A propósito de la COP4 de Escazú: ¿qué se discute cuando hablamos de participación?

Hace unas semanas, en Nassau, Bahamas, se realizó la Cuarta Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú (COP4) -el primer tratado regional de América Latina y el Caribe en materia ambiental-. Colombia participó por primera vez como Estado Parte, presentó sus avances respecto de la Ruta Nacional de Implementación y algunos de estos fueron reconocidos como buena práctica regional en materia de participación ambiental. Fue elegida, además, vicepresidenta de la Mesa Directiva del Acuerdo para el período 2026-20281, lo que implica un rol más activo frente al funcionamiento de la Conferencia de las Partes y del Acuerdo en general.

Durante la COP4 se abordaron temas centrales para la implementación del Acuerdo: los registros de emisiones y transferencia de contaminantes, el acceso a la justicia ambiental, los lineamientos para la elaboración de hojas de ruta nacionales, los avances del plan de acción sobre personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, los mecanismos de cooperación con el sistema de Naciones Unidas, entre otros. En particular, nos interesa detenernos en un tema adicional que se abordó relacionado con la participación del público en los procesos de toma de decisiones relativos a proyectos y actividades que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente.

Desde SIEMBRA llevamos años trabajando de la mano con procesos territoriales en los que la distancia entre la participación formal y la participación material frente al desarrollo de proyectos se vive de manera concreta. Nos referimos a la realidad cotidiana de comunidades que participan, cumplen con todos los requisitos para activar los mecanismos existentes -como la consulta popular-, asisten a audiencias, presentan observaciones y, aun así, ven cómo las decisiones, en la práctica, ya estaban tomadas o terminan concretándose después, en un escritorio, mediante procedimientos de los que, en últimas, resultan excluidas.

Nuestra apuesta ha sido siempre el aterrizaje territorial: no solo que los instrumentos internacionales y las normas nacionales se traduzcan en cambios reales en la vida de las comunidades que defienden sus territorios, sino entender qué impide que esos cambios ocurran. No hemos estado en el centro de los debates sobre Escazú; hemos estado acompañando esos procesos desde adentro, incluyendo la construcción del proyecto de ley de democracia ambiental junto con el Movimiento Nacional Ambiental, con propuestas concretas para garantizar la participación en proyectos mineros y de hidrocarburos. Pero Escazú es una apuesta del país, y comprender qué se está discutiendo en ese escenario y cuáles son sus efectos para el debate en Colombia también hace parte de ese aterrizaje.

El Acuerdo es un instrumento valioso, un aliado estratégico y un avance  regional, pero su valor depende enteramente de lo que los Estados hagan con él en los territorios.

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Fuente: SIEMBRA