Alemania impulsa su transición energética con cobre peruano que registra 189 infracciones ambientales

La transición energética de Alemania empieza a más de diez mil kilómetros de Berlín: en el sur del Perú. A tres horas de la frontera con Chile, las carreteras serpentean por la Cordillera Volcánica hasta los proyectos mineros de la región Moquegua que se concentran en el distrito de Torata.

Aquí, cada año se extraen cientos de miles de toneladas de cobre. El metal se envía a Europa, donde es clave para la producción de paneles solares, vehículos eléctricos y centros de datos para inteligencia artificial en Alemania, la tercera economía más grande del mundo, después de China y Estados Unidos. Para construir un solo aerogenerador moderno —dispositivo que utiliza la fuerza del viento para generar electricidad— se necesitan hasta 30 toneladas de cobre.

Para acceder a la zona de extracción de este metal en Torata, se debe pasar dos puntos de control. Las vías públicas están vigiladas por las empresas Anglo American Quellaveco y Southern Perú Copper Corporation, que operan dos tajos. Dos instalaciones que parecen peajes obligan a los vehículos a detenerse. “¿A dónde van?”, pregunta un hombre con casco, lentes de sol y chaleco naranja mientras observa a los ocupantes y registra cada placa.

José Luis Coayla, de 58 años, conoce bien ese procedimiento. El abogado y agricultor nació en el distrito de Torata, en las laderas del valle de Tumilaca. En su terreno, a los pies de las dos minas, cultiva palta, durazno y limón.

Al borde del tajo del proyecto Quellaveco, a 3.500 metros de altura, José Luis Coayla apunta hacia una excavación de más de cuatro kilómetros, operada por la multinacional británica Anglo American. 

“Todo en esta zona ha sido removido. Cuando llueve, los desmontes y relaves, junto con la tierra removida, bajan hacia el valle y contaminan el agua que usamos para las chacras”, afirma. José Luis Coayla exige que Anglo American asuma responsabilidades por los impactos ambientales que, refiere, se han registrado desde el inicio de la extracción de minerales en 2022. 

Incluso antes de que la compañía empezara a remover material del subsuelo, el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam), ya había sancionado a la minera. Desde 2011, Anglo American acumuló 19 infracciones ambientales.

Exportadoras con antecedentes

Lo que ocurre en el proyecto minero Quellaveco no es un caso aislado. Un análisis de datos aduaneros y registros del OEFA, realizado por OjoPúblico, revela que más de la mitad —siete de las trece exportadoras de cobre a Alemania— han sido sancionadas con multas firmes por un total de 189 infracciones ambientales en los últimos quince años.

Entre estas infracciones figuran la falta de mediciones sobre cómo la extracción minera afecta la calidad del aire y del agua en las zonas de explotación; el incumplimiento de medidas de protección prometidas; la ampliación no autorizada de instalaciones y la construcción de diques en áreas protegidas. También se registran casos de desvío de ríos.

La exportadora con más sanciones es Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú, con 68 multas ambientales, seguida de la Compañía Minera Antamina S.A. (36) y Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. (24). En el cuarto lugar figuran Anglo American Quellaveco S.A. y Gold Fields La Cima S.A., ambas con 19 infracciones ambientales..

Estos antecedentes cobran relevancia frente a dos denuncias presentadas ante la Oficina Federal de Economía y Control de Exportaciones de Alemania (BAFA, por sus siglas en alemán), entidad encargada de supervisar el cumplimiento de la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro. Una de ellas, por el cobre que proviene de la mina Quellaveco, operada por Anglo American.

En Europa, Alemania es el mayor importador de cobre peruano, según datos aduaneros analizados por este medio. Entre 2019 y febrero de 2026, adquirió este metal por un valor de USD 3,34 mil millones, siendo superada en ese periodo solo por China, Japón y Corea del Sur.

Según la ley alemana de debida diligencia, las empresas de este país con más de mil empleados no pueden importar productos que, según la normativa, “contaminen el suelo, el agua o el aire, limiten el acceso a agua potable o saneamiento, afecten gravemente la producción de alimentos o pongan en riesgo la salud de las personas”. El incumplimiento puede derivar en multas de hasta el 2% de la facturación anual y un máximo de EUR 8 millones (S/32 millones).
Las dos denuncias, presentadas en noviembre del año pasado en Alemania por ciudadanos peruanos, apuntan a Aurubis AG, el principal importador de cobre peruano en Europa, que opera en Hamburgo la mayor refinería del continente.

Estas denuncias se dan en un contexto en que Alemania busca duplicar su demanda de cobre hacia 2035 en el marco de la transición energética de su economía. Así lo señaló David Schmidt, consejero económico de la Embajada de Alemania en Perú, ante la feria minera Perumin del año pasado, en la que Alemania fue el aliado principal.

