre el riesgo de convertirse en una declaración de buenas intenciones.

Cuando producir alimentos deja de ser una prioridad

La segunda pregunta es todavía más amplia: ¿qué lugar ocupa la producción campesina en el modelo rural costarricense?

Las integrantes de la Red describen un escenario en el que la pequeña producción enfrenta dificultades para sostenerse, mientras los monocultivos adquieren mayor presencia.

Fanny Reyes puso como ejemplo la situación de comunidades donde, ante la falta de condiciones para mantener una agricultura campesina sostenible, las personas terminan buscando empleo en monocultivos como la piña.

Según su testimonio, no necesariamente se trata de una elección libre, sino de la consecuencia de la falta de alternativas productivas. Aquí aparece una paradoja que debería preocuparnos como país.

Mientras hablamos de seguridad alimentaria, biodiversidad y sostenibilidad, las condiciones que permiten a muchas familias producir alimentos de manera diversificada se debilitan.

Las mujeres de la Red reivindican precisamente una producción agrodiversa, vinculada con la tierra, las semillas y los conocimientos locales. Su propuesta agroecológica concibe la finca como un sistema donde interactúan árboles, cultivos, suelo, microorganismos y biodiversidad, en lugar de reducir el territorio a una superficie destinada a un único cultivo.

El problema, entonces, no es solamente cuánto se produce. También importa qué se produce, quién lo produce, cómo se produce y quién controla la tierra donde se produce.

Cuando la tierra se concentra y la producción campesina pierde condiciones para sobrevivir, no estamos ante un simple cambio económico. Se transforma también el tejido social de las comunidades, desaparecen conocimientos y se debilita la capacidad de las poblaciones rurales para decidir sobre sus propios territorios.

Las mujeres producen, pero otros deciden

Existe todavía otra contradicción. Las mujeres rurales realizan buena parte de las labores productivas y reproductivas que sostienen a sus familias, pero no siempre están presentes en los espacios donde se toman las decisiones.

La propia historia de la Red surgió, en parte, de esa invisibilización. En muchas organizaciones comunitarias se convocaba al “jefe de familia”, mientras las mujeres quedaban subsumidas dentro de esa figura. Incluso cuando las instituciones comenzaron a utilizar expresiones como “fulano y familia”, ellas continuaban sin ser reconocidas como sujetos con voz propia.

La situación también aparece en la gestión del agua. Las mujeres tienen una responsabilidad cotidiana fundamental en garantizar agua para sus familias, pero su participación en organizaciones administradoras puede verse limitada cuando los derechos están vinculados con la propiedad de los terrenos.

Es una forma de invisibilidad particularmente perversa: se reconoce a las mujeres cuando hay que cuidar, producir o sostener; pero no necesariamente cuando hay que decidir. La Red ha intentado romper precisamente ese patrón.

Sus integrantes han aprendido sobre sus derechos, han identificado las amenazas que afectan a sus comunidades y han construido mecanismos para apoyarse colectivamente. Como expresó una de ellas, “encerradas en la casa no aprendemos nada”. La frase debería ser tomada mucho más en serio de lo que parece.

Porque salir de la casa, reunirse y organizarse significa también dejar de aceptar que otros hablen en nombre de las mujeres rurales.

Una Costa Rica que no aparece

Durante la celebración de los 20 años de la Red, la filósofa María Laura Stephens la describió como un espacio que muestra “una Costa Rica que no aparece en los medios de comunicación”. La expresión merece atención.

Es la Costa Rica de las familias campesinas que intentan sobrevivir en territorios donde las oportunidades productivas se reducen. La de las mujeres que trabajan la tierra sin ser reconocidas plenamente como productoras. La de quienes defienden semillas que forman parte de la memoria agrícola de sus comunidades. La de quienes necesitan agua limpia, tierra y condiciones para producir sus alimentos.

Y también es la Costa Rica que cuestiona un modelo de desarrollo rural que puede terminar concentrando tierra y recursos mientras reduce las posibilidades de permanencia de la agricultura familiar.

Por eso la historia de la Red de Mujeres Rurales no debería contemplarse únicamente como la historia de una organización de mujeres. Es también una pregunta sobre qué modelo de campo queremos construir.

Uno en el que la tierra se concentre cada vez más y la pequeña producción tenga que sobrevivir en condiciones adversas. O uno en el que la diversidad productiva, el conocimiento campesino, las semillas, la biodiversidad y el acceso equitativo a los recursos formen parte de una política rural de largo plazo.

La Red no ofrece una respuesta abstracta. La ofrece desde la experiencia de quienes viven en esos territorios.

Después de 20 años, sus integrantes siguen diciendo algo que Costa Rica debería escuchar: no basta con reconocer a las mujeres rurales cuando se habla de pobreza, de producción o de seguridad alimentaria. Hay que reconocerlas como sujetas de derechos y como protagonistas de las decisiones sobre la tierra, el agua, las semillas y el territorio.

Porque mientras ellas trabajan la tierra pero otros deciden sobre ella, mientras producen alimentos pero la política pública favorece otros modelos productivos, y mientras sostienen comunidades pero las instituciones continúan tratándolas como acompañantes del “jefe de familia”, la desigualdad rural seguirá teniendo rostro de mujer.

Y ese rostro ya no quiere permanecer invisible.