Aranceles por trabajo forzoso, el nuevo engaño de Trump
Después de que el Supremo anulara los anteriores aranceles, EEUU, principal importador de productos vinculados al trabajo forzoso, anuncia un plan para salvaguardar derechos laborales
Estados Unidos acaba de anunciar una nueva imposición de aranceles a 60 economías, en esta ocasión presentados como una acción internacional en materia de derechos laborales. Concretamente, “por no prohibir ni hacer cumplir efectivamente la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso”.
Dan ganas de aplaudir. El trabajo forzoso existe, es una infamia y afecta hoy a unos veintisiete millones de personas en el mundo, según la Organización Internacional del Trabajo. Si la primera potencia del planeta decidiera por fin usar su fuerza comercial para combatirlo parecería sin duda una magnífica noticia. Pero hay varios detalles a tener en cuenta que indican claramente que se trata de un nuevo engaño.
En primer lugar, está el momento en que ha nacido esa preocupación aparentemente humanitaria y honorable: justo a la misma hora (00:01 del viernes 24 de julio de 2026), ni un minuto después, de que caducaran los aranceles que Trump se había visto obligado a establecer “con carácter temporal” después de que el Tribunal Supremo anulara los que impuso por razones de emergencia nacional.
Alrededor de 1,09 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna dentro de Estados Unidos
La indignación moral de la Casa Blanca ante la esclavitud es un envoltorio jurídico nuevo para el mismo paquete, cosido a toda prisa porque el anterior se había roto en los tribunales.
La mejor prueba de que se trata de un nuevo engaño de Estados Unidos es que el trabajo forzoso es allí una auténtica plaga. Si su administración quisiera de verdad penalizarlo y acabar con él, empezaría por combatirlo en su propia casa.
Según el Índice Global de Esclavitud, alrededor de 1,09 millones de personas viven en situación de esclavitud moderna dentro de Estados Unidos, la cifra absoluta más alta de todo el continente americano. Y el propio informe señala que lo que más socava la respuesta del Gobierno estadounidense es el trabajo forzoso impuesto por el Estado en su sistema penitenciario.
Otro estudio de la ACLU y la Universidad de Chicago de 2022 calculó que unos 800.000 de los 1,2 millones de presos trabajan, y que el 76 % de los encuestados declara enfrentarse a castigos –aislamiento, pérdida de visitas familiares o de reducciones de condena– si se niegan. Cobran entre 13 y 52 centavos de dólar por hora –unos 0,11 y 0,44 euros–, con retenciones de hasta un 80 %, o no cobran nada en siete estados, produciendo bienes por valor de al menos 11.000 millones de dólares.
La propia administración estadounidense ofrece datos que muestran la extensión y gravedad del trabajo forzoso en Estados Unidos y lo poco que se hace para eliminarlo.
La primera recomendación del informe de 2025 sobre trata de personas que el Departamento de Estado publica cada año es, precisamente, la necesidad de ampliar la capacidad de investigación del trabajo forzoso dentro del país.
Según un análisis recogido en el propio informe, de los 167 procesos penales federales por trata laboral presentados entre 2000 y 2022, ninguno se dirigió contra ninguna empresa. Y señala que, en todo el año fiscal 2024, el Departamento de Seguridad Nacional tan sólo emitió unaorden de retención de mercancías por sospecha de trabajo forzoso, razón por la cual el informe recomienda emitir más.
Estados Unidos es, con diferencia, el mayor importador del mundo de productos con riesgo de haber sido fabricados con trabajo forzoso
El terreno donde el trabajo forzoso es más probable en Estados Unidos tampoco está vigilado. La Oficina de Fiscalización del Congreso examinó el programa de visados agrícolas H-2A, que ata al trabajador a un empleador concreto, y encontró que, entre 2018 y 2023, el 84 % de las inspecciones detectó vulneraciones de derechos, sobre todo impagos y retenciones de salario; pero que un empleador de ese programa tenía solo un 3 % de probabilidades de ser inspeccionado. Pura impunidad. Algo parecido a lo que ocurre con el trabajo infantil. El Departamento de Trabajo cerró en 2024 más de setecientas investigaciones con infracciones que afectaban a 4.030 menores. El Economic Policy Institute contabiliza que veintiocho estados han presentado proyectos para debilitar las leyes de trabajo infantil desde 2021 y doce los han aprobado.
En enero de 2025, según el mismo informe del Departamento de Estado, el Gobierno suprimió la obligación de que sus agentes buscaran activamente indicios de que un extranjero detenido pudiera ser víctima de un delito y liquidó el programa que protegía de la represalia migratoria a quienes denunciaban abusos laborales; dos meses más tarde, canceló la financiación de la asistencia jurídica a menores no acompañados. Una secuencia de infamia: primero desmontar los mecanismos que permiten identificar a las víctimas de trabajo forzoso en tu propio país y dieciocho meses después gravas al resto del mundo por no identificarlas bien.
Estados Unidos es, con diferencia, el mayor importador del mundo de productos con riesgo de haber sido fabricados con trabajo forzoso: 169.600 millones de dólares al año, más que ningún otro país del G20. Y es una cifra de mínimos, porque el índice solo contabiliza los cinco productos de mayor valor de cada economía. Y frente a ese caudal, el citado informe del Departamento de Estado reconoce que en 2024 las aduanas estadounidenses denegaron la entrada a mercancías por valor de 183 millones de dólares por sospecha de trabajo forzoso, en una proporción de casi uno a mil.
El engaño, en fin, tiene dos guindas más.
La preocupación aparentemente humanitaria se detiene cuando se trata de salvar los muebles de los intereses estratégicos de Estados Unidos. Así, quedan excluidas de los nuevos aranceles las materias primas cuyo encarecimiento podría dejar sin suministro a la industria estadounidense, los productos que podrían provocar perturbaciones en el conjunto de su economía y aquellos que no pueden obtenerse en Estados Unidos en cantidad suficiente o a precios razonables. Dicho más claramente: el trabajo forzoso es intolerable salvo cuando el producto sea imprescindible o barato.
Y lo más curioso de todo es que Estados Unidos se jacta en la nota que anuncia los nuevos aranceles de ser “el único país del mundo” que adopta y aplica efectivamente una prohibición de importar bienes hechos con trabajo forzoso, cuando no ha ratificado el Convenio 29 de la OIT sobre trabajo forzoso.
Todo es mentira. Lo que Washington reprocha a sesenta países es justamente lo que hace Estados Unidos a mucha mayor escala que nadie. Aunque, si su engaño es vil, aún es más indecente el silencio de los demás.
Fuente: ctxt