Al mismo tiempo, el negocio del cobre atraviesa uno de sus momentos más rentables. El precio internacional del metal superó los USD 14 mil por tonelada en enero de este año, un máximo histórico.

Incluso antes de ese repunte, las empresas del sector ya registraban resultados significativos. Anglo American, cuya mina Quellaveco representa alrededor del 5% de las exportaciones de cobre a Alemania desde 2019, distribuyó USD 200 millones en dividendos a sus accionistas en 2025, según informó la compañía.

Mayores exportadoras de cobre a Alemania

Entre 2019 y febrero de 2026, el 87% de las exportaciones de cobre peruano a Alemania se concentró en cuatro empresas.

El caso Quellaveco

El 5 de marzo, la autoridad alemana BAFA confirmó que, en relación con la denuncia sobre Quellaveco, “daría seguimiento a los hechos expuestos”, según los documentos de ambas denuncias y a las respuestas a las que accedió OjoPúblico.

En la denuncia figura como solicitante Lucio Flores Toledo, presidente de la Federación Agraria y Ambiental de Moquegua y coordinador de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados en la región. El dirigente, de 70 años, contó con el apoyo legal de la ONG Red Muqui y de la organización católica de cooperación internacional Misereor, con sede en Alemania.

Flores Toledo sostiene que el proyecto minero de Anglo American afecta la salud de los habitantes del valle de Tumilaca, así como su acceso a agua potable y la agricultura local.

“Cuando se aprobó el primer estudio ambiental del proyecto, hace 26 años, se ignoraron advertencias, pese a que el área de explotación se encuentra en la cuenca de un río”, afirmó Flores Toledo a este medio.

En el área de explotación fluye el río Asana, que abastece de agua al valle de Tumilaca y a la ciudad de Moquegua. Para evitar que las aguas del río entren en contacto con las actividades de construcción y la operación minera, Anglo American desvió su cauce natural mediante un túnel subterráneo de ocho kilómetros.

Sin embargo, el OEFA registró un deterioro de la calidad del agua tanto antes del ingreso como después de la salida del túnel. De acuerdo con un informe de la autoridad, el desvío también ha alterado el equilibrio hidrológico y ecológico del río, generando riesgos para especies como la rana Telmatobius peruvianus.

En un afluente del Asana se detectaron concentraciones de cobre por encima de los límites permitidos, mientras que río abajo se observó una disminución de insectos acuáticos (macroinvertebrados) y tonalidades verdosas en el agua.

Moquegua es una región desértica: las laderas de las montañas son áridas y solo en torno al río Asana y sus afluentes destacan manchas de vegetación. El río constituye la principal fuente de riego para los campos agrícolas y también de abastecimiento de agua potable para los centros poblados de la zona.

“Las comunidades campesinas en las zonas altas no solo usan el agua contaminada para sus cultivos. También la consumen, porque allí no existe una planta de tratamiento”, señaló el denunciante Flores Toledo.

Un estudio realizado en 2023 por OEFA detectó concentraciones de material particulado fino con cobre en campos de orégano ubicados cerca de la mina. En el mismo informe, la autoridad señala que las concentraciones de cobre y molibdeno en los suelos del sector Piedra Mesa–Alto Tala, donde se ubican áreas de uso agrícola, eran más elevadas en comparación con los valores de una evaluación ambiental preliminar de 2018.

Metales en el cuerpo

Mediciones del agua potable en el valle de Tumilaca, realizadas por la Dirección Regional de Salud de Moquegua (Diresa) a las que accedió OjoPúblico, también registraron valores por encima de los  permitidos para consumo humano de aluminio, hierro, arsénico, manganeso y plomo.

En 2025, la Diresa identificó en el centro poblado El Molino a 41 personas con niveles de arsénico por encima de los valores de referencia, entre ellas 27 niños. Ese mismo año, en el centro poblado de El Común se detectaron 16 casos, incluidos cuatro menores, y en el distrito de Moquegua 12 niños presentaron concentraciones superiores a los límites permitidos.

Mientras continúa la revisión de la denuncia en Alemania, Anglo American recibió en Perú, entre 2019 y 2025, multas por al menos S/ 4,4 millones, según resoluciones del OEFA a las que accedió este medio mediante la Ley de Transparencia.

Una de las sanciones más altas se vinculó a la desviación del río Titire, afluente del río Asana, sin la infraestructura de captación prevista: por este hecho, el OEFA impuso en 2023 una multa de S/ 1,72 millones a la empresa.

Entre las demás infracciones figuran desviaciones constructivas en el túnel, el uso de aguas residuales domésticas sin tratamiento y la falta de coordinación con comunidades, además de deficiencias en el control de aguas contaminadas, la ausencia de medidas de control de erosión, incumplimientos en la conducción de aguas no contaminadas y fallas en el monitoreo.

Cuando las instalaciones de Quellaveco aún se encontraban en construcción, en 2019, el proyecto ya enfrentaba protestas de la población local. Los manifestantes convocaron a una huelga y bloquearon carreteras. Entre quienes participaron en las protestas estaban Lucio Flores Toledo y José Luis Coayla.

Compromisos pendientes

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto minero era que las comunidades y centros poblados cercanos no se benefician de la presencia de la empresa. Según dirigentes locales, la mina genera pocos puestos de trabajo y muchos requieren formación técnica o universitaria. “La mayoría de la gente en el valle de Tumilaca vive de la agricultura y no ha ido a la universidad”, dice Flores Toledo.

En 2012, diez años antes del inicio de la explotación de cobre en Quellaveco, se creó —además de una mesa de diálogo— un comité de monitoreo. En ese espacio, las autoridades locales y Anglo American acordaron 26 compromisos orientados a la protección del ambiente y de la calidad del agua.

Según información de la empresa, hasta la fecha se han implementado ocho de los 26 acuerdos, 14 años después del compromiso inicial. Uno de ellos es la integración de proveedores y trabajadores locales. De acuerdo con Anglo American, el 40% de la fuerza laboral de Quellaveco proviene de la región de Moquegua, aunque no se detalla la cifra exacta.

Otro acuerdo es la construcción de una presa en el río Asana destinada a garantizar el abastecimiento de agua potable y limpia para la población local. Hasta la fecha, este compromiso no se ha cumplido. Anglo American respondió a OjoPúblico que “está impulsando activamente este proyecto y redoblando sus esfuerzos para optimizar los plazos de ejecución.”

En el comité encargado de supervisar la implementación de estos compromisos participa el alcalde de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, John Larry Coayla. OjoPúblico acordó una entrevista con él, pero no se concretó por, según dijo la municipalidad, la recargada agenda de la autoridad local. El alcalde tampoco respondió a las preguntas enviadas por escrito hasta el cierre de esta nota.

A nivel económico, la municipalidad se beneficia de la explotación de minerales en su jurisdicción a través del canon minero, un mecanismo mediante el cual una parte de los impuestos que pagan las mineras al Estado se redistribuye hacia las regiones.

En 2025, Anglo American pagó USD 277 millones en impuestos en Perú, de acuerdo con un informe de la empresa. 

En total, el departamento de Moquegua recibió S/334 millones de canon minero en enero de este año. Con ello, se ubicó como la tercera región más beneficiada, después de Áncash y Arequipa, reportó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Al ser consultada por OjoPúblico sobre los impactos ambientales señalados en la demanda presentada en Alemania contra el proyecto minero Quellaveco, Anglo American afirmó que “no ha afectado la calidad ni la cantidad del agua” ni durante la fase de construcción ni desde el inicio de operaciones en 2022. Asimismo, señaló que sus sistemas de control permiten verificar que sus actividades “no afectan el ecosistema ni a las comunidades”.

La compañía añadió que “ningún estudio realizado por las autoridades” en el río Asana o en el valle de Tumilaca ha determinado la existencia de contaminación del agua “atribuible a Quellaveco.” Respecto a la presencia de metales en pobladores del valle de Tumilaca, Anglo American señaló que “no existe evidencia técnica que vincule la actividad minera” con los valores reportados por la Diresa en los sistemas públicos de agua.

El ingeniero ambiental Bladimir Martínez, de la ONG Red Muqui, lleva años estudiando la actividad cuprífera en Perú. Su organización acompañó a Lucio Flores Toledo en la presentación de su denuncia en Alemania. Anglo American, sostiene Martínez, es el “Tesla de las empresas mineras”: altamente tecnificada, innovadora y reconocida en múltiples ocasiones.

Y, sin embargo, no logra operar la mina Quellaveco sin afectar el ambiente ni el abastecimiento de agua. La desviación del río Asana puede parecer coherente en el papel. En la práctica, explica Martínez, la zona de explotación sigue atravesando una parte subterránea del río.

A ello se suma otro problema: el polvo metálico fino y tóxico. Se genera con las voladuras, el tránsito de los camiones y el procesamiento del mineral. Ese polvo se deposita sobre campos y suelos, el viento lo dispersa y la lluvia podría arrastarlo río abajo, hasta el valle de Tumilaca.

Para Martínez, todo esto remite a una cuestión de fondo: “¿Se permitiría en Alemania que una empresa minera desvíe un río del que depende el consumo de agua de la población?”, plantea. “Siempre se puede decir que las cosas podrían hacerse mejor, pero la pregunta central es si la mina debería estar allí en primer lugar.”

El silencio de Aurubis

Además de la denuncia de Lucio Flores Toledo contra Aurubis, el importador alemán de cobre de Quellaveco, en noviembre pasado se presentó una segunda queja ante la autoridad alemana BAFA. En ella, María Rojas Bruno, de la localidad pesquera de Puerto Huarmey, en Áncash, solicita que la empresa adopte medidas frente a la contaminación de suelos, áreas de pesca y la calidad del aire en la zona.

Según la denuncia, que cita diversos informes del OEFA, estos impactos estarían asociados al puerto privado de la Compañía Minera Antamina, desde donde se embarca cobre hacia mercados internacionales, incluido Hamburgo, con destino a Aurubis, según muestran datos aduaneros.

OjoPúblico envió un listado de preguntas a la minera Antamina sobre sus medidas ambientales, la denuncia en Alemania y posibles efectos de sus operaciones en la salud en Puerto Huarmey. Hasta el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

No solo desde Perú se han presentado denuncias ante la BAFA contra Aurubis; también existen casos en otros países de América Latina. Actualmente, la autoridad revisa expedientes de personas afectadas en México y Panamá, en los que se denuncian impactos ambientales y a la salud durante la extracción de cobre, y se solicitan medidas por parte de la empresa alemana.

El ambiente en la junta de accionistas de Aurubis, celebrada en febrero de este año en Hamburgo, fue, sin embargo, favorable, según relataron los participantes a este medio. La creciente demanda de cobre en un contexto de precios elevados fue destacada positivamente por la dirección de la compañía.

Luca Schiewe, experto de la ONG Facing Finance, no participó en la junta, pero encargó a un participante la lectura de un listado de preguntas en el que también se abordaban las cuatro denuncias procedentes de América Latina.

La respuesta de Aurubis fue la misma que en años anteriores: la empresa se negó a revelar el origen de su cobre, alegando “razones de competencia y confidencialidad contractual”. Ante una consulta de OjoPúblico, la refinadora reiteró esa posición, aunque precisó que en el ejercicio fiscal 2024/25 importó el 13% de sus concentrados de cobre desde Perú, el 17% desde Brasil y el 18% desde Chile.

Sin embargo, datos aduaneros analizados por este medio confirman que Aurubis ha adquirido cobre de Anglo American Quellaveco y de Antamina en los últimos años.

“Llama la atención la persistencia de Aurubis en evitar la transparencia en su cadena de suministro, no solo frente a sus accionistas, sino también ante sus clientes, las empresas europeas que compran productos de cobre”, señaló Schiewe a este medio.

Consultada por OjoPúblico sobre los procedimientos de queja en curso ante la BAFA, Aurubis declinó comentar, pero confirmó que mantiene contacto con la autoridad.

La empresa indicó que forma parte de su “filosofía” que no es “tolerable” procesar materiales vinculados a vulneraciones de derechos humanos. Además, aseguró que, antes de iniciar relaciones con socios comerciales, realiza un proceso de evaluación de riesgos en materia de derechos humanos. Añadió que también se somete varias veces al año a auditorías externas de carácter voluntario.

En la industria alemana existe, no obstante, interés por una mayor transparencia. De hecho, funciona un grupo de trabajo del sector automotriz en el que participan, entre otros, Aurubis y el fabricante de vehículos BMW, que aborda específicamente los impactos del cobre procedente de Perú.

Aún no está claro si el caso incrementará la presión para aplicar la ley alemana de debida diligencia en la cadena de suministro. La normativa no establece un plazo específico dentro del cual la autoridad competente, la BAFA, deba pronunciarse sobre posibles infracciones.

Según fuentes diplomáticas y representantes de la economía alemana, el país europeo busca en el futuro no solo importar cobre, sino también participar en su extracción en Perú mediante la adquisición de acciones en proyectos mineros. Se trataría de un modelo similar al de empresas japonesas como Mitsubishi, que posee el 40% de la mina Quellaveco, operada por Anglo American.

Pero el interés de Alemania por invertir directamente en la actividad extractiva es limitado debido a la incertidumbre política y a la alta rotación de ministros en el Minem durante los últimos años.

En lugar de ello, la atención se concentra cada vez más en el subsuelo alemán. En distintas zonas de este país se evalúa la posibilidad de explotar yacimientos de cobre que permanecen sin desarrollar. Según un estudio del Instituto Federal de Geociencias y Recursos Naturales, en Alemania existirían alrededor de 2,4 millones de toneladas de cobre enterradas. En comparación, las reservas estimadas de Perú alcanzan hasta los 100 millones de toneladas.

En el este de Alemania, en el estado de Turingia, ya se realizaron las primeras perforaciones. La empresa a cargo de la exploración: Anglo American.

Fuente: El Ojo Público